El abogado Álvaro Arias explicó en ABC TV, que no se pudo probar durante el juicio que efectivamente su cliente, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raul Fernández Lippmann se haya enriquecido ilícitamente con dinero producto del esquema montado en el JEM.

El defensor comentó que pedirá la nulidad de la causa por defecto de forme y de fondo, ya que los hechos atribuidos a su representado no fueron probados sin embargo fue sentenciado a una pena de siete años de cárcel.

Mencionó que incluso el Ministerio Público introdujo en sus alegatos finales una cuestión que no fue debatido en el juicio a su cliente. Que el propio perito de la fiscalía dijo que existía correspondencia patrimonial entre los ingresos y egresos de Fernández Lippmann incluyendo el dictamen de la Contraloría que dijo que también existía correspondencia.

Recordó que un tribunal de alzada ya había anulado el juicio anterior por errores de forma porque se había suspendido el juicio por más de diez días, situación que también ocurrió en este caso.

Agregó que el próximo 17 de mayo le vence a la defensa el plazo para presentar la apelación especial. Que versará sobre las cuestiones de forma y también por que el tribunal solo hizo un copia y pega de los argumentos de la fiscalía adjunta sin hacer un análisis de lo que se produjo realmente en el juicio oral.

La reconocida abogada y jueza de sentencia de Capital, Sandra Farías, ha anunciado su renuncia al Poder Judicial después de una destacada carrera de 40 años en el sistema de justicia. En una entrevista con Judiciales TV, Farías explicó que ahora se dedicará a la profesión de abogada.

En la entrevista, la jueza jubilada habló sobre lo difícil que es ser juez de sentencia en la actualidad debido al alto nivel de saturación de causas en esta etapa del proceso. Farías explicó que ser juez de sentencia implica una enorme responsabilidad ya que tienen prohibido fallar. También destacó la importancia de trabajar en equipo y la necesidad de un diálogo entre los jueces de sentencia y garantía para manejar los casos de manera más eficiente.

Farías, quien fue nombrada en 1982, juzgó casos de gran trascendencia, incluyendo el del expresidente Luis Ángel González Macchi, el caso del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, Cecilia Cubas, casos de narcotráfico y otros de impacto. En la entrevista, también habló de cómo comenzó su carrera en el Poder Judicial a la edad de 12 años y cómo su pasión por la justicia la llevó a dejar sus muñecas para recibir expedientes.

La renuncia de la abogada y jueza de sentencia de Capital, Sandra Farías, marca el final de una larga y destacada carrera en la administración de justicia y el inicio de una nueva etapa como abogada en ejercicio. Su legado y experiencia son un ejemplo para seguir para las generaciones futuras de abogados y jueces comprometidos con la justicia y el bienestar de la sociedad.

El juez Yoan Paul López, decretó la prisión preventiva del excandidato presidencial Paraguayo Cubas, imputado por chicos hechos punibles, tras las violentas manifestaciones por supuesto fraude en las últimas elecciones generales.

El magistrado dispuso que permanezca en la Agrupación Especializada donde cumplirá la medida por diez días y si no hay otra resolución judicial diferente, pasará a guardar reclusión en una penitenciaria que decida el Ministerio de Justicia.

El magistrado explica en su resolución que, se encuentran todos los requisitos para decretar la prisión preventiva del acusado, como que está latente el peligro de fuga, además de la mala conducta procesal del imputado y que el tipo de conducta que se le atribuye al imputado y por la etapa del proceso investigativo podría obstruir la investigación y es por ello que decidió la aplicación de la medida de prisión preventiva.

En la tarde de ayer viernes, fue detenido el expresidenciable tras la orden emanada del Ministerio Público. Hoy se desarrolló la audiencia de imposición de medidas al imputado por medios telemáticos momento en que el procesado aprovechó para emitir todo tipo de improperios hacia el magistrado que llevó adelante la audiencia.

Cubas fue imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia.

El juez penal de Garantías José Agustín Delmás, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal contra Joaquín Roa Burgos y decretó su prisión preventiva.

Este viernes se sustanció la audiencia de imposición de medidas respecto al imputado exministro de la SEN, quien compareció ante al magistrado en la fecha en compañía de su abogado defensor. Roa cumplirá la prisión preventiva en una cárcel que determine el Ministerio de Justicia.

La imputación formulada por el Ministerio Público refiere que Roa Burgos habría otorgado millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Alberto Koube Ayala a cambio de bienes materiales, incluyendo una embarcación de la marca «Azimut» valorada en 450.000 dólares.

El exministro también habría convocado a licitaciones públicas utilizando la Ley de Emergencia Nacional para beneficiar económicamente a Koube Ayala y a sí mismo, direccionando las contrataciones directas siempre en beneficio del mismo empresario y sobrefacturándolas, lo que representó un perjuicio al patrimonio de la institución.

Las empresas beneficiadas por las licitaciones otorgadas por el exministro fueron Tapiracuai S.A, Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala, todas vinculadas a Koube Ayala.

Este viernes continuó el juicio oral y público que se le sigue al diputado Miguel Cuevas, acusado por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

La diligencia se desarrolla en la etapa de producción de pruebas documentales ofrecidos por la fiscalía. Los documentos agregados en los tomos ocho y nueve de la carpeta investigativa se produjeron hoy al reiniciarse el juicio oral y público.

Los documentos ingresados por su lectura al juicio tienen relación con los informes de cuando el acusado asumió en cargos públicos, los ingresos que generó, así como sus actividades pecuarias, entre otros.

La fiscalía sostiene que el diputado Miguel Cuevas no pudo justificar la suma en su patrimonio de G. 5.494.829.490 ganancias obtenidas entre los años 2009 y el 2019. 

Por otro lado, la defensa insiste que la cifra por la cual fue imputado y procesado el legislador es de G. 1.705.315.135.

El tribunal de sentencia está integrado por la jueza Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera.

La defensora general Lorena Segovia, informó que la Defensa Pública está representando a la mayoría de las personas imputadas por los disturbios que tuvieron lugar después de las elecciones del domingo pasado. Segovia hizo un llamado a que se aplique la prisión preventiva de manera racional.

La Defensa Pública está asumiendo la defensa técnica de la mayoría de las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones poselectorales, a petición de los mismos. Segovia destacó que la aplicación de la prisión preventiva debe ser racional y que el sistema penitenciario, que ya está en emergencia, no es el lugar para resolver conflictos. Además, agregó que se deben respetar los criterios legales para su aplicación.

La máxima autoridad del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) también afirmó que, como Estado, tienen la obligación de garantizar tanto el derecho a la protesta como el derecho a la defensa.

Desde el martes pasado, varios defensores públicos han estado acompañando a los detenidos en audiencias de imposición de medidas. Los delitos imputados a los manifestantes, seguidores de Paraguayo Cubas, son la perturbación de la paz pública y la resistencia.

La Defensora General está instando a las autoridades a que apliquen la prisión preventiva con criterios claros y justos, y a que se respeten los derechos de los manifestantes detenidos.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Elsa García, citó a las partes para el próximo 12 de mayo para dar a conocer la decisión sobre los incidentes de inclusión y exclusión probatoria presentado por las partes.

En esta causa están enjuiciados los empresarios Justo y Patricia Ferreira al igual que, el despachante de aduana Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molina, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

La acusación fiscal sostiene que los acusados crearon un esquema para defraudar al Estado paraguayo con insumos chinos no aptos para combatir el COVID-19.

La causa fue abierta contra los propietarios de la firma Insumos Médicos por ingresar al país 50 camas de terapia intensiva y otros insumos que no cuentan con los registros pertinentes e intentaron venderlas al Ministerio de Salud. Estos insumos iban a ser utilizados en la lucha contra el COVID-19. Para el Ministerio Público queda claro el esquema delictivo montado por el Clan Ferreira para perjudicar al Estado.

La presidenta del tribunal de esta causa Elsa García, preside también otros tribunales, de juicios que están en pleno desarrollo como el caso de Miguel Cuevas y Oscar Núñez. Los jueces de esta etapa se encuentran saturados de causas y desarrollan los juicios orales por días y horas ajustando sus agendas para cumplir con las partes.