El abogado Felino Amarilla se sintió agraviado por las expresiones del senador Rodríguez durante una entrevista a ABC Cardinal, donde acusó al abogado de proteger el narcotráfico.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó querella por difamación, calumnia e injuria contra el senador Miguel “Kencho” Rodríguez en representación del abogado Felino Amarilla, quien se sintió agraviado por declaraciones del parlamentario durante una entrevista radial donde lo califica de apoyar el narcotráfico. 

En una entrevista con el periodista Enrique Vargas Peña, en el programa La primera Mañana, que se emite por Radio Cardinal 730 AM, el querellado realizó las expresiones objeto de esta querella. “Nosotros presentamos para que se abra el callejón y nadie quiere que pasen los caminos allí por las 30 pistas clandestinas que existen del narcotráfico. Desde las 05:00 de la mañana se hacen los vuelos de las aeronaves en el lugar”, fueron parte de las expresiones del legislador que ofendieron al abogado que hoy planteó la querella.

Amarilla, también en una entrevista, cuestionó el proyecto de ley de expropiación de las tierras a los efectos de construir un camino vecinal tramo retiro Alegre, San Carlos del Apa en el Departamento de Concepción, se trata de un área natural protegida y no terreno del narcotráfico, menciona el querellante además que el camino que se quiere hacer, ya existe hace varios años y que la expropiación de dichas tierras supondría un peligro para la vida silvestre. 

El abogado Guillermo Duarte quien ejerce la representación de la querella señaló. -“El senador kencho Rodríguez claramente acusó a Felino Amarilla de oponerse a un proyecto de expropiación para la construcción de una ruta que el legislador esta propiciando. Felino dice que la ruta no tiene ningún sentido y que además afecta áreas silvestres. Para atacar a Felino, Kencho dijo que tenía pistas de narcotráfico en su estancia y varios agravios mas donde se configuran los delitos de difamación, calumnia e injuria”, señalo Duarte a Judiciales Net.

Ante graves violaciones al debido proceso incurridas por el Ministerio Público, un Tribunal de Sentencia anuló completamente un caso y sobreseyó a un hombre que fue acusado por posesión de drogas.

Una persona que se encontraba recluida en la Penitenciaría Regional de Concepción, imputada por la posesión de drogas peligrosas, fue beneficiada con la absolución de reproche y pena. El mismo fue asistido por la defensora pública del fuero penal ordinario y penal adolescente, Marta Felicia Villalba Cardozo.

El procesado fue detenido, según los datos, por supuestamente tener una actitud sospechosa y por su forma de vestir. Los argumentos presentados por la defensora pública se basaron en las numerosas irregularidades ocurridas en la circunstancia de detención del imputado, como ser: requisa realizada sin la presencia de dos testigos hábiles, tampoco se hizo constar que no había personas que pudieran firmar el acta y, además, se dio la falta de firma del acusado, lo que violenta gravemente ya que la ley establece dichas formalidades para que el acta pueda ser incorporada al juicio por su lectura.

Del análisis de las circunstancias individualizadas se detectaron otras irregularidades que constituyen nulidades absolutas insalvables, ya que afectan los derechos y garantías procesales amparados en la Carta Magna como la producción de cargo sin que exista constancia fehaciente de la participación del acusado; además no se probó a quién pertenecía la sustancia incautada y el origen de la misma, en razón de que no se pudo determinar si los agentes policiales intervinientes encontraron o no en poder del defendido esa evidencia.

Por lo tanto, la defensa solicitó directamente que se levanten todas las medidas cautelares decretadas en contra de su defendido, por lo que el Tribunal de Sentencias, resolvió declarar la nulidad del proceso, asimismo, declarar no probada la existencia del hecho punible de posesión de drogas peligrosas y absolver de reproche y pena al representado por la Defensa Pública, ordenando su inmediata libertad.

La magistrada Cándida Fleitas mencionó durante una entrevista a Judiciales TV, que la carga laboral que tiene tanto ella como sus colegas de sentencia, deben hacer malabarismos para cumplir con los juicios marcados.

Mencionó que la carga laboral es inmensa y que tratan de hacer todo lo humanamente posible para realizar los juicios marcados, reagendados, reenviados e incluso aquellas en los que están como suplentes.

Señaló que incluso suelen hacer juicios orales en horas de la tarde, pero no pueden contar con los funcionarios que ya tienen también sus actividades privadas fuera de su horario laboral y que por quedarse varias horas fuera de su horario no cobran horas extras. Que los que no tienen una actividad marcada se quedan pero que no pueden siempre contar con esa predisposición, que no es una obligación.

Agregó que, como una posible solución a la problemática de saturación de esta etapa del proceso, podría verse mecanismos como, que aquellos casos de acción penal privada sean llevados por magistrados diferentes. Que no todos los casos sean enviados a esta etapa, que aquellos en los que las partes pueden acordar, se haga en la etapa de Garantías. Que también podría ayudar de ser posible la integración de más Tribunales de Sentencia, para descomprimir esta etapa.

“Tenemos juicios agendados para dos o tres días, pero las circunstancias hacen que esa diligencia se extienda y estamos haciendo tres a cuatro juicios por día, tratamos de hacer lo humanamente posible. Hacemos juicios dos a tres horas en uno, luego entramos en otro, hacemos incluso a la tarde. Hacemos maravilla, no podemos negar lo que estamos pasando es una realidad.  Ciertos juicios no deberían llegar a sentencia, muchos casos, en la etapa incidental ya arreglan las partes, entonces pudo evitarse que ese caso llegue a juicio oral”

Por último, l doctora Cándida Fleitas, dijo estar preparada para afrontar el desafío de integrar un Tribunal de Sentencia en el Fuero Penal Especializado en Delitos Económicos y que agradecía la confianza que depositaron en ella, para el efecto.

Dionicio y Teresio Correa Fernández ambos costureros, por segunda vez son juzgados por un Tribunal de Sentencia. 

En setiembre del 2021 por unanimidad fueron absueltos de culpa y pena por los jueces Isabel Meza, Nancy Adorno y Julio Fernández Villalba tras un pedido de disculpas por error cometido contra ellos. 

Posteriormente en segunda Instancia el juicio se anuló porque faltaba la firma de un juez en el fallo quien estaba de permiso especial por salud. Mientras que el fiscal Ítalo Rienzi había apelado insistiendo que se trató de una duda razonable y no una absolución. 

El expediente se reenvío a un nuevo Tribunal de Sentencia y este lunes se inició el juzgamiento público por segunda vez, en Fernando de la Mora. 

Dionicio y Teresio lamentan perder días de trabajo por un error, por un hecho que no cometieron. Ambos trabajan como costureros y ya perdieron mucho. 

«Una vez más en un lugar incómodo. En el banquillo de los acusados. Después de ser absuelto hace un año nos sentimos esclavos de la justicia. Llevamos ya cinco años en este proceso y es muy pesado para mí además de mi hermano. Pero vamos a seguir adelante, le pido a la justicia que juzgue con la verdad porque ya sufrimos mucho», relató con mucha importancia el Costurero. 

Por su parte el fiscal Ítalo Rienzi se mantiene en su postura. «Hay que respetar el principio de inocencia, pero también el derecho de la víctima.  La prueba fundamental para la fiscalía es la declaración de la víctima donde reconoció al presunto autor de robo. El testigo dijo que Dionisio le apunto con el arma y Teresio manejaba la moto por el cabello que salía del casco», explicó.  

El Tribunal de sentencia para este nuevo juicio oral está integrado por los jueces Raúl Nazer, Rylsi Ortiz y Natalia Muñoz.

Una persona condenada a 25 años de libertad obtuvo la reducción de su condena a 15 años de cárcel, tras un recurso radicado por su defensor público.

El Defensor Público de Ybycuí Benicio Ruiz Román, planteó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un Recurso Extraordinario de Casación a favor de su defendido, que en fecha 26 de noviembre del año 2020 fue condenado en juicio oral y público, por el hecho punible de homicidio doloso, a la pena privativa de libertad de 25 años.

El Defensor Público interviniente interpuso Recurso de Apelación Especial, alegando violación de reglas procesales y del derecho material, recurso que fuera rechazado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Paraguarí en fecha 7 de mayo de 2021, confirmando la condena. El Defensor Público de nuevo interpuso Recurso Extraordinario de Casación por considerar que la resolución fue infundada, solicitando la nulidad de los fallos.

Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 05 de setiembre 2022, resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de casación, declarar la nulidad total del fallo de segunda instancia y declaró la nulidad parcial de la Sentencia condenatoria del Tribunal de Sentencia, rectificando la pena impuesta, dejándola establecida en 15 años de pena privativa de libertad.

El juez José Agustín Delmás convocó para el 4 de octubre a las 8:30 al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio para imposición de medidas, dentro del proceso que afronta por supuesto cohecho pasivo agravado. 

Delmás citó a las partes bajo apercibimiento, debido a que la convocatoria para la misma diligencia fue suspendida en la primera oportunidad, advirtió de los deberes que tienen las partes y del comportamiento de imputado dentro del proceso. 

El magistrado también advirtió a la defensa a cargo del abogado Guillermo Duarte de posibles sanciones disciplinarias que se le podrían aplicar si no mantiene un comportamiento debido hacía la figura del magistrado.

La imputación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto pasado, tiene 24 páginas y relata un supuesto vínculo del exministro con el narcotraficante. Señala el escrito de imputación, que Marcus Vinicius, buscó ser proveedor del Estado y mantuvo un vínculo con ese fin con el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. La intención de Vinicius era la de proveer chalecos antibalas y de vehículos blindados al Estado y para ese efecto mantuvo contacto personal y cercano con Giuzzio, “Quien, en pleno ejercicio de funciones como ministro del interior, habría aceptado el blindaje de una patrullera de la policía, en concepto de cortesía, como así también el préstamo de un vehículo a título gratuito para su uso personal, para un viaje privado en Brasil” relata la imputación.

El contacto entre Giuzzio y Vinicius se dio vía WhatsApp y el contacto se inició desde julio del 2021, en la que supuestamente el entonces ministro Giuzzio operó personalmente para que el narcotraficante sea un proveedor del Estado.

El Ministerio Público pide la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Arnaldo Giuzzio, pero sí que se apliquen medidas para sujetarlo al proceso como la prohibición de salida del país, la de acercarse al ministerio del Interior y la Senad.