El Código estableció plazos basado en una época y una población absolutamente distintas, afirmó la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capital Vivian López a Judiciales TV.

“Actualmente, un juez maneja 4.500 causas, mientras que otros colegas duplican esa cifra, lo que imposibilita que los fallos sean emitidos en tiempo establecido” indicó durante una entrevista concedida a Judiciales TV.

Por ello, señaló que es humanamente imposible cumplir con los plazos procesales establecidos en un Código Procesal de los años 80. “La mora en la emisión de las sentencias no es atribuible solamente al juzgado, sino a la cantidad de incidentes dilatorios presentados por las partes”.

 Explicó que los juicios en el fuero Civil son a instancia de parte, es decir, las partes son las encargadas de impulsar el proceso y en muchos casos una de las partes incidenta, el proceso que lo hace durar años.

Trajo a colación un caso de desalojó en la que la magistrada ordenó el desalojo ya en el 2.018 y recién en este 2.022 pudo hacer efectivo el cumplimiento de desalojo de la propiedad en litigio, por la apelación que fue hasta la Corte y recién una vez que bajó el expediente se pudo ejecutar, luego de cuatro años.

“Tenemos que transparentar los plazos determinados en un Código de los años 80, el volumen de trabajo es diferente, sería hipócrita decirte que vamos a cumplir esos plazos porque no se puede, no es humano, la ley establece que en seis días para contestar la demanda, 15 días presentar las pruebas y  en 10 días debería emitirse la sentencia, por más cumplamos con estos plazos, eso va cámara en apelación y luego en la Corte, las chicanas que hay, las recusaciones, hay muchas trabas que hacen que el juicio se extiendan y duran más de lo que deberían” manifestó la jueza Vivian López.

Por otro lado, alertó de la importancia que la Corte Suprema de Justicia ejerza su facultad disciplinaria respecto a los abogados chicaneros, por trancar innecesariamente los procesos, porque se le acusa al magistrado de ser el único que no emite sentencia, pero no se dice por qué no lo está haciendo.

Subrayó que los resultados de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, se va a notar en un año porque la velocidad con la que se maneja los casos es impresionante al no existir los tiempos muertos, ya que no existe el robo de expedientes, ya no hay falsificación, que el funcionario cajonee el mandamiento, etc. 

Por último, instó a los usuarios de justicia que tengan un juicio que se tramite con el expediente electrónico, a solicitar su “usuario parte” para controlar su proceso y las actividades de su abogado y del magistrado.

Rodrigo Yódice abogado defensor en el juicio que se le sigue a Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, querellados por la exviceministra de Tributación, dijo a Judiciales TV, que con todo lo producido en juicio, no se ha probado la difamación.

Mencionó que tanto los testigos que comparecieron a declarar ante el Tribunal Unipersonal de Wilfrido Peralta, y las documentales producidas, no se ha podido probar lo sostenido por la querella en esta causa.

Dijo que muy por el contrario los testigos y documentos confirman que el medio de comunicación solo publicó datos corroborados y confirmados y así exponer la situación respecto a la contratación directa del CIAT, y que el proceso para ello estaba plagado de irregularidades.

Agregó que se probó en el juicio que Marta González integraba la comisión directiva del CIAT, al momento en que se firmó el contrato con Tributación siendo ella viceministra. 

“De ninguna los hechos que están siendo tan profusamente debatidos pueden ser considerados típicos a la luz de tipo penal de difamación, más aún que el resultado de todas las pruebas testimoniales y documentales, confirman que el medio se hizo eco de informaciones y datos verificados y la única finalidad de las publicaciones eran acercar a la opinión pública información ecuánime, sobre una contratación directa plagada de irregularidades”.

“Las cinco publicaciones, con énfasis en tres de ellas se hacían referencia de que este proceso estaba direccionado para que sea el CIAT la empresa adjudicada con este contrato, existen documentos que acreditan lo mismo, compareció a declarar el actual director de Contrataciones Públicas, fueron hechos absoluta y totalmente corroborados por la Dirección de Contrataciones, no existe error o falsedad y mucho menos desaciertos. Todos los datos fueron contrastados, el testigo destacó que claramente el proceso de adjudicación por contratación directa, por la vía de la excepción de ninguna manera pudo haber sido con este procedimiento, sino que debió hacerse una licitación pública nacional e incluso internacional”

“Se ha probado en juicio que la señora Marta González delegó en otra funcionaria la posibilidad de firmar estos contratos y otorgó este contrato al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT.  La señora Marta González, como viceministra de Tributación de la República del Paraguay, integraba la comisión ejecutiva o directiva, del CIAT.”

“Es incomprensible esta acción privada, no existe ninguna connotación ofensiva en el contenido de las publicaciones y aun si pudiera generar alguna molestia objetiva a la señora Marta González, todas estas publicaciones están respaldadas por datos condicionales”, subrayó el entrevistado Rodrigo Yódice.

La Defensa Pública intervino en un caso donde resultó víctima de violencia física y psicológica una mujer. El agresor fue beneficiado con arresto domiciliario y fue apelado por la defensora interviniente, y la cámara revocó esta medida y aplicó la prisión preventiva del imputado.

A través de recurso de apelación general, la defensora pública Exa Gaona, del fuero Especializado en la Ley Nº 5777/16 de Paraguarí logró revocar un arresto domiciliario con el que fue beneficiado el agresor de su expareja, quien fue víctima de violencia física, psicológica, intrafamiliar y contra la dignidad.

La imputación relata que, el agresor, “agarró del  cuello a la víctima  y la empuja por un escritorio, reduciendo la capacidad de defensa, por lo que la víctima con el afán de escaparse de su  agresor, empezó a empujarlo y arañarlo, también pidió ayuda a gritos, situación que enfadó aún más al concubino, por cuya razón, nuevamente procede a golpearla por todo el cuerpo con golpes de puño, para luego agarrarla del cabello y arrastrarla por la habitación, amenazándola que la mataría si seguía gritando. Posteriormente, la empuja por la pared, produciendo a la misma un golpe muy fuerte en la cabeza que la echa al piso, para luego ser levantada nuevamente por su agresor del cabello, quien la tira en la cama, abalanzándose sobre su humanidad para asfixiarla presionándole fuertemente el cuello con las manos, amenazándola de muerte en todo momento. Muy asustada la víctima, pierde fuerzas, allí el agresor la deja encerrada bajo llave en la habitación, para ir rápidamente a cerrar con llaves los accesos (portón) de la casa, circunstancia aprovechada por la víctima para huir de la habitación por la ventana para luego utilizar una de las escaleras del balcón” dice parte del relato de hechos del Ministerio Público.

Tras la imputación, el juez penal de Garantía de Carapeguá resolvió evitar la prisión preventiva al imputado y decretó su arresto domiciliario. La defensora interviniente presentó un recurso de apelación general pidiendo revocar la resolución de arresto domiciliario con que fue beneficiado el procesado, que se encuentra imputado por el hecho punible de violencia familiar, hecho catalogado como crimen según la ley vigente, además, es considerado violatorio de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia. 

El fundamento del recurso se basa en que lo que se juzga en el proceso penal específico no es cualquier objeto, sino que trata de la integridad física y de la vida misma de un ser humano, por tanto, debe enfocarse también de forma diferente, tal como lo exige el deber de la diligencia debida con que cuenta el Estado en su posición de garante. 

Ante el recurso interpuesto por la representante de la Defensa Pública, el Tribunal de Apelaciones de Paraguarí resolvió por unanimidad, revocar la resolución recurrida, decretar la prisión preventiva del imputado. Así también, ordena la remisión de las constancias procesales al juzgado penal de Garantías de Carapeguá para su efectivo cumplimiento.