El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de prisión para la exfiscala Ana Girala, acusada de liderar un esquema de coimas, extorsión y otros delitos en el ejercicio de sus funciones.
El pedido fue presentado durante los alegatos finales del juicio oral, donde los fiscales sostienen que se comprobó la comisión de múltiples hechos punibles en concurso, lo que eleva el marco penal aplicable. El fiscal del caso, Francisco Cabrera, explicó en entrevista con Judiciales.net que la solicitud de pena se basa en las pruebas producidas durante el juicio.
“Se consideraron elementos objetivos, como la producción de pruebas durante todo el juicio y la concurrencia de varios hechos punibles cometidos en conjunto”, señaló. Según el Ministerio Público, la acusación incluye delitos como asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes. De acuerdo con la Fiscalía, el caso se sustenta en distintos tipos de evidencia incorporados en el juicio oral.
Entre ellos, se encuentran grabaciones de conversaciones, extracción de datos de teléfonos celulares, documentos vinculados a causas judiciales y testimonios de víctimas. “Se pudo reproducir conversaciones entre los acusados, además de contar con pruebas documentales y testimoniales”, indicó Cabrera. En total, la acusación abarca 28 casos, de los cuales en al menos 15 se habría probado que la exfiscala negoció con procesados, con apoyo de su entorno cercano.
Además de Girala, también están acusadas su exasistente y una secretaria fiscal, para quienes se solicitaron penas de 4 y 9 años de prisión, respectivamente. En la causa también están procesados varios abogados, sindicados como cómplices en delitos como asociación criminal, extorsión y tráfico de influencias, con pedidos de penas menores. Según la acusación, el esquema consistía en solicitar dinero u otros beneficios a cambio de no imputar o de favorecer a personas en causas penales.
Entre los casos expuestos en el juicio, se mencionan pedidos de dinero para evitar imputaciones, así como solicitudes de bienes y beneficios a cambio de intervenciones favorables. La exfiscala sostiene que las pruebas fueron adulteradas y que se vulneraron sus derechos durante el proceso.
Sin embargo, el Ministerio Público rechaza esa versión y afirma que las evidencias fueron incorporadas conforme a los procedimientos legales. “Las pruebas fueron correctamente introducidas y admitidas por el tribunal”, aseguró el fiscal. El tribunal deberá ahora analizar los alegatos finales de las partes antes de dictar sentencia.
