El abogado Alfredo Delgado, en representación del capitán Rubén Valdez, presentó un pedido al Tribunal de Sentencia para que el juicio sea transmitido por los medios oficiales del Poder Judicial.

Menciona que el pedido obedece a se trata de una causa emblemática, donde se juzgará a un “héroe nacional” y a los efectos de respetar el principio de publicidad, también servirá de garantía para que se haga justicia, refiere el escrito de presentación.

En otra parte de pedido, la defensa solicita al Tribunal que no permita en ingreso al debate oral de “grupos subversivos”. Refiere textualmente el pedido “que el Tribunal tenga especial cuidado a efectos de no permitir el ingreso de grupos subversivos a la sala de juicio. Lastimosamente existen grupos de personas que buscan utilizar este proceso para implantar en nuestra sociedad solapadamente ideología de género” señala la presentación hecha ante el Tribunal que juzgará el caso.

Rubén Valdez fue acusado por violación del derecho a la comunicación y a la imagen y coacción. Por haber extorsionado a una mujer con publicar sus fotos íntimas según el Ministerio Público.

El Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada María Fernanda García de Zúñiga, fijó fecha de juicio oral, del 18, 21 y 22 de noviembre desde las 8:30 de la mañana, para iniciar el debate público del caso que la defensa pide hoy sea transmitida por TV Justicia y la página web del Poder Judicial.

El ministro Alberto Martínez Simón manifestó su rechazo respecto a las donaciones otorgadas en procesos penales abreviados y en los cuales resulta beneficiado el Poder Judicial.

Martínez Simón expresó durante la plenaria de la Corte que su posición respecto al punto es que, el Poder Judicial no puede beneficiada con las donaciones decretadas en el ámbito penal.

“Las donaciones de bienes que se suelen disponer en beneficio de instituciones públicas y privadas en el ámbito de los procesos penales, tengo una posición asumida, pero tendríamos que discutir entre los ministros y sacar una resolución, de que el Poder Judicial no puede ser beneficiario de esas donaciones, tengo ese convencimiento claro de que ese mismo juez estaría beneficiando a la institución y peor todavía al mismo juzgado, con donaciones que tienen que ser canalizadas evidentemente, hacia otras entidades” mencionó Martínez Simón.

Pidió el ministro Martínez Simón que se trate esta cuestión en la siguiente sesión de la Corte Suprema de Justicia y se emita una resolución prohibiendo a los magistrados penales, dicha práctica.

Hoy, de vuelta, la plenaria de la CSJ se abocó en analizar un mecanismo para avanzar en acciones de inconstitucionalidad que deben ser resueltas por el pleno de la máxima instancia.

Son acciones de inconstitucionalidad que llevan años en la Corte Suprema de Justicia, pendientes de resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Algunos de los expedientes ya fueron integrados, algunos de hecho ya tienen el cuarto voto emitido en los casos. Hay unas 400 acciones presentadas contra el TSJ y el JEM, informó el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón.

El tema fue traído a debate ante la preocupación del ministro Manuel Ramírez Candia, quien pidió un informe teniendo en cuenta que solo para la firma de una resolución puede pasar hasta un año hasta que se finiquite un expediente, dijo.

“Considero que perfectamente se puede fijar una fecha para estudiar cerca de diez expedientes e ir resolviendo, no estamos hablando de expedientes muy complejos aquí, tenemos que encontrar la manera más rápida para resolver los casos, es una pérdida de tiempo innecesaria, deslejitima el esfuerzo que hace la CSJ para mejorar el servicio de justicia” dijo el ministro, Víctor Ríos.

Por su parte el ministro Manuel Ramírez Candia, mencionó que le Corte lleva años sin emitir una sola sentencia de las acciones planteadas contra decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, “La experiencia indica que los casos del Jurado desde hace cuatro años no hay una sola sentencia, tenemos que superar ese inconveniente” señaló.

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay emitió un comunicado para rechazar el nuevo intento de juicio político a la titular del Ministerio Público.

Parte del pronunciamiento refiere que este nuevo pedido de enjuiciar a Sandra Quiñónez evidencia el propósito que se persigue socavar la institucionalidad del Ministerio Público con fines electoralistas.

“La Constitución de la República, en su artículo 225 establece los requisitos para la procedencia del juicio político, los cuales deben ser demostrados con hechos y elementos objetivos, bajo una misma línea de compromiso con la Patria y la justicia.

“Esta herramienta prevista como forma mutua de control y equilibrio entre poderes, no puede ser utilizada como mecanismo de presión al Ministerio Público para instrumentarlo en una puja electoral. Argumentar el mal desempeño de funciones para llevar adelante un juicio político en relación a causas en plena investigación, constituye una violación a la prohibición de cualquier poder de inmiscuirse en procesos penales” reza parte del comunicado.

Por último, los integrantes de la Asociación de Agentes Fiscales, hace un llamado a la reflexión a los legisladores a respetar la autonomía del Ministerio Público como base de la consolidación democrática.

Raul Benítez, uno de los jóvenes estudiantes que encabezó la histórica toma de la UNA, creando una masiva movilización con el lema de #UNANoTeCalles, en conversación con Judiciales TV, señaló que la sentencia de tres años de cárcel a Froilán Peralta los deja con un sabor agridulce.

Lamentó que la pena haya sido tan irrisoria, que solo fuese condenado por lesión de confianza, la sentencia debió ser más elevada por la serie de irregularidades que se dieron durante la administración de Froilán Peralta que perjudicó a muchos jóvenes que no han podido seguir sus estudios, dijo.

“Pasaron siete años para darle una condena de tres años, creemos que el daño que causó Froilán y su círculo, los tres años no son suficientes para que se repare el daño causado, esperábamos más años. Estamos decepcionados de la fiscalía, dejó prescribir uno de los hechos, no hizo bien su trabajo, no presentó todas las pruebas necesarias, si bien pidió seis años de cárcel, no se presentó todas las pruebas, los fiscales y jueces se privaron de formar parte de un hecho histórico”.

“Frolián Peralta manejó a su antojo la universidad y con mucha soberbia, antes de la toma hubo numerosas irregulares como persecución a alumnos y docentes, dolió mucho escuchar la sentencia, en la que se hizo todo para reducir la pena, que ya es una persona de edad avanzada, que ya es abuelo, eso no puede ser el justificativo para reducir la pena” señaló Raul Benítez.

Por último, el joven dijo que los corruptos temen a la ciudadanía organizada y que eso fue el legado que dejó Una No Te calles, que juntos se puede conseguir muchas cosas e ir ocupando los espacios para generar cambios.

Ante la jueza Alicia Pedrozo se inició la audiencia preliminar en la causa Berilo, tras el rechazo de los incidentes que buscaban suspender la diligencia.

Son 24 los acusados por el Ministerio Público de haber participado en un esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero procedente del narcotráfico. 

Reinaldo “Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal. 

El operativo Berilo se realizó en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en setiembre de 2018. En su momento fueron detenidas más de 30 personas, pero luego se fue descartando la participación de estos quedando un total de 24 personas dentro del proceso penal, quienes enfrentan hoy audiencia preliminar.

En ese entonces, se llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, aproximadamente 20 allanamientos en los cuales incautaron los intervinientes 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo.

En esta audiencia preliminar se decidirá si la causa será elevada a juicio oral y público, como lo requiere el Ministerio Público.

Hoy inició el juzgamiento público de Luis Fernando Canillas, exasesor de la EBY querellado por la senadora Desiree Masi por difamación, calumnia e injuria.

La diligencia quedó suspendida tras la recusación por supuesta parcialidad manifiesta de la presidenta unipersonal del Tribunal de Sentencia que juzga el caso Sandra Farías, quien no incluyó un elemento de prueba que la defensa presentó y uso ese motivo para buscar que sea apartada de la causa.

Por ese motivo, recusó a la magistrada y la cámara de apelaciones deberá resolver la procedencia de la presentación para luego continuar el caso en esta misma etapa del proceso.

Canillas soporta una querella por difamación, calumnia e injuria, tras la viralización de un vídeo en el que se ve al exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá junto a un corpóreo de la senadora Desiree Masi, insultándola con palabras y gestos.

La querella lleva casi cuatro años de haberse presentado sin que tenga una sentencia en la causa.