El Ministerio Público adoptó una postura firme al solicitar la confirmación total de la condena de 13 años de prisión impuesta al senador Erico Galeano, al considerar que la sentencia dictada en su contra por lavado de dinero y asociación criminal se encuentra plenamente ajustada a derecho y respaldada por pruebas contundentes.

Los fiscales Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, pidieron al Tribunal de Alzada rechazar la apelación presentada por la defensa, argumentando que no existen fundamentos válidos para revisar el fallo.

Desde la Fiscalía sostienen que una lectura integral de la sentencia deja en evidencia que cumple con todos los requisitos legales exigidos, sin presentar errores ni omisiones que justifiquen su anulación. En ese sentido, remarcan que no se registran inobservancias ni aplicaciones incorrectas de la ley en la tipificación de los hechos ni en la determinación del grado de participación del condenado.

Para el Ministerio Público, el fallo está sólidamente construido sobre hechos comprobados durante el juicio oral, sustentados en pruebas “sólidas y contundentes” que fueron incorporadas de manera legal al proceso. Esta base probatoria, subrayan, descarta cualquier duda sobre la responsabilidad penal del legislador.

Los fiscales también cuestionaron la estrategia de la defensa, señalando que la apelación busca instalar artificialmente supuestos defectos procesales con el objetivo de forzar una revisión del caso. A su criterio, lo que realmente se pretende es reabrir el análisis de pruebas y decisiones que ya fueron debatidas y resueltas en instancias anteriores.

En esa línea, advierten que los argumentos de la defensa apuntan a una “valoración interesada” de las pruebas, algo que —según enfatizan— ya no corresponde en esta etapa del proceso. Por ello, insisten en que no existen causales de nulidad ni vicios que afecten la validez del fallo.

Con estos argumentos, el Ministerio Público reafirma su posición de que la condena debe mantenerse íntegramente, al considerar que refleja de manera adecuada la gravedad de los hechos vinculados al crimen organizado y la responsabilidad del condenado.

El camarista especializado Paublino Escobar lanzó duras críticas al funcionamiento del sistema penal, al advertir que la conducta de sus propios operadores es uno de los principales factores que explican la elevada cantidad de personas en prisión preventiva sin condena.

Según expuso, el sistema penitenciario alberga actualmente a más de 17.000 personas privadas de libertad, de las cuales estimó, cerca del 80% no cuenta con una sentencia firme. En ese contexto, apuntó directamente al rol de la Defensa Pública y cuestionó la falta de mecanismos de control sobre el desempeño de los defensores.

“¿Qué tipo de control ejerce el defensor general sobre sus defensores? ¿Qué indicadores de medición de calidad del servicio tiene el defensor general o el adjunto sobre los defensores?”, planteó el magistrado, al tiempo de insistir en la necesidad de contar con parámetros claros para evaluar la labor de asistencia en el fuero penal.

Escobar también extendió sus cuestionamientos al Ministerio Público, al señalar que, dentro de la práctica cotidiana, resulta más sencillo para los fiscales solicitar la prisión preventiva. “Los fiscales… les hace un trabajo más fácil pedir prisión. Si total, el juez va a decidir”, afirmó, describiendo una lógica instalada dentro de la institución.

No obstante, el camarista reconoció que la responsabilidad no recae únicamente en la Fiscalía o la Defensa, sino también en el propio Poder Judicial. En ese sentido, advirtió que los jueces incumplen con frecuencia su obligación de revisar periódicamente las medidas cautelares.

“Desde el mismo momento en que un juez no convoca a una audiencia de revisión de medida de oficio, conforme a lo que dispone el Código Procesal, cada tres meses, está faltando a una responsabilidad excesivamente seria”, remarcó.

Finalmente, el magistrado atribuyó esta problemática a una práctica arraigada dentro del sistema. “Somos reacios en aplicar… ¿por qué? Por esa cultura que nosotros tenemos, la cultura del encierro”, concluyó.

Las declaraciones reavivan el debate sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad de reformas estructurales que garanticen el respeto a las garantías procesales y reduzcan el hacinamiento en las cárceles del país.

El Ministerio Público sostiene que un joven de 18 años sería el principal articulador de un esquema de ciberfraude que logró mover cifras millonarias dentro del sistema financiero. La investigación, que se desprende de la denominada Operación Ícaro, continúa avanzando con nuevas detenciones y la ampliación del número de sospechosos.

De acuerdo con los investigadores, el presunto líder habría operado junto a un entorno cercano integrado por excompañeros de colegio y familiares, conformando una estructura que ejecutaba transferencias masivas a través de medios de pago electrónicos. El mecanismo incluía el uso de múltiples líneas vinculadas a billeteras digitales, desde donde se distribuían fondos hacia miles de cuentas utilizadas como intermediarias.

Las autoridades estiman que el grupo logró movilizar más de 9.000 millones de guaraníes mediante accesos ilícitos a cuentas bancarias y plataformas digitales. Posteriormente, el dinero era canalizado hacia activos virtuales, como criptomonedas, en un intento por dificultar su rastreo y dar apariencia de legalidad a los fondos.

Con los últimos procedimientos, ya suman diez las personas investigadas en el caso, incluyendo al joven señalado como cabecilla. No obstante, la pesquisa podría ampliarse, ya que se analiza la posible participación de alrededor de 400 personas que habrían colaborado, directa o indirectamente, en el funcionamiento del esquema.

Durante los operativos, los intervinientes incautaron varios dispositivos electrónicos entre ellos teléfonos celulares una tablet y una computadora portátil que serán sometidos a peritajes forenses. También fue decomisado un vehículo, que formaría parte de los bienes adquiridos con el dinero obtenido de manera ilícita.

Según los datos recabados, la organización utilizaba plataformas de criptomonedas como vía para introducir recursos de origen ilegal al circuito financiero formal, intentando evadir los controles establecidos por las entidades bancarias.

Algunos de los implicados ya se encuentran bajo prisión preventiva y enfrentan cargos por estafa, lavado de dinero y asociación criminal, mientras el caso sigue en etapa de investigación.

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero recurrieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación en el que insisten en que la causa que involucra al senador Hernán Rivas por el presunto uso de un título falso no ha prescrito, como concluyeron instancias anteriores.

En su planteamiento, las representantes del Ministerio Público solicitan que se anulen las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia, al considerar que ambas decisiones incurrieron en una interpretación errónea del cómputo de la prescripción. Además, piden que el expediente sea reenviado a un nuevo juez de garantías para la realización de una nueva audiencia preliminar.

El caso gira en torno a la imputación contra el legislador Hernán Rivas, a quien se atribuye la presunta utilización de un título académico de contenido falso. Según la posición fiscal, los hechos vinculados a la supuesta conducta delictiva tendrían continuidad o efectos que se extendieron hasta los años 2021 y 2023, lo que, a criterio del Ministerio Público, modifica el análisis del plazo de prescripción aplicado por los tribunales inferiores.

Las fiscalas sostienen que tanto el juez de garantías como los camaristas habrían cometido un error al calcular la prescripción tomando como referencia hechos que no correspondían al tipo penal investigado. En ese sentido, cuestionan que se haya condicionado la punibilidad a interpretaciones ajenas a la estructura del Código Penal y a los términos de la acusación.

En su argumentación, el Ministerio Público afirma que la decisión recurrida interpretó de forma incorrecta el artículo 252 del Código Penal, al limitar su alcance y exigir condiciones que no estarían previstas en la norma. Según el escrito, basta con la utilización de un documento público falso con intención de inducir a error para que se configure el tipo penal, sin necesidad de una comprobación previa de otros hechos vinculados a su producción.

Asimismo, las fiscalas diferencian entre la “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso” y el “uso de documentos públicos de contenido falso”, señalando que ambos supuestos tienen autonomía dentro del Código Penal y no dependen uno del otro para su configuración.

Con este recurso, Patricia Sánchez y Luz Guerrero buscan revertir el sobreseimiento definitivo dictado en favor de Rivas y lograr que el proceso sea reabierto, bajo el criterio de que la acción penal no ha prescrito.

La decisión ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal), que deberá analizar los fundamentos del recurso y resolver si corresponde anular las resoluciones previas y reencauzar la causa a una nueva audiencia preliminar.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer un nuevo reporte de seguimiento de audiencias preliminares correspondiente al periodo del 6 al 10 de abril de 2026. El relevamiento abarca los Juzgados Penales de Garantías, los Juzgados de Delitos Económicos, los de la Niñez y Adolescencia, así como los especializados en Crimen Organizado de la Capital.

Durante la semana analizada se fijaron y controlaron 143 audiencias en total. De ese universo, solo 87 pudieron llevarse a cabo, lo que representa un 61% de cumplimiento. En contraste, 56 audiencias quedaron suspendidas, alcanzando un preocupante 39% del total programado, una cifra que refleja un alto nivel de interrupciones en el desarrollo normal de estas diligencias judiciales en la Capital.

Al desglosar las causas de las suspensiones, se observa que la mayor parte se debió a la incomparecencia de las partes, con 27 casos. A esto se suman 21 suspensiones solicitadas por los propios intervinientes, 5 vinculadas a planteamientos procesales, 2 por problemas en el traslado desde penitenciarías y 1 por falta de notificación.

El informe comprende las audiencias previstas en los distintos fueros de Capital: Juzgados Penales de Garantías, Delitos Económicos, Juzgados Penales de la Adolescencia (primer y segundo turno) y los tribunales especializados en Crimen Organizado (primer, segundo y tercer turno), evidenciando que una proporción significativa de las audiencias preliminares continúa viéndose afectada por suspensiones.