La señora Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, quien fuera asesinado en mayo del año pasado en Colombia, ha solicitado la condena a cadena perpetua para los responsables del crimen de su hijo.

Tras conocerse la sentencia a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, involucrados en el caso, Albertini habló para Red Noticias de Colombia, donde expresó su deseo de que los responsables sean castigados con la pena máxima.

Aunque reconoce que las leyes colombianas no contemplan la cadena perpetua, la madre de la víctima considera que los criminales merecen morir en prisión. «Es el sentimiento de todo el pueblo paraguayo», declaró durante la entrevista.

Albertini también destacó la rápida actuación de la justicia colombiana en la condena a la mayoría de los autores materiales del atentado contra su hijo, quien fue asesinado en las islas de Barú mientras disfrutaba de su luna de miel. La madre del fiscal asegura que seguirá luchando hasta que todos los responsables estén tras las rejas y pague por lo que hicieron.

En audiencia reservada, un juzgado de Cartagena condenó por homicidio agravado y porte de armas agravado a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, a 306.9 meses de prisión, lo que equivale a 25 años y 6 meses de cárcel.

Según quedó probado en juicio, ambos fueron estructuradores y financiadores del crimen del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo en la isla de Baru, Colombia.

«Los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y a la investigación que demostró que los dos sentenciados sostuvieron varias reuniones con otros involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles. Asimismo, quedó acreditado que dispusieron de 1.600 millones de pesos para ejecutar la acción criminal», señala el medio digital Colombia.com.

Los hermanos Pérez Hoyos fueron los que pagaron al también detenido en la causa Francisco Luis Correa Galeano, acusado de ser el principal responsable del homicidio del fiscal Pecci. Este a su vez contactó con las demás personas que realizaron el seguimiento de los pasos del fiscal y su esposa durante su luna de miel con Cartagena, además de la ejecución.

Guillermo Duarte, abogado defensor de Friedmann y su esposa Marly Figueredo, afirmó a Judiciales TV que el pedido de sobreseimiento definitivo para sus clientes está ajustado a derecho debido a que las supuestas evidencias del entonces fiscal del caso, Osmar Legal, desaparecieron.

El defensor mencionó que al fallecer Torales, testigo que también fue imputado y el único que los conectaba con el supuesto hecho punible investigado inicialmente -la administración en provecho propio- se comprobó que nunca existió. Agregó que incluso el teléfono que Torales dejó como evidencia se probó que estaba siendo manipulado en todo momento y, por ende, no se pudo introducir como medio de prueba en el expediente.

“La supuesta evidencia de Osmar Legal desapareció con el fallecimiento de Torales, el testigo del Ministerio Público, quien también estaba imputado. Recordarán que era un caso sui géneris donde Torales confesaba que cometió un hecho punible, pero a él nunca le acusaron. Comprobamos que luego de que Torales entregó su celular como evidencia, eso se estaba manipulando en una escribanía por fuera de ley y bueno eso es lo que la fiscal Victoria Acuña analizó y dijo que no se podía introducir en la causa”, señaló el abogado defensor Guillermo Duarte.

Duarte aclaró que aquí no se habla de que haya faltado o que se haya desviado fondos de la merienda escolar, sino que la firma adjudicada para proveer la merienda escolar estaba supuestamente vinculada al entonces gobernador Friedmann, situación que tampoco ocurrió.

El juez de la causa José Agustín Delmás, fijó para el 18 de mayo la audiencia preliminar en la analizará el pedido de la fiscal Victoria Acuña, quien requirió el sobreseimiento definitivo de todos los procesados.

Según el reporte de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, de las 155 audiencias fijadas por los jueces penales de garantía en Capital, solo se pudieron desarrollar 78 de ellas. El informe refleja los resultados del 24 al 28 de abril pasado y representa un total del 50% de audiencias preliminares señaladas que terminan suspendidas.

Las diligencias terminan suspendidas por diferentes razones, siendo el motivo principal de la suspensión por pedido de las partes. De acuerdo con el informe, durante la citada semana se detalla que se diligenciaron el 50% de las audiencias programadas, lo que corresponde a 78 realizadas, mientras que 77 fueron suspendidas, representando esto un 50%.

De las 77 audiencias preliminares suspendidas, 46 fueron por pedido de suspensión, 24 por incomparecencia, 2 por planteos procesales, 3 por renuncia o cambio de defensa, 1 por falta de notificación y 1 por falta de traslado desde la penitenciaría.

El informe contempla las audiencias preliminares programadas por los juzgados penales de Garantías de Capital y de Delitos Económicos, los juzgados Penales de la Adolescencia Primer Turno y Segundo Turno, y los especializados en Crimen Organizado, primer, segundo y tercer turno.

La fiscal Victoria Acuña ha solicitado al juez penal de garantía la desvinculación definitiva del proceso abierto contra Rodolfo Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otros procesados en la causa conocida como merienda escolar.

Según el dictamen de la agente fiscal, el Ministerio Público no tiene elementos suficientes para avanzar en este proceso. El pedido de sobreseimiento definitivo también es requerido para Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez.

Inicialmente, el Ministerio Público había acusado a los procesados de ser partícipes de un esquema delictivo en el que Friedmann, durante su administración al frente del Gobierno Departamental de Guairá, autorizó y suscribió un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que él mismo controlaba y dirigía. Hoy, sin embargo, la Fiscalía no tiene elementos para sostener que haya existido el hecho punible sospechado al inicio de esta causa. El juez penal de garantía deberá fijar una audiencia preliminar para analizar el requerimiento fiscal.

Según el dictamen de la fiscal Victoria Acuña, el proceso abierto a Friedmann, Figueredo y otros procesados en la causa conocida como merienda escolar se sustentaba en la falta de pruebas concretas. La fiscal argumentó que la acusación original se basaba en suposiciones y conjeturas, y que los elementos recopilados por el Ministerio Público durante la investigación no eran suficientes para fundamentar una solicitud de apertura de la causa a juicio oral.

El pedido de sobreseimiento definitivo también es requerido para Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, todos procesados en la misma causa. El juez penal de garantía de la causa deberá fijar una audiencia preliminar para analizar el requerimiento fiscal y decidir si acepta el sobreseimiento definitivo de los acusados.

La causa conocida como merienda escolar ha sido una de las más polémicas de los últimos tiempos en el país, debido a las acusaciones de corrupción que se hicieron contra las autoridades locales. A pesar de que la fiscalía argumentó inicialmente que los acusados habían participado en un esquema delictivo, el pedido de sobreseimiento definitivo de la fiscal Victoria Acuña pone fin a un largo proceso judicial y deja en claro que no existen pruebas concretas que sustenten las acusaciones en su contra.