Un Tribunal de Apelaciones rechazó el incidente de los Ferreira y pide se agregue todos los incidentes que presentaron.

La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible hoy un incidente de apelación general presentado por Justo Ferreira y Patricia Ferreira acusados por el Ministerio Público por introducir medicamentos de manera irregular al país.

Además del rechazo del incidente, los integrantes de Alzada piden que se agregue en un cuadernillo todos los incidentes de recusación presentados por los acusados ya sea por derecho propio o bajo patrocinio de profesional abogado.

Se pide a los efectos de aplicar sanciones a los litigantes de mala fe ante el abuso del derecho.

Firman la resolución, Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Gustavo Santander Dans.

¿Qué dice el Artículo 113 y 144 del CPP?

Artículo 113. PODER DE DISCIPLINA.   Los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán, bajo pretexto de incurrir en faltas disciplinarias, restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes.

En todo lo demás serán aplicables a la naturaleza del procedimiento penal,  las normas previstas en el Código Procesal Civil.

Artículo 114. SANCIONES.   Cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos,  con hasta cincuenta días multa o apercibimientos.   Para la aplicación de la multa regirá lo establecido en el Código Penal.

Antes de imponer cualquier sanción procesal  se oirá al afectado. Las sanciones procesales son apelables con efecto suspensivo.

Una persona recuperó su libertad luego que la Defensa Pública lograra su sobreseimiento definitivo.

Tras un incidente de nulidad presentado por el defensor público Matias Garcete, al cual hizo lugar el Tribunal, una persona de 30 años recuperó su libertad.

El hombre fue acusado por los hechos punibles de resistencia y tenencia de estupefacientes.

La acusación planteada por el Ministerio Público, en octubre del 2018, señala que el acusado se encontraba supuestamente en una riña callejera, por lo que efectivos policiales procedieron a aprehender a todos los implicados en el hecho. Según acta policial, al momento de la aprehensión fueron encontradas en poder del asistido por la Defensa Pública bolsitas, cuyo contenido presumiblemente se trataba de marihuana.

Al momento de los incidentes previos, el defensor público reiteró el incidente de nulidad absoluta, que ya había planteado al momento de la audiencia preliminar, con relación al derecho y garantía consagrado en la Constitución Nacional en cuanto a la asistencia y representación del imputado conjugado en el sagrado derecho a la defensa en juicio.

Este planteamiento fue denegado por el Juez Penal de Garantías al momento de la audiencia preliminar con el argumento de que el planteamiento debía ser dirimido ante el Tribunal de Sentencia en el desarrollo del juicio oral y público. El planteamiento de la Defensa Pública se abocaba a dimensionar la gravedad de omitir los derechos y garantías constitucionales y procesales que asisten a todo individuo sometido a proceso penal.

Asimismo, la defensa fundamentó que durante la etapa investigativa se sucedieron una cantidad de vicios legales. Se produjo la ruptura de la cadena de custodia en razón a que supuestamente se había obtenido en poder del representado ciertos objetos que no formaron parte de la acusación fiscal. Por otro lado, al momento de llevarse a cabo la prueba laboratorial de la supuesta sustancia (la cual desapareció durante la etapa investigativa) se omitió por completo la notificación a la parte procesada y/o a la defensa, lo cual denota una cantidad de irregularidades que fomentaron la nulidad del proceso y a la acusación.

Ante lo planteado por la Defensa Pública, el Tribunal de Sentencia resolvió el sobreseimiento definitivo del asistido por la Defensa Pública, quien de esta manera podrá reintegrarse a la sociedad. Cabe mencionar que el conjunto de garantías mínimas al que se refirió el Defensor Público, se encuentra enmarcada en las reglas procesales constitucionales, en las normas procesales de la Convención Americana de los Derechos Humanos y las reglas del Código Procesal Penal vigente.

Ayer concluyó la pericia contable de las partes. Hoy, se retoma la diligencia con la pericia ampliada.

El juicio oral se desarrolla a estas horas con la conclusión de la ampliación del informe pericial de la Licenciada Elizabeth Benítez Caballero, quien detalla los depósitos de los acusados Oscar González Daher y Oscar Rubén González Chaves.

La fiscal Liliana Alcaraz, señaló ante el Tribunal de sentencia que para el informe ampliado pericial, se trajo a la vista materiales como; detalle de boletas de depósitos en bancos, detalles por banco, número de cuenta, montos, datos del depositante, entre otros.

Se analizó el movimiento en depósito de los acusados en los periodos de setiembre del 2008 a setiembre del 2018 de ambos juzgados. Depósitos que realizaron específicamente en dos Bancos de Plaza.

El detalle se expone a estas horas ante el Tribunal que preside la jueza, Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

Ambos acusados están siendo juzgados por los tipos penales de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.