El Tribunal de Apelación otorgó el plazo extraordinario a la fiscalía para presentar su acto conclusivo.

La Cámara de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado otorgó otros seis meses más al Ministerio Público para que siga investigando el caso A Ultranza y presentar su acto conclusivo. El próximo año en febrero y marzo diferentes fechas la fiscalía deberá presentar su acusación u otro requerimiento.

A Ultranza es tal vez uno de los casos sin precedentes en el país de combate al crimen organizado, donde se investiga un esquema de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

La causa tuvo colaboración de la DEA, la Europol y la policía de Uruguay, existe una decena de personas imputadas en prisión preventiva y otras tantas con rebeldía y orden captura. Los líderes principales del esquema no fueron tomados en los más de 100 allanamientos realizados por la Senad y el ministerio Público en su momento.

El Ministerio Público imputó a 27 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África.

De los 27 imputados trece ya están en prisión preventiva. El considerado líder del esquema es Alberto Koube quien es uno de los principales exponentes de la organización al igual que Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, según la imputación del Ministerio Público.

El operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

La abogada Mirna Kuchenmeister denunció que sus clientes fueron procesados de manera arbitraria y al solo efecto de desentenderse los denunciantes de una millonaria deuda.

En un proceso penal por presunta producción de documentos donde se encuentra en juego el valor en cheques por 1.200.000 dólares americanos, la abogada que representa a los imputados denunció que afrontan todo tipo de arbitrariedades desde el momento en que se dio la denuncia ante el Ministerio Público, ya que el agente fiscal del caso Osvaldo Zaracho, actúa de manera parcialista al no diligenciar los numerosos pedidos que solicita la defensa.

La apertura de este proceso penal por presunta producción de documentos no auténticos tendría como único objetivo desentenderse de una millonaria deuda por descuento de cheques y aparentemente, existirían presiones externas lo que hace que el fiscal Osvaldo Zaracho, actúe de manera parcialista y arbitraria en perjuicio de la defensa, según denunció la abogada Mirna Kuchenmeister, presentante legal de los imputados.

“Mis clientes fueron denunciados ante la Fiscalía, rápidamente se dio la imputación, pero todas las diligencias que pedimos tienen trabas, mientras que desde la unidad del fiscal Zaracho, hasta las notificaciones se direccionan. Nosotros pedimos que se haga la pericia de los cheques y hasta ahora no se pudo, pero agregamos como prueba las que mandamos hacer por nuestro lado y demuestran que la caligrafía es de una misma persona”, señaló la abogada.

Las declaraciones de Frizon y la contadora de la empresa fueron solicitadas por los afectados en varias ocasiones, pero el Ministerio Público no dio trámite, además de otros petitorios de la defensa, que son pasados por alto, agregó Mirna Kuchenmeister.

ANTECEDENTES

Los directivos de la firma Centro Agrícola, abrieron una convocatoria de acreedores, donde se presentaron los de Credi Merco, pero se opusieron alegando que es extemporáneo, sin embargo, el incidente de verificación de crédito fue favorable a los acreedores. Inclusive, en la pericia contable está demostrada que ellos declararon esos montos como deuda.

Luego, en octubre del año pasado, Frizon denunció a los directivos de Credi Merco por producción de documentos no auténticos, alegando que tuvieron problemas con su socio Carlos Baliati.

“Esos títulos circulatorios fueron descontados por mis clientes, ellos saben que deben, pero presentan una denuncia ante la Fiscalía, consiguieron que mis representados sean imputados y tengo información precisa que hay un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que llama y presiona por este expediente. Entonces, ¿que podríamos esperar?, el fiscal está actuando mal, lo vamos a denunciar ante el JEM”, se despachó la abogada Kuchenmeister.

Hoy, las partes presentarán sus alegatos finales en el marco del juicio oral y público contra el exrector de la UNA, Froilán Peralta, y María del Carmen Martínez.

El juicio se retomará con la declaración de Peralta, para luego pasar a los alegatos finales, y posteriormente el Tribunal de Sentencia entrará a deliberar.

El martes pasado, el Tribunal recibió todas las pruebas ofrecidas y se desistió de aquellas no traídas a la vista del Tribunal o no encontradas por las partes, y se recibió la defensa material de la acusada Martínez Méndez María del Carmen.

El exrector de la UNA Froilán Peralta y María del Carmen Martínez soportan cargos por lesión de confianza, apropiación, estafa e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, ambos afrontan juicio oral desde hace varias semanas.

Este proceso fue abierto tras la toma de la UNA, por un grupo de alumnos por la serie de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción que generó una serie de movilizaciones de los estudiantes denominado “UNA no te calles”, en septiembre del 2015.

El Tribunal de Sentencia que juzga la conducta de los acusados está presidido por la magistrada Victoria Ortiz. La acompañan Pedro Nazer y Rilsy Ortiz, como miembros titulares.

La Senabico dispuso el uso provisorio de un helicóptero, caballos y buses comisados durante allanamientos en la operación “A Ultranza”, y contra el presunto líder de sicarios, Marcio Sánchez, alias «Aguacate». 

Se trata de dos buses de transporte, propiedad del procesado José Insfrán, investigado por tráfico internacional de drogas. Parte del clan Insfrán. Anteriormente se utilizaba los vehículos para la Iglesia Evangélica Centro de Avivamiento de Curuguaty, sitio que, según las investigaciones, sería de fachada para lavar dinero proveniente de la ilegalidad. 

Se dispuso que dichos buses pasen a ser utilizados por el Departamento Judicial de la Policía Nacional, que ya fueron acondicionados con todas las medidas de seguridad para el traslado de hasta 45 reos más sus custodios.

Otro bien incautado de la operación A Ultranza es un moderno helicóptero que había adquirido el exdiputado Juan Carlos Osorio, imputado actualmente por lavado de dinero. Estará para uso de La Agrupación Aérea de la Policía para la lucha contra grupos criminales y traslado de personal táctico a zonas de difícil acceso dentro del territorio Nacional.

En junio pasado también se incautó siete caballos árabes de alto costo de la estancia del prófugo de la justicia Marcio Sánchez más conocido como «aguacate». Los animales ya están siendo utilizados por la Agrupación montada de la Policía Nacional. 

En el operativo A Ultranza se incautaron bienes por valor de más de 100 millones de dólares que ya pasaron a ser administrados por la Senabico. 

Todos están bajo resguardo judicial de carácter real sujeto a eventual comiso definitivo a resultas del proceso penal abierto. 

Ahora se dispone que la policía Nacional cuente con algunas herramientas ya que uno de los objetivos de esta figura legal desalentar a los grupos criminales atacando sus bienes y darle el uso en beneficio de la sociedad. 

En los próximos días mediante un acto oficial se hará entrega del helicóptero, los caballos y los buses.