La ministra Carolina Llanes habló hoy en la sesión plenaria de la corte Suprema de Justicia para destacar el trabajo realizado por los operadores de justicia respecto a las sentencias aplicadas en casos de lavado de activos.

Afirmó que la tarea del Poder Judicial a través de sus distintos operadores fue fundamental para realizar la estadística de los casos de lavado de dinero en las que se emitió sentencia.

“Cabe destacar que la CSJ a través de la Dirección de Estadísticas, aportó un total 28 sentencias sobre lavado de dinero correspondientes a la aplicación del artículo 196 (comisos) y 446 sentencias que aplican el artículo 44 de la ley 1.340, no puedo dar las calificaciones ya que van a ser anunciadas en un mes aproximadamente por los integrantes Gafilat” dijo Llanes

“Es importante destacar la labor del que ha tenido el Poder Judicial. Fue fundamental y ha sido determinante para obtener el resultado país sobre la evaluación mutua de Gafilat”, concluyó la ministra Carolina Llanes.

Los ministro también destacaron la labor de la ministra Carolina Llanes por ser la que encabezó el equipo de trabajo como encargada del fuero penal especializado.

Nuestro país recientemente fue notificado de la decisión del Grupo de Acción Financiera, Gafilat, sobre el resultado de la evaluación mutua respecto a la prevención y sanción del lavado de dinero en nuestro país y Paraguay superó la prueba y no ingresó con ello a la temida lista gris.

La querella fue entablada por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Marta González.

Esta maña se dio inicio al juicio oral y público a Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, querellados por la exministra de la SET Marta González quien se sintió agraviada por las publicaciones periodísticas realizadas por el medio.

El caso de acción penal privada es por difamación, calumnia e injuria, tipos penales que deben probados por la querella en este juicio oral que arrancó en la fecha ante el juez Wilfrido Peralta.

El abogado Rodrigo Yódice defensor de los querellados, dijo que sus representados solo realizaron publicaciones referentes al uso de recurso públicos sin que eso implique un juicio de valor y solo se limitó el medio a realizar una crítica dentro de los límites permitidos, sobre los aspectos llamativos de un contrato.

Agregó que con esta querella se pretende una censura directa a la libertad de prensa.

«Los hechos diseminados a través del medio de comunicación en ningún momento fueron puestos en duda y se consolidó la veracidad de cuanto se ha publicado», abogado Rodrigo Yódice a ABC Color antes de iniciarse el juicio oral a sus clientes. 

Se trata de un asistido de la Defensa Pública que se encontraba en prisión preventiva desde el 2018. Estaba acusado de homicidio doloso en grado de tentativa.

En el juicio oral público, la Defensa Pública planteó la nulidad de la acusación fiscal por falta de indagatoria del acusado. Fue citado en dos oportunidades para el efecto, pero no pudo materializarse la diligencia a que el mismo no contaba con abogado defensor y en ambas actas de citación solo se consignó la firma del agente fiscal y una huella digital que sería del asistido de la Defensa Pública.

Por ese motivo el Tribunal de Sentencia anuló todas las actuaciones del Ministerio Público y sobreseyó definitivamente al representado por la Defensa Pública y se ordenó su libertad luego de haber estado recluido cuatro años en la cárcel de Pedro Juan Caballero.

El hombre fue asistido en el juicio oral por la defensora pública multifueros María Victoria Ayala, quien tomó la representación del procesado en esta etapa del proceso y ya para el desarrollo del juicio oral y público donde se dio su desvinculación definitiva por la vulneración de sus derechos.

El hombre soportó cuatro años de encierro para que finalmente en el juicio oral se anule el proceso por falta de su declaración indagatoria en ante el Ministerio Público.