La defensora pública Elva Luz Joaquina Silva Ramírez, del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) sede Villa Hayes, consiguió una resolución favorable en un caso vinculado al esquema conocido como “mafia de los pagarés”, asegurando la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada y reafirmando el deber institucional de brindar defensa técnica efectiva.

Gracias a su intervención, se levantó el remate que pesaba sobre los haberes jubilatorios del docente y se logró la devolución del dinero que le había sido despojado injustamente.

El afectado, Carlos V., de 64 años, oriundo de San Alberto, departamento de Alto Paraná, había contraído una deuda de G. 10.725.000 en 2014 cuando aún ejercía la docencia. La deuda estaba prácticamente cancelada mediante descuentos gestionados por la Asociación de Educadores Ovetense, quedando posiblemente una o dos cuotas pendientes.

Sin embargo, la intervención de la Asociación impidió que se completara el pago, y en 2022 se le inició una demanda que terminó en una sentencia de embargo y remate por G. 22.935.200. Como ocurre en la mayoría de los casos de la denominada “mafia de los pagarés”, la víctima no fue notificada del juicio sino hasta que ya se habían ejecutado embargos y remates, en este caso, el 25 de febrero de 2025.

En cumplimiento de sus funciones constitucionales y velando por el debido proceso, la defensora Silva Ramírez asumió la representación del docente en el juicio caratulado “Asociación de Educadores Ovetenses sobre Reconocimiento de Crédito y Cobro de Guaraníes”, radicado ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, con intervención del Juez de Paz interino Abg. Gregorio Ignacio León Martínez.

Tras un análisis exhaustivo del expediente y la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones, la defensora logró que se levantara el embargo sobre los haberes jubilatorios y se ordenara la devolución de todos los montos indebidamente descontados, que ascendieron a G. 15.838.000, entregados mediante un cheque del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Gracias a la actuación oportuna de la defensora pública, se restituyeron los derechos vulnerados del docente, afectado por un esquema irregular que ha perjudicado a numerosos ciudadanos, especialmente jubilados.

Con este resultado, el Ministerio de la Defensa Pública, a través de la labor comprometida de Silva Ramírez, reafirma su misión de garantizar el acceso a la justicia, brindar defensa técnica eficaz y asegurar que los derechos fundamentales de las personas sean plenamente respetados.

Un total de 30.747 expedientes por denuncias de violencia familiar fueron tramitados el año pasado en los Juzgados de Paz de todo el país, según los registros de la Dirección de Estadística Judicial. La cifra refleja la magnitud de situaciones que llegaron al sistema judicial en el marco de las leyes N.º 1600/00 y N.º 5777/16.

En el ámbito penal, los Juzgados Penales de Garantías abrieron 5.463 nuevas causas por violencia familiar, lo que supone un aumento del 6 % respecto a 2024, evidenciando un crecimiento de este tipo de casos.

Por su parte, los Tribunales de Sentencia emitieron 845 fallos definitivos relacionados con hechos de violencia. Como resultado, 200 personas fueron condenadas a prisión, mientras que 178 accedieron a la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, además de otras disposiciones contempladas en la normativa vigente.

En cuanto a feminicidio, durante el periodo analizado se formularon 25 imputaciones, a las que se suman 37 casos por tentativa de feminicidio. Los registros indican que, en la mayoría de los hechos, existía o había existido una relación de pareja entre el acusado y la víctima.

En materia de condenas, 15 personas recibieron penas de entre 16 y 30 años de prisión por feminicidio, mientras que 8 fueron sentenciadas por tentativa.

Los datos fueron recopilados por la Dirección de Estadística Judicial junto con las oficinas estadísticas de las distintas circunscripciones, con base en información del Sistema de Gestión Jurisdiccional y del Archivo de Resoluciones Judiciales, con corte al 21 de enero de 2025. La publicación respeta los principios de presunción de inocencia, confidencialidad y protección de la identidad de las víctimas.

El interno Fernando Ramón González Karjallo, condenado a cinco años de prisión junto a su padre, el conocido usurero Ramón González Karjallo, por delitos de lavado de dinero, comenzó los trámites para evaluar la viabilidad de las salidas transitorias de acuerdo con el Código de Ejecución Penal.

El Juzgado de Ejecución Penal ha señalado audiencia para el 6 de marzo de 2026, a las 10:00 y 11:00 horas, con el objetivo de que González Karjallo mantenga entrevistas con la psicóloga forense y la trabajadora social del tribunal. Los profesionales deberán coordinar la realización de estas entrevistas por medios telemáticos si fuera necesario.

Asimismo, la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza fue instruida para remitir en un plazo de 72 horas un informe técnico criminológico que califique la evolución del interno.

Por otro lado, se ordenó el traslado del interno al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones el lunes 9 de marzo de 2026 a las 08:30 horas, con el fin de realizar un estudio toxicológico. Los resultados deberán ser remitidos en un plazo de 48 horas.

Finalmente, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional fue requerido para enviar el prontuario civil y policial de González Karjallo, como parte de los antecedentes necesarios para la evaluación de su solicitud.

Este procedimiento se realiza mientras el condenado cumple su sentencia por lavado de dinero, un caso que involucró a su padre y generó gran repercusión por los vínculos familiares con actividades financieras ilícitas.

La defensa del legislador Erico Galeano solicitó al Tribunal de Sentencia su absolución, argumentando que el parlamentario no incurrió en ningún hecho punible en el marco del caso que investiga supuestos vínculos del senador con el crimen organizado ya que la fiscalía no logró probar los hechos atribuidos al acusado.

El abogado Ricardo Estigarribia se refirió específicamente a los vuelos que, según la Fiscalía, habrían realizado Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante prófugo uruguayo Sebastián Marset en el avión del legislador. Para la defensa, los registros documentales y las fechas disponibles desmienten las acusaciones del Ministerio Público.

“En ninguno coincide, forma parte del trabajo sesgado del Ministerio Público. Les advierto que lo escrito aquí no coincide con el cuadro, ¿de dónde adquirió la fiscalía esa información para sostener una mentira?”, declaró Estigarribia durante sus alegaciones finale

«El adquirió la propiedad antes de ser parlamentario. No tenía porque declarar. No tiene título por lo tanto no esta a su nombre. No tenía conocimiento de la existencia de un grupo criminal a la hora de la venta. El 14 de octubre del 2020 se vendió a Ramos. Recién el 22 de febrero del 2022 salió a luz el caso A Ultranza. La venta se realizo mediante intermediarios», sostuvo el defensor.

El abogado cuestionó también el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado, junto con la condena de 17 años de cárcel, alegando que existía peligro de obstrucción a la investigación. “¿Qué más lo va a obstruir después de lo que se ha testificado?”, se preguntó Estigarribia, cuestionando la fundamentación del requerimiento fiscal.

El Tribunal de Sentencia deberá evaluar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía antes de emitir un fallo definitivo en el caso, que mantiene en tensión la escena política y judicial del país.

Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en el marco de su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para realizar desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda, ubicada en el complejo Aqua Village, por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.

“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.

El Tribunal de Sentencia está integrado por el magistrado Pablino Barreto, en carácter de presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos, como miembros.