El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, afirmó que la principal garantía que puede ofrecer a la ciudadanía el tiempo que le resta en el máximo tribunal tras ser declarado inamovible hasta los 75 años, es la transparencia absoluta en el ejercicio de sus funciones.

En declaraciones públicas, el magistrado sostuvo que la confianza no puede basarse únicamente en afirmaciones personales sobre su integridad, sino en hechos verificables y criterios objetivos. “Objetivamente, la mejor garantía para la ciudadanía es la transparencia”, expresó, al tiempo de señalar que de poco serviría que él mismo se autodefina como imparcial o como una síntesis de destacados juristas si eso no puede ser constatado por la sociedad.

“Yo les puedo decir que soy imparcial, que soy una mezcla de Zaffaroni, Jordi Ferrer, Vidal Campos, y probablemente no me crean. O los que me quieren me van a creer, mi Mamá, por ejemplo, me va a creer, pero el resto no sé”, reflexionó. A partir de esa premisa, insistió en que la única forma de generar credibilidad es mediante la exposición pública de su trabajo.

Ríos explicó que esa transparencia debe abarcar no solo la cantidad de resoluciones emitidas, sino, sobre todo, el contenido y la fundamentación de cada voto. “Tengo que poder explicar públicamente el cien por ciento de mis votos. Esa es la garantía”, remarcó. Según detalló, esta práctica permite que la ciudadanía, los medios y la comunidad jurídica puedan analizar, cuestionar y criticar sus decisiones con base en argumentos claros.

En ese sentido, indicó que instruye a su equipo de relatores a presentar los proyectos de resolución con el nivel de solidez técnica necesario para que cada decisión pueda sostenerse en el debate público. “No esconder, sobre todo”, enfatizó, al subrayar que incluso si en algún momento no se publicaran estadísticas de gestión, lo esencial es poder justificar cada postura adoptada en los fallos.

Asimismo, aseguró que, en caso de modificar un criterio jurídico previamente asumido, corresponde explicar las razones de ese cambio. Para el ministro, la coherencia no implica rigidez, pero sí exige fundamentación. “Si cambié de criterio, por qué cambié”, puntualizó.

Al ser consultado sobre los riesgos de corrupción cuando un funcionario permanece durante mucho tiempo en un cargo, Ríos reconoció que se trata de un problema histórico vinculado al ejercicio del poder. “Ese es un problema histórico del poder en general”, afirmó, recordando que por esa razón las democracias establecen límites y controles, entre ellos la temporalidad en las funciones públicas.

En ese contexto, admitió que la inamovilidad suele ser cuestionada, precisamente por el temor a la concentración prolongada de poder. No obstante, consideró que el escenario actual presenta una ventaja sustancial: el alto nivel de exposición pública. “Hoy todo es muy transparente, realmente hay mucha transparencia”, señaló.

Para ejemplificar el control social al que están sometidas las autoridades, planteó un caso hipotético: “Si yo, de repente, de aquí a cinco años, ustedes me ven con cuatro aviones de mi propiedad y una caravana de vehículos todos míos, nadie me va a creer. Imposible”. Con esta imagen, buscó destacar que el escrutinio ciudadano actúa como un freno ante eventuales excesos.

El ministro recordó además que su patrimonio está declarado y sujeto a control, y que su trayectoria personal y su origen social son de conocimiento público. “La gente conoce mi origen social, sabe que yo no puedo, en la función pública, hacer un Bill Gates”, expresó, aludiendo a que el enriquecimiento desproporcionado sería incompatible con su historia personal y con los límites propios del servicio público.

En esa línea, insistió en que la transparencia no se limita al contenido de las sentencias, sino que también abarca el manejo patrimonial y la conducta personal. Para Ríos, evitar la ostentación es parte de esa coherencia ética que debe acompañar el desempeño en la Corte Suprema.

“Es importante aclarar eso de no estar siempre en la ostentación, no solamente nosotros como ministros, sino la propia Corte”, sostuvo, al indicar que la imagen institucional también se fortalece mediante la sobriedad y la rendición de cuentas.

De cara a los años que le restan en el cargo, el ministro planteó que su compromiso es mantener esa línea de exposición pública y explicación permanente de sus decisiones. En su visión, la legitimidad no se impone por mandato constitucional ni por la duración del cargo, sino que se construye día a día a través de la transparencia, la fundamentación jurídica y la apertura al escrutinio ciudadano.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inamovilidad del ministro Gustavo Santander Dans, quien permanecerá en el cargo hasta cumplir los 75 años de edad, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada por la Sala integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez. Con este fallo, los nueve ministros del máximo tribunal quedan amparados por la inamovilidad en sus funciones hasta alcanzar el límite etario constitucional.

Santander Dans, quien asumió el cargo en abril de 2023, promovió una acción de certeza constitucional, mecanismo que en los últimos años ha sido utilizado por integrantes de la Corte para reafirmar la vigencia del artículo 261 de la Constitución Nacional. Esta disposición establece que los ministros solo pueden ser removidos mediante juicio político y que cesan en sus funciones al cumplir 75 años.

En declaraciones anteriores, el magistrado había señalado que la presentación buscaba mantener la línea jurisprudencial sostenida por la Corte Suprema, garantizando la permanencia en el cargo hasta el límite de edad previsto en la Carta Magna.

En su escrito, el ministro detalló además su trayectoria de tres décadas en la magistratura. Recordó que ya había obtenido la inamovilidad mediante la Resolución Nº 1272/2007 de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 252 de la Constitución y sus disposiciones finales y transitorias.

El artículo 261 consagra la inamovilidad como un principio esencial para la independencia judicial, al disponer que los ministros solo pueden ser apartados de sus funciones a través de un juicio político. De esta manera, la norma apunta a asegurar estabilidad, autonomía y continuidad institucional dentro del Poder Judicial.

Durante el debate sobre la reglamentación para la designación de ministros superintendentes de las circunscripciones judiciales de la República, el presidente electo de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, defendió la propuesta de acordada y aclaró los principales puntos del mecanismo que se pretende implementar.

En su intervención, explicó que la figura del superintendente cumple una función de apoyo y coordinación dentro del sistema judicial. “El superintendente o la superintendente lo que hacen es facilitar a los colegas, a veces, detalles que llegaron a su conocimiento antes, justamente por esa función”, sostuvo, al remarcar que el rol no implica jerarquía superior sobre los demás ministros, sino una tarea organizativa y de enlace.

Martínez Simón también enfatizó que el texto de la acordada es claro y de sencilla interpretación. “La lectura de esta acordada es corta, es sencilla”, afirmó, al tiempo de precisar que el mandato de los superintendentes será de tres años y que no podrán ser reelegidos.

“Eelegiremos uno de los dos por un año, de modo que va a permitir que el año que viene elijamos ese bloque de diecisiete que van a entrar por un año, por tres años más, y no va a ser reelegible ninguno de ellos”, explicó.

El titular del máximo tribunal insistió en que existe coincidencia en los puntos centrales de la reglamentación: “Coincidimos en que el plazo sea de tres años para todo, coincidimos en que no va a ser reelegible, coincidimos en que es saludable la rotación”. En ese sentido, defendió la alternancia como un mecanismo institucional positivo para fortalecer la gestión y evitar concentraciones prolongadas de funciones.

Asimismo, al referirse a eventuales cuestionamientos sobre antecedentes históricos en la designación de superintendentes, sostuvo que las actuales autoridades no pueden ser responsabilizadas por decisiones adoptadas en otros períodos. “Que en algún momento se haya dado otro perfil es una cuestión histórica, de la cual entiendo yo que ninguno de los que estamos acá podemos hacernos responsables, porque uno es responsable de sus propios actos, pero no de las conductas históricas de otras personas”, expresó.

El debate se desarrolló en el marco del análisis de la normativa que regulará la organización interna de las circunscripciones judiciales, con el objetivo de establecer reglas claras en cuanto a duración de mandato, rotación y límites a la reelección de los ministros superintendentes.