El Ministerio Público, a través de la agente fiscal Julia González Medina, formuló imputación contra dos mujeres madre e hija, de 54 y 27 años respectivamente en el marco de una investigación abierta por un supuesto hecho punible contra la propiedad, específicamente apropiación.

De acuerdo con los antecedentes reunidos en la carpeta fiscal, ambas habrían intervenido en la ocupación irregular de un inmueble ubicado en el kilómetro 8 Acaray, Fracción Portal del Este de Ciudad del Este, propiedad de la expareja de una de las imputadas y padre de la otra. La víctima, un hombre de 54 años, denunció que el hecho se produjo mientras se encontraba fuera del país por motivos de salud, residiendo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante aproximadamente tres años.

Durante ese periodo, las ahora imputadas habrían ingresado al inmueble sin autorización y permanecido en el lugar. Al regresar al país, el afectado aseguró haber encontrado la propiedad completamente cerrada y amurallada, con ambas viviendas aseguradas con llave, situación que le impidió el acceso a su propio domicilio y a sus pertenencias.

El denunciante también señaló la supuesta retención de objetos personales y documentación relacionada a un contrato privado de compraventa del inmueble, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

A partir de la denuncia, la Fiscalía reunió diversos elementos de convicción inicial, entre ellos la denuncia policial formulada por la víctima, declaraciones testificales, documentación relevante y registros de conversaciones incorporadas a la investigación. Con base en estos indicios, la agente fiscal Julia González resolvió presentar imputación contra ambas mujeres por el hecho de apropiación, en una calificación jurídica preliminar.

En el mismo acto procesal, el Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación, con el objetivo de realizar diligencias pendientes y avanzar hacia la conclusión del caso. Asimismo, requirió la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva dentro del marco de la causa.

El Ministerio Público se encuentra investigando un presunto caso de filtración de información en el marco de una causa vinculada a narcotráfico, hecho que habría sido protagonizado por una funcionaria de la institución. La pesquisa está a cargo de la agente fiscal Verónica Valdez, quien impulsa diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la agente fiscal adjunta Matilde Moreno, lo que derivó en la apertura de una serie de actuaciones orientadas a determinar si existió la entrega indebida de información reservada dentro de una causa penal en etapa inicial.

Debido a la sensibilidad del caso, el Ministerio Público mantiene en reserva tanto la identidad del expediente investigado como de la funcionaria señalada, considerando que se trata de una causa relacionada con la criminalidad organizada, en la que se manejan datos de carácter estrictamente confidencial.

Como parte de las primeras diligencias, se llevaron a cabo cinco allanamientos en distintos puntos, con apoyo de varios agentes fiscales. Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, documentos y otros elementos que ahora son sometidos a análisis técnico.

En ese sentido, la fiscal Verónica Valdez explicó que el objetivo es reconstruir los hechos y establecer si existen elementos que permitan sostener una sospecha fundada sobre la comisión de hechos punibles de acción penal pública, así como la eventual participación de personas involucradas.

“El Ministerio Público realizó allanamientos en lugares donde consideró que podría obtener elementos pertinentes para establecer realmente si alguien, específicamente una funcionaria del Ministerio Público, informó respecto a un caso sobre narcotráfico, se busca saber a quiénes informó, y si es que recibió algo a cambio. Entonces, se llevó a cabo cinco allanamientos, a través de la colaboración de varios agentes fiscales, fueron recabados varios elementos, entre ellos teléfonos celulares, documentos, los cuales ahora tienen que ser procesados, analizados, y posteriormente establecer si realmente se puede sostener una sospecha suficiente referente a la comisión de hechos punibles de acción penal pública y la participación de determinadas personas”, señaló.

Consultada sobre la posible implicancia de autoridades dentro del esquema investigado, Valdez sostuvo que no se descarta ninguna línea, aunque evitó brindar mayores detalles hasta contar con el análisis completo de las evidencias.

“Podrían estar, pero yo no quisiera adelantar hasta que sean analizados estos elementos que fueron recabados”, indicó.

Asimismo, aclaró que la causa vinculada a narcotráfico aún se encontraba en una fase inicial y bajo estricta reserva al momento de la presunta filtración.

“Referente a una causa en investigación, por eso no estaba a disposición de terceras personas, porque estaba todavía en una etapa inicial”, concluyó.

El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de prisión para la exfiscala Ana Girala, acusada de liderar un esquema de coimas, extorsión y otros delitos en el ejercicio de sus funciones.

El pedido fue presentado durante los alegatos finales del juicio oral, donde los fiscales sostienen que se comprobó la comisión de múltiples hechos punibles en concurso, lo que eleva el marco penal aplicable. El fiscal del caso, Francisco Cabrera, explicó en entrevista con Judiciales.net que la solicitud de pena se basa en las pruebas producidas durante el juicio.

“Se consideraron elementos objetivos, como la producción de pruebas durante todo el juicio y la concurrencia de varios hechos punibles cometidos en conjunto”, señaló. Según el Ministerio Público, la acusación incluye delitos como asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes. De acuerdo con la Fiscalía, el caso se sustenta en distintos tipos de evidencia incorporados en el juicio oral.

Entre ellos, se encuentran grabaciones de conversaciones, extracción de datos de teléfonos celulares, documentos vinculados a causas judiciales y testimonios de víctimas. “Se pudo reproducir conversaciones entre los acusados, además de contar con pruebas documentales y testimoniales”, indicó Cabrera. En total, la acusación abarca 28 casos, de los cuales en al menos 15 se habría probado que la exfiscala negoció con procesados, con apoyo de su entorno cercano.

Además de Girala, también están acusadas su exasistente y una secretaria fiscal, para quienes se solicitaron penas de 4 y 9 años de prisión, respectivamente. En la causa también están procesados varios abogados, sindicados como cómplices en delitos como asociación criminal, extorsión y tráfico de influencias, con pedidos de penas menores. Según la acusación, el esquema consistía en solicitar dinero u otros beneficios a cambio de no imputar o de favorecer a personas en causas penales.

Entre los casos expuestos en el juicio, se mencionan pedidos de dinero para evitar imputaciones, así como solicitudes de bienes y beneficios a cambio de intervenciones favorables. La exfiscala sostiene que las pruebas fueron adulteradas y que se vulneraron sus derechos durante el proceso.

Sin embargo, el Ministerio Público rechaza esa versión y afirma que las evidencias fueron incorporadas conforme a los procedimientos legales. “Las pruebas fueron correctamente introducidas y admitidas por el tribunal”, aseguró el fiscal. El tribunal deberá ahora analizar los alegatos finales de las partes antes de dictar sentencia.