El ministro César Garay lanzó un fuerte pronunciamiento contra abogados involucrados en el esquema conocido como “mafia de pagarés”, al solicitar la suspensión preventiva de sus matrículas mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Durante su intervención, el alto magistrado apeló directamente a la indignación ciudadana y al reclamo de las víctimas, señalando que su pedido responde a una preocupación extendida. “Acogiendo el clamor de la ciudadanía, no solo de las víctimas, sino de las personas de bien”, expresó, al tiempo de remarcar que diariamente se conocen denuncias de afectados que actuaron “con absoluta buena fe” al firmar documentos que luego resultaron irregulares.
Garay fue tajante al cuestionar que profesionales del derecho, pese a estar imputados o acusados e incluso con juicios orales pendientes, continúen litigando en causas vinculadas a este esquema. Según advirtió, estos abogados siguen promoviendo procesos judiciales que calificó como “trágicos” e “infames”.
“Es agresivo que se estén presentando, patrocinando y llevando adelante juicios tan dañinos contra honorables maestras, sacrificadas enfermeras”, enfatizó, al referirse a los principales afectados por estos casos, a quienes describió como parte del sector más vulnerable debido a su escaso conocimiento jurídico.
El ministro también cuestionó el accionar ético de los profesionales implicados, señalando que no estarían cumpliendo con los principios fundamentales de la abogacía. En ese sentido, invocó el legado de Ángel Osorio y Gallardo, al sostener que la conducta observada se aparta del mandato moral de la profesión.
En su pedido, dirigido al pleno y especialmente al consejo de superintendencia, insistió en la necesidad de actuar con firmeza para evitar mayores daños. “Muy respetuosamente solicito que se suspendan preventivamente esas matrículas en el ejercicio de tan noble profesión”, subrayó.
Además, alertó sobre prácticas como el “vaciamiento de cuentas” de las víctimas, situación que según indicó ya es conocida tanto en instancias judiciales como en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. A su criterio, estos hechos no solo perjudican a los afectados directos, sino que también erosionan la credibilidad del sistema judicial.
Finalmente, Garay advirtió que este tipo de conductas contribuye al desgaste institucional e incluso a la “perversión” de la justicia, al señalar la existencia de funcionarios y operadores que actúan de manera infiel a su rol dentro del Estado.
Con este planteamiento, el ministro busca abrir el debate dentro del sistema judicial para frenar la continuidad de prácticas que, según sostuvo, siguen golpeando a sectores vulnerables bajo el amparo de procesos legales cuestionados.
