La CSJ admitió para estudiar la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado contra la resolución del juez José Agustín Delmás y de la Cámara de Apelaciones, que dispone la nueva comunicación de su desafuero.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción presentada por el legislador contra las resoluciones que pidieron la nueva suspensión de sus fueros a pedido de la agente fiscal Victoria Acuña para seguir investigando el caso de la provisión de merienda escolar. En la primera comunicación ya se había rechazado el pedido.

Señala la resolución que admite estudiar la cuestión traída a juicio de los ministros que, en la acción pretendida, “se constata que la parte accionante ha indicado concretamente el agravio, como también ha citado las normas que consideran han sido vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razonables por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad”, señala parte del considerando de la Sala que estudiará el caso.

Firman la resolución los ministros, Antonio Fretes, Víctor Ríos y César Diésel.

El diputado Ever Noguera se encuentra imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, dentro del mismo proceso que afrontó el exgobernador de Guairá Rodolfo Friedmann, donde resultó sobreseído.

La Corte Suprema de Justicia Sala Penal, confirmó la decisión de la Cámara de Apelación Penal. Justo Cárdenas deberá afrontar un nuevo juicio, pero al sólo efecto que le eleven la sanción de cuatro años de cárcel.

En su momento, el Tribunal de Apelación, Cuarta Sala de la Capital, anuló parcialmente la sentencia de primera instancia con respecto a la pena impuesta a Justo Pastor Cárdenas, de cuatro años de pena privativa de libertad; y confirmó los demás puntos de la citada resolución.

En consecuencia, los magistrados Pedro Mayor Martínez (jubilado), Emiliano Rolón y Gustavo Santander; ordenaron el reenvío de la citada causa a otro tribunal para que proceda a la realización de un nuevo juicio oral y público al sólo efecto de la individualización de la pena a ser aplicada.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Manuel Aguirre, Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga (jubilada), condenó a cuatro años de cárcel a Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y le mantuvo las medidas alternativas a la prisión hasta que quede firme la sentencia. 

Hoy, la Sala Penal integrada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes Eugenio Jiménez confirmó a decisión de alzada y ordenó el inmediato envío de la causa a un nuevo Tribunal de Sentencia para que aplique la condena que corresponda al encausado.

Los bienes de Darío Messer en Paraguay ya están bajo la figura de la prohibición de innovar y contratar, y, en teoría, ya se encuentran protegidos y asegurados, pero la fiscalía aún no pidió el comiso de dichos bienes.

La orden del juez de la causa José Agustín Delmás ingresó el jueves pasado en los registros públicos para trabar el intento de comiso de unos cuatro millones de dólares por parte de los abogados de Messer en Paraguay. La resolución del juez civil Edgar Rivas ingresó recién el viernes pasado, por ende, tiene prevalencia la decisión del juez penal de la causa que evita de esta forma que parte de dichos bienes sean embargados.

Los exabogados de Messer, Rodrigo Galeano y Leticia Bóbeda intentaron cobrar sus honorarios de los bienes que se encuentran administrados por la Senabico y que pertenecen a Darío Messer. La suma establecida como honorario de ambos abogados es de poco más de cuatro millones de dólares, incluyendo gastos.

Los bienes de Masser tienen un valor cercano a los 150 millones de dólares y parte de esta suma pretenden los abogados embargar y ejecutar sus honorarios. Bienes que serían de origen ilícito.

El Ministerio Público, hasta el momento, no ha solicitado el comiso de los bienes de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero y quien había individualizado en ese proceso cuáles son las propiedades y bienes que posee en nuestro territorio.

Hirán Delgado alias el Padrillo Republicado, fue condenado por el juez Víctor Medina a cumplir la condena de 1 año y 6 meses con suspensión de la ejecución de la condena a prueba.

El condenado fue querellado por la diputada Celeste Amarilla, quien accionó contra el hoy condenado por calumnia, injuria y la denigración de la memoria de un muerto. 

La querellante se sintió agraviada por los audios en los que, se instaló que la diputada Celeste Amarilla se enriqueció ilícitamente con la merienda escolar y que Franklin Boccia había robado en Itaipú. 

Los audios que fueron grabados por el condenado sirvieron para que se aplique esta sentencia condenatoria y datan del 2018, cuando la querellante se estaba postulando para ocupar su cargo actual.

La sentencia íntegra será entregada a las partes en unos días y recién allí se conocerá cuáles son las medidas aplicadas al condenado en sustitución a la pena que le impuso la justicia.

El pasado miércoles 14 de septiembre, se implementó por primera vez el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional, desarrollado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), en un caso de cooperación jurídica internacional entre Paraguay y Panamá. 

En este marco, se aplicó la Ley Nº 6071 de Paraguay, a pedido del Tribunal de Sentencia Unipersonal del juez Wilfrido Peralta. Este instrumento internacional permite articular la realización de declaraciones y otras convocatorias, de manera remota, entre más de 200 personas del ámbito de la justicia y los 22 países que conforman el sistema de justicia de Iberoamérica.

La declaración testimonial se realizó a través de la Plataforma Iber@ e IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), como canal preferente y seguro desarrollado por ANCERT, gracias al apoyo de la Cooperación Española. 

Esta plataforma electrónica es de acceso restringido y exclusivo de los puntos de contacto, y enlaces de IberRed, en el que pueden estar otros actores de la cooperación jurídica internacional como Eurojust y la Secretaría General de Interpol, gracias a los acuerdos ya firmados. Ofrece un ambiente cerrado, seguro y confidencial para promover intercambios rápidos y fehacientes de las solicitudes formales e informales de cooperación jurídica internacional y para dar cumplimiento al Tratado de Medellín. 

En este caso, entre Paraguay y Panamá, la realización de la declaración telemática facilitó la declaración que en su ausencia llevaría un tiempo de 2 a 30 días. Es así como el uso de la herramienta digital, que se fortaleció durante la pandemia, colabora en agilizar los procesos judiciales.

Teme que la decisión de un juez civil de embargar los bienes de Messer por 4 millones de dólares abra una puerta para que el crimen organizado recupere los bienes que se encuentran bajo comiso.

El asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados Gonzalo García de Zúñiga mencionó a Judiciales TV que les llama la atención que mediante un juicio civil y por interés de particulares se intente embargar bienes que se encuentran comisados y administrados por esta Cartera de Estado, bienes que serían de procedencia ilícita.

Mencionó que les llama poderosamente la atención la decisión del juez en lo civil Édgar Rivas, que busca embargar por 4 millones de dólares parte de los bienes de Darío Messer para el pago de honorarios de los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóbeda.

“Nos comunicaron que se ha trabado un embargo ejecutivo sobre aproximadamente 4 millones de dólares, se solicitó también informe sobre los bienes de Messer administrados por la Senabico. Lo que nosotros creemos muy llamativo es que traten de trabar un embrago con relación a bienes que están siendo administrados por Senabico, que tienen expectativa de comiso, que en teoría deberían tener las medidas cautelares necesarias para evitar este tipo de acciones y también es muy llamativo que dentro de un proceso civil se esté frustrando parte de un comiso, por que si ellos ejecutan parte de un bien que está para ser comisado, estaríamos hablando de que dentro del mismo sistema judicial habría una incoherencia con relación a la recuperación de activos”.

“La ley de Senabico aclara de manera taxativa que la medida cautelar que debe ser dispuesta en los casos de bienes es la medida de innovar y contratar, porque esa es la medida idónea que impide cualquier tipo de embargo o ejecución contar los bienes, tenemos otros casos con esas medidas cautelares. Este embargo civil es bastante llamativo por que el magistrado sabe que estos bienes fueron incautados del crimen organizado y que están siendo administrados por la Senabico, estaría abriendo una brecha que con estos tipos de operaciones los integrantes del crimen organizado recuperen sus bienes, objeto de comiso” subrayó el entrevistado a Judiciales TV.

Por último, el entrevistado señaló que Messer posee en nuestro país bienes por un valor total aproximado de 150 millones de dólares.