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Muere en prisión Isaías Raúl Torres, condenado a 40 años por crimen “por placer”

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El Ministerio de Justicia informó el fallecimiento de Isaías Raúl Torres, ciudadano argentino de 36 años, quien cumplía una condena de 40 años de prisión en la Penitenciaría Regional de Villarrica por el crimen de Agustín Bogado.

Torres había sido sentenciado a la pena máxima prevista en la legislación paraguaya junto a Gissella Otto, tras un juicio en el que el Tribunal de Sentencia concluyó que el homicidio fue cometido por placer. Otto, su coacusada, falleció en 2018 en la cárcel del Buen Pastor.

De acuerdo con el reporte oficial, el interno sufrió una descompensación en su lugar de reclusión y fue asistido inicialmente por el Servicio de Sanidad Penitenciaria. Según el informe médico, ingresó al área de salud aproximadamente a las 20:10, acompañado por agentes penitenciarios. En ese momento presentaba pulso yugular palpable, aunque débil.

Ante la gravedad del cuadro, el personal sanitario activó de inmediato el protocolo de emergencia y dispuso su traslado urgente al Hospital Regional de Villarrica. Durante el trayecto se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica.

Ya en el centro asistencial, fue evaluado por los médicos de guardia, quienes confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Siguiendo los procedimientos legales establecidos, se notificó a la Fiscalía de turno y al médico forense. El cuerpo quedó depositado en la morgue, a disposición de las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes.

El Ministerio de Justicia no brindó mayores detalles sobre la causa específica del deceso, señalando que la misma será determinada conforme avancen las actuaciones forenses.

Alberto Martínez Simón asume la presidencia de la Corte Suprema tras ajustada votación

El ministro Alberto Martínez Simón fue electo oficialmente como presidente de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener seis votos de sus colegas durante la sesión plenaria en la que se definió la nueva mesa directiva del máximo tribunal del país.

Martínez Simón se impuso en la votación frente a su colega Gustavo Santander, quien también fue propuesto para encabezar la institución, pero no alcanzó los votos necesarios para ocupar la titularidad.

Tras su elección, el nuevo presidente agradeció el respaldo de sus colegas y destacó el compromiso colectivo de los ministros. “Vamos a tener mucho trabajo en común. Sé que al final de cada esfuerzo eleccionario todos apuntamos a lo mismo: la mejor conducción de la justicia”, expresó, subrayando la necesidad de unidad y cooperación en esta nueva etapa institucional.

En la misma jornada se procedió a la elección de las vicepresidencias. El ministro Luis María Benítez Riera fue designado vicepresidente primero, también con seis votos. Por su parte, Gustavo Santander fue electo vicepresidente por unanimidad. El magistrado aclaró que en principio no deseaba integrar la nueva mesa directiva; sin embargo, ante la ausencia de otro candidato para el cargo, decidió asumir la responsabilidad.

Asimismo, el pleno resolvió designar a Benítez Riera como representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, a partir de abril próximo. Como suplente fue nombrada la ministra Carolina Llanes.

En tanto, el ministro Manuel Ramírez Candia fue ratificado como representante de la Corte antre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, en reconocimiento a su desempeño durante el primer período.

Con estas designaciones, la Corte Suprema de Justicia renueva su conducción y representación institucional, marcando el inicio de una nueva etapa que estará enfocada, según señalaron sus integrantes, en fortalecer la administración de justicia y el trabajo coordinado entre sus miembros.

Prisión preventiva para militar imputado en el caso Kanazawa

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El juez penal de garantías de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde, decretó la prisión preventiva del militar Remigio Rubén Llano López, imputado por homicidio doloso y apropiación en el marco de la investigación por el asesinato del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), ingeniero Félix Kanazawa.

La resolución dispone que el procesado cumpla la medida en la penitenciaría militar de Viñas Cue, atendiendo a razones de seguridad institucional y al deber del Estado de garantizar su protección integral. El magistrado señaló que, si bien la causa se tramita en la jurisdicción ordinaria, la condición de militar del imputado amerita condiciones especiales de resguardo, conforme a principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.

En su fundamentación, el juez recordó que toda persona privada de libertad se encuentra bajo la custodia del Estado, lo que implica la obligación jurídica de preservar su integridad física, psíquica y moral, así como su vida y salud. Asimismo, sostuvo que existen suficientes elementos de convicción que vinculan al acusado con el hecho investigado y que se configura peligro de fuga, considerando la gravedad de la pena prevista para los delitos atribuidos.

Según la hipótesis fiscal, Llano habría ultimado a Kanazawa tras una discusión relacionada con el alquiler de una habitación. Posteriormente, habría ocultado el cuerpo y abandonado el vehículo de la víctima.

En la misma causa también fue imputado Óscar Darío Zacarías Maciel por el delito de reducción, tras presuntamente haber adquirido el teléfono celular sustraído a la víctima y utilizarlo para realizar compras y transferencias por un monto aproximado de 52 millones de guaraníes.

Juez devuelve imputación contra Arnoldo Wiens y exige precisión fiscal

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El juez Osmar Legal devolvió la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens en el marco del caso Metrobus, al considerar que los hechos expuestos por el Ministerio Público no están correctamente encuadrados dentro de los tipos penales señalados.

El magistrado dio trámite al artículo 314 del Código Procesal Penal, mecanismo que obliga al fiscal interviniente a ratificarse o rectificarse respecto a la imputación formulada. La decisión no implica el archivo de la causa, pero sí exige una revisión técnica de la calificación jurídica atribuida al exsecretario de Estado.

Según la resolución, existen inconsistencias en la adecuación de los hechos a las figuras penales invocadas, lo que podría generar cuestionamientos posteriores en el proceso si no se corrigen a tiempo. Con esta medida, el juez busca evitar eventuales nulidades o vicios procesales que puedan afectar la solidez de la investigación.

El recurso aplicado es poco usual en la práctica judicial, pero está contemplado en la normativa precisamente como un filtro de legalidad, de hecho, la misma Corte emitió una Acordada que orienta a jueces no admitir los casos que no cuenten con el relato adecuado. Su finalidad es garantizar que la imputación cumpla con los requisitos formales y sustanciales antes de que el proceso avance a etapas posteriores.

Ahora, el Ministerio Público deberá definir si se ratifica en los términos originales de la imputación o si introduce modificaciones para subsanar las observaciones realizadas por el juzgado. La causa Metrobus, uno de los casos más emblemáticos vinculados a la fallida ejecución del proyecto de transporte, continúa así en una etapa de revisión clave que podría marcar el rumbo del proceso.

Giuzzio enfrenta su primer día de juicio oral

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Este miércoles se inició el primer día de juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por su presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius.

El Ministerio Público sostiene que Giuzzio mantenía vínculos con Marcus Vinicius, detenido en Brasil, quien presuntamente buscaba convertirse en proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional. Según la acusación, ese interés comercial habría motivado su acercamiento al entonces titular del Ministerio del Interior.

La Fiscalía acusa a Giuzzio por cohecho pasivo agravado (coima), al considerar que habría recibido favores del presunto narcotraficante. El Ministerio Público afirma contar con “certeza plena” sobre la conducta punible atribuida al exsecretario de Estado.

En parte del escrito acusatorio se señala: “El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio colectado, es posible afirmar que el acusado tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado paraguayo y particularmente con la cartera que él representaba”.

Por su parte, Giuzzio sostiene que las pruebas fueron manipuladas y que se sustrajeron elementos sin orden judicial, además de la presunta apropiación irregular de documentos de su domicilio. Alega que el proceso está plagado de irregularidades.

La agente fiscal que sostiene la acusación del Ministerio Público está a cargo de Verónica Valdez, quien ha solicitado la inclusión de pruebas para estas sean analizadas por el Tribunal de Sentencia.

La defensa técnica del acusado está a cargo de la abogada Gilvi Quiñónez, quien ha sostenido a lo largo del proceso que no existe hecho punible alguno. Argumenta que Marcus Vinicius nunca concretó contrato alguno con el Ministerio del Interior y que Giuzzio tampoco recibió beneficio indebido, señalando que el supuesto préstamo del vehículo fue negado por el propio ciudadano brasileño.

El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso está integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.

Víctor Ríos advierte que una renuncia masiva de operadores podría generar un “profundo impacto” en la justicia

La posible salida masiva de jueces, fiscales y defensores públicos, ante el avance de la reforma de la Caja Fiscal encendió la alarma en la Corte Suprema de Justicia. El ministro Víctor Ríos expresó públicamente su preocupación por las consecuencias que podría acarrear una eventual renuncia colectiva de operadores del sistema judicial.

“Preocupa a la Corte la posible masiva renuncia de los operadores de justicia”, afirmó Ríos al referirse al clima de incertidumbre que se vive en el sector. El ministro recordó que la propia Corte ya había advertido sobre el impacto directo que una situación de esta naturaleza tendría en la prestación del servicio de justicia y, en consecuencia, en la ciudadanía.

Ríos fue enfático al dimensionar el alcance del problema: incluso si solo un 10% de los jueces y fiscales decidiera renunciar, el efecto sería profundo. Explicó que cubrir las vacancias no es un proceso inmediato, ya que implica concursos, designaciones y trámites administrativos que demandan tiempo. A ello se suma que el interinazgo —la cobertura provisoria de cargos— no puede extenderse de manera permanente sin resentir la estabilidad y calidad del servicio.

El ministro subrayó que el sistema judicial requiere continuidad y previsibilidad, por lo que cualquier movimiento abrupto en su estructura humana repercute directamente en la resolución de causas, audiencias y procesos en curso. En ese contexto, reiteró que la preocupación no es corporativa, sino institucional, debido al efecto que tendría en miles de usuarios del sistema de justicia.

Ante este escenario, Ríos indicó que se analizan diversas alternativas para mitigar la problemática que genera inquietud en los altos exponentes del Poder Judicial. Entre las posibilidades mencionadas, recordó que ya existe una propuesta de creación de una Caja Fiscal propia para los operadores de justicia, administrada bajo un modelo similar al de otros países.

Según explicó, la idea sería que los fondos puedan ser gestionados de manera técnica y eficiente, generando rendimientos que permitan multiplicar su valor en el tiempo y garantizar que cada aportante reciba su jubilación en el futuro. Esta opción apunta a brindar mayor previsibilidad y confianza al sector, en medio del debate sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo.

Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, la advertencia del ministro deja en claro la magnitud del riesgo que, a criterio de la Corte, podría enfrentar el sistema judicial si se concreta una salida significativa de sus operadores.

Caja Fiscal: Gremios judiciales inician medida de fuerza para defender derechos adquiridos

Los gremios del sistema de justicia iniciarán desde este miércoles su primera medida de fuerza en rechazo a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

La decisión fue adoptada por todos los gremios vinculados al sistema, quienes buscan abrir espacios de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo, a quienes exigen mayor información y espacios formales, pedido que ya han presentado por escrito.

La medida consistirá en una movilización de 12:00 a 13:00 horas en cada edificio del Poder Judicial y en todas las circunscripciones del país. Con esta acción, los magistrados, fiscales, defensora públicos y funcionarios buscan visibilizar su postura y defender los derechos adquiridos que, según sostienen, deben ser respetados en cualquier modificación del régimen jubilatorio.

Desde los gremios señalan que, hasta el momento, el ministro de Economía, Carlos Valdovinos, no los ha convocado a la reunión solicitada formalmente. Esperan que el encuentro se concrete a la brevedad, a fin de acceder a información detallada y oficial sobre la situación económica real de la Caja Fiscal, elemento que consideran fundamental para analizar con responsabilidad el alcance de la reforma.

Entre los principales reclamos figura la necesidad de contar con datos transparentes sobre el estado financiero del sistema, así como el reconocimiento de la antigüedad acumulada por funcionarios que han desempeñado cargos administrativos no jurisdiccionales dentro del Poder Judicial. Afirman que cualquier modificación que desconozca estos aspectos vulneraría derechos consolidados a lo largo de años de servicio.

Si bien el tratamiento del proyecto se encuentra en pausa hasta marzo, los gremios mantienen reuniones periódicas para evaluar el escenario y coordinar acciones. Advierten que la incertidumbre generada por la reforma podría derivar en una renuncia masiva de operadores de justicia, situación que —según alertan— pondría en riesgo el funcionamiento normal del sistema judicial y podría provocar su colapso.

Con esta primera medida de fuerza, los trabajadores buscan enviar un mensaje claro: están dispuestos a defender sus derechos, pero también abiertos al diálogo, siempre que exista voluntad política real de escuchar sus planteamientos antes de avanzar con una reforma que impactará directamente en su futuro laboral y previsional.

Victor Ríos difunde resultados de su despacho y los desafíos pendientes

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El ministro Víctor Ríos presentó un informe de gestión sobre el desempeño de su despacho durante el último año, en el que detalló el volumen de expedientes tramitados, los niveles de resolución alcanzados y algunos desafíos institucionales que siguen en análisis dentro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Según los datos expuestos, durante el periodo 2025, ingresaron 5.937 expedientes para estudio de admisibilidad, de los cuales fueron resueltos 5.862, lo que representa el 99 % del total. De esta manera, quedaron pendientes 75 expedientes. En cuanto al análisis de fondo de las causas, Ríos explicó que se logró una reducción cercana al 90 % del volumen acumulado, pasando de entre 1.301 y 2.066 expedientes a un remanente de 235.

El ministro subrayó que, a diferencia de otras cortes o salas, en la Sala Constitucional no existe una política predeterminada de rechazar un porcentaje fijo de acciones presentadas. En ese contexto, precisó que del total de acciones promovidas, el 62 % fue rechazado en la etapa inicial, mientras que un 38 % resultó admitido. De estas últimas, el 62 % obtuvo una decisión favorable en el análisis de fondo.

Ríos consideró que estos indicadores reflejan la seriedad de los estudios de admisibilidad realizados, ya que —según explicó— cuando una acción es admitida suele existir una afectación real de derechos constitucionales o convencionales. Asimismo, valoró el trabajo de los abogados y abogadas que litigan ante la Sala Constitucional, destacando la calidad de las presentaciones.

Durante su exposición, el ministro también manifestó su preocupación por la filtración de votos antes de que se emitan decisiones formales, una práctica que calificó como negativa por afectar la transparencia y contaminar el proceso judicial. Señaló que se trata de un problema que requiere un abordaje institucional más amplio dentro de la Corte y que trabajan para limitar al máximo las filtraciones.

Finalmente, Ríos indicó que su despacho prioriza el tratamiento de causas vinculadas a sectores vulnerables, en particular aquellas relacionadas con salud, niñez y personas de la tercera edad, como parte de los criterios de gestión aplicados durante el año evaluado.

En otra parte del informe iremos detallando los demás temas abordados por el ministro Ríos durante una mesa de trabajo con los periodistas del área judicial, una práctica sana de las autoridades como mecanismo de transparencia en la gestión pública.

Wiens afirma que imputación en su contra es una persecución política

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Tras su imputación por presunta lesión de confianza, Arnoldo Wiens habló con los medios de comunicación y afirmó que no existen razones legales para cuestionar su gestión que solo buscó proteger el dinero de la ciudadanía y que sus abogados van a refutar con argumentos legales las afirmaciones del Ministerio Público.

La Fiscalía lo imputa por lesión de confianza por un presuntos perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones tras la demolición de estaciones. El proceso reabre el debate sobre responsabilidades en el fallido proyecto Metrobús.

De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido alcanza G. 14.955 millones. El monto incluye pagos realizados para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), que posteriormente fueron demolidas, así como desembolsos vinculados a trabajos acordados con la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A.

Los fiscales solicitaron medidas alternativas a la prisión mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de seis meses para la recolección de pruebas y la eventual presentación de una acusación formal.

En contraste, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra Martha Benítez, quienes también habían sido investigados en la causa.

Wiens, actual precandidato presidencial dentro del Partido Colorado, rechazó la imputación y sostuvo que las decisiones adoptadas durante su gestión buscaron proteger recursos públicos ante el conflicto contractual con la constructora.

«Hacer lo correcto no debe jamás convertirse en delito. Esto es un nefasto antecedente para los funcionarios que heredan problemas», aseguró.

El Metrobús fue anunciado como uno de los proyectos de transporte más ambiciosos del país, pero quedó paralizado tras conflictos técnicos, financieros y sociales. Las obras inconclusas en la ruta PY02, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, continúan siendo un recordatorio visible del fracaso del emprendimiento.

La imputación reabre la discusión sobre las responsabilidades administrativas y políticas en torno a una obra que no solo impactó en la movilidad urbana, sino que también generó consecuencias económicas que siguen bajo análisis judicial.

La investigación se encuentra a cargo de los fiscales: Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.

Tras el amparo, aparecen datos que no estaban en el expediente

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“El problema no termina cuando el juez firma. Ahí empieza otro”. Con esa definición, la jueza Lici Sánchez describe la parte menos visible de la ola de amparos que Judiciales.net viene exponiendo: el momento en que la orden judicial sale del despacho y entra en el mundo real.

Porque, según su experiencia, es recién entonces cuando comienzan a aparecer datos que no estaban en el expediente.

“Nosotros estamos dando a ciegas los amparos”, afirma. La magistrada explica que al momento de resolver no siempre sabe si el medicamento pedido se comercializa en el país, si tiene autorización de la autoridad sanitaria, cuánto costará ni cuánto tiempo llevará conseguirlo. “Nada de eso me dicen”, subraya. Pero el plazo corre igual. “Tengo que dictar sentencia en cinco días”.

La urgencia procesal empuja la firma. Después llega la etapa que ya no depende del juzgado.

“Eso que era tan urgente va y cae otra vez en un proceso administrativo”, relata. Contrataciones directas, pedidos a laboratorios, verificaciones internas. Trámites que pueden extenderse más de un mes mientras el fallo ya está dictado.

La consecuencia es que el tribunal pierde visibilidad. “Nosotros después no tenemos conocimiento si ese paciente sigue con esa medicación, si sigue en este plano terrenal”, dice.

Sánchez recuerda un episodio que grafica el vacío. El mismo día que debía emitir una resolución, un familiar se acercó para agradecer y comunicar que el beneficiario había fallecido horas antes. “Yo iba a dictar sentencia a favor de una persona que acababa de morir”, cuenta.

La experiencia, repetida en distintos expedientes, refuerza la idea que había planteado en la primera entrega de esta serie: gran parte de la información decisiva surge después, no antes.

Cuando la jueza comenzó a pedir mayores precisiones, se encontró con cifras que la impactaron. “Me dicen que cada pastilla cuesta ciento setenta mil guaraníes y que el frasco trae veintiocho”, ejemplifica. En otros casos, advierte, se trata de productos que ni siquiera están disponibles localmente y deben importarse.

“Si tengo que traer de Gran Bretaña, yo pregunto: ¿está autorizado o no?”, plantea. Y vuelve a remarcar que esa respuesta rara vez llega con el pedido inicial.

“Porque ojo, nosotros tenemos un ordenamiento penal que nos dice que si ingresamos un medicamento no autorizado por el Ministerio del ramo, por la entidad que tenga que autorizar, estamos cometiendo un hecho punible. O sea, el juez mismo está cometiendo el hecho punible. Nada de eso me dicen en el escrito inicial” alertó.

El efecto acumulativo es delicado. La sentencia ordena cumplir de inmediato, pero la realidad impone pasos intermedios que no desaparecen por mandato judicial. Ahí, según su mirada, el amparo empieza a tensionarse con límites materiales que exceden al juzgado.

La magistrada también describe el punto de origen del flujo. “Van a la Defensoría del Pueblo y el defensor ya no puede moverse de tantos amparos que tiene. Hoy prácticamente se dedica solo a eso”, afirma, aludiendo al volumen de acciones que desembocan cada día en tribunales.

La observación conecta con una pregunta que atraviesa todo el debate: si cuestiones esenciales como disponibilidad, habilitaciones o logística aparecen en la fase de ejecución, ¿qué parte del sistema debió producir esa información antes de que el expediente llegara al juez?

Sánchez no responde por otros actores. Habla de su función. Y lo que ve es que el Poder Judicial termina empujado a tomar decisiones inmediatas con datos incompletos.

“¿Qué es lo que estamos haciendo con el amparo?”, se pregunta en voz alta. La inquietud no es teórica. Surge de sentencias que, aun firmadas, dependen luego de presupuestos, proveedores y autorizaciones que el juzgado no maneja.

Por eso insiste en marcar el límite. La herramienta fue concebida para atender emergencias, no para reemplazar procesos estructurales de planificación y compra.

Cuando esas esferas se mezclan, dice, el resultado es incertidumbre.

Y en ese terreno —donde la orden es urgente pero la respuesta material no siempre lo es— el sistema entero queda expuesto.

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