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Fiscal general busca aplicar gestión de control y realiza ajustes en el Ministerio Público

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, concedió una entrevista a Judiciales TV en la que habló sobre los cambios que se están llevando a cabo en el Ministerio Público para mejorar su gestión y servicio al pueblo.

Rolón Fernández afirmó que están plasmando lo prometido en la audiencia pública y que seguirán trabajando en la misma línea que ya se ha asentado en las regiones con los fiscales adjuntos. Además, destacó que es el fiscal quien debe dirigir el operativo desde el escenario del crimen, lo cual es un reajuste necesario.

Por otro lado, el fiscal general reconoció que ha habido denuncias presentadas contra agentes fiscales de zonas fronterizas por «aprietes y adelantos». Para abordar esta problemática, se han establecido líneas de control de zonas y comarcas con rotaciones efectivas, con el objetivo de evitar la existencia de componendas, roscas, aprietes, adelantos y recaudadores.

Rolón Fernández también se refirió a la información recibida por el Ministerio Público por parte de la Embajada de los Estados Unidos, señalando que aún no tiene carácter de evidencia y que es tarea de la Fiscalía buscar la evidencia necesaria.

Por último, al ser consultado sobre los compatriotas recientemente declarados como significativamente corruptos, Jorge Bogarín Alfonso, Vicente Ferreira y Edgar Melgarejo, el fiscal general no realizó comentarios al respecto.

En resumen, el fiscal general del Estado está aplicando una gestión de control y realizando ajustes en el Ministerio Público para mejorar su eficiencia y servicio al pueblo. Se han establecido líneas de control y rotaciones efectivas para evitar la existencia de prácticas corruptas, y se está trabajando para encontrar la evidencia necesaria en casos relevantes.

Fijan fecha de preliminar para los primeros acusados del caso «A Ultranza»

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La jueza Rosarito Montanía fijó para el próximo 20 de junio a las 9:00 h la audiencia preliminar para los 14 primeros acusados de formar parte de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de droga en el marco del caso «A Ultranza», el operativo más grande en la historia del Paraguay contra el crimen organizado.

El agente fiscal Deny Pak presentó la acusación contra 14 personas, entre las que se encuentra el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas acusadas en la causa. La audiencia preliminar fue establecida por la jueza Montanía luego de ser confirmada para entender en el proceso abierto contra toda la estructura del crimen organizado.

El Ministerio Público imputó en esta causa a más de 27 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África. Trece de los imputados ya se encuentran en prisión preventiva. El considerado líder del esquema es Alberto Koube, quien es uno de los principales exponentes de la organización, al igual que Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, detenido en Brasil y cuya extradición ya fue concedida.

El operativo «A Ultranza» contó con la colaboración de la DEA, la Europol y la Policía de Uruguay, y ha dejado al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico. Además, se incautaron bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares, consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y helicópteros, así como documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico).

Defensa de acusado en caso Imedic presenta incidentes probatorios en su defensa

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El defensor público Martín Muñoz, quien representa a Carlos Gamarra, uno de los acusados en el caso Imedic, presentó sus incidentes de inclusión y exclusión probatoria en beneficio de su representado.

Además, negó la existencia del hecho punible de contrabando y solicitó que se admita como prueba documental el AS 355 del Tribunal de Cuentas, que revoca la decisión de la Dirección de Aduana que había calificado la infracción administrativa como contrabando.

Muñoz también presentó un incidente de prejudicialidad debido a que la decisión favorable a su representado aún no está firme, ya que está impugnada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El defensor público cuestionó que su cliente no haya sido escuchado por el tipo penal de asociación criminal, ya que en principio solo lo habían indagado como cómplice de contrabando, dejándolo en estado de indefensión. Además, cuestionó el monto del perjuicio patrimonial presentado por el Ministerio Público en la causa.

En este proceso penal, se encuentran acusados Justo y Patricia Ferreira, propietarios de la firma Imedic, y también funcionarios de Aduanas, quienes según la acusación fiscal, fueron cómplices del Clan Ferreira.

Ministros de Justicia de Paraguay y Colombia fortalecen lazos

El ministro de Justicia, doctor Alberto Daniel Benítez Romero, y el ministro de Justicia y Derecho de Colombia, doctor Néstor Osuna Patiño, mantuvieron una importante reunión en el Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia.

Durante el encuentro, ambos ministros destacaron la importancia del fortalecimiento de los lazos entre las carteras de justicia de ambos países, con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de capacitación de los agentes penitenciarios, política criminal e inteligencia penitenciaria, enfatizando la humanización de todo el sistema.

Asimismo, se conversó sobre temas relacionados con el acceso a la justicia, casas de justicia y convivencia ciudadana, entre otros. Los ministros coincidieron en el impacto positivo que generan las “Casas de Justicia” en las zonas que requieren mayor presencia institucional, espacio en el cual se brinda servicios de información, orientación y conciliación de conflictos, a los efectos de promover las condiciones de igualdad entre todos los ciudadanos.

El ministro Osuna destacó el acercamiento y la relación de amistad que existe entre ambos países, mientras que el ministro Benítez Romero agradeció las atenciones recibidas y manifestó su interés en conocer el trabajo, especialmente en el manejo penitenciario en Colombia, y comentó las experiencias del Paraguay en las áreas abordadas.

La reunión contó con la participación de la embajadora de Paraguay en Colombia, Sophia López Garelli; el ministro de la Embajada de Paraguay en Colombia, Francisco Barreiro Perrotta; la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de Paraguay, abogada Claudia Sosa; y la consejera de la Embajada del Paraguay en Colombia, María Romy Romero. Por parte de Colombia, participaron, el director de Política Criminal y Penitenciaria, doctor Diego Olarte; y director de Asuntos Internacionales, doctor Nicolás Murgueitio.

La Defensora General se reunió con autoridades de la OEA en EE. UU.

La defensora general de Paraguay, Lorena Segovia, ha mantenido una serie de reuniones con autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y representantes de Paraguay ante este organismo, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre la OEA y la Defensa Pública.

En su visita a Estados Unidos, Segovia se reunió con la ministra Cecilia Pérez, representante de la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA, y el ministro Raul Martínez.

También mantuvo un encuentro con Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, para hablar sobre la posibilidad de desarrollar un Diplomado sobre Justicia Juvenil en el marco del convenio entre ambas instituciones.

Además, la defensora general participó en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensores Públicos, donde se trataron temas como la justicia restaurativa, la emergencia climática y los derechos humanos, así como el contenido y alcance del derecho al cuidado y su relación con otros derechos.

Estas reuniones buscan afianzar la colaboración entre la OEA y la Defensa Pública para mejorar el acceso a la justicia en Paraguay y en toda la región.

Procesan por cohecho a exministro de la SEN y a su amigo empresario

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El juez José Agustín Delmás ha procesado a Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entre agosto del 2013 y febrero del 2022, y a Alberto Koube Ayala, empresario vinculado al exfuncionario, por cohecho pasivo agravado, soborno agravado y lavado de dinero.

La imputación formulada por el Ministerio Público señala que Roa Burgos habría otorgado millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Koube Ayala a cambio de bienes materiales, incluyendo una embarcación de la marca «Azimut» valorada en 450.000 dólares.

El exministro también habría convocado a licitaciones públicas utilizando la Ley de Emergencia Nacional para beneficiar económicamente a Koube Ayala y a sí mismo, direccionando las contrataciones directas siempre en beneficio del mismo empresario y sobrefacturándolas, lo que representó un perjuicio al patrimonio de la institución.

La fiscalía ha ordenado la detención de Roa Burgos y la audiencia de imposición de medidas se llevará a cabo el próximo 8 de mayo. Las empresas beneficiadas por las licitaciones otorgadas por el exministro fueron Tapiracuai S.A, Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala, todas vinculadas a Koube Ayala.

Imparten curso de siembra de frutilla a reclusos de Tacumbú

Unos 25 reclusos participarán de técnicas de cultivo de frutillas en el penal de Tacumbú. La iniciativa forma parte de los programas de reinserción social impulsada por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública se complacen en informar el inicio del “Curso – Taller de siembra de Frutilla Orgánica” en la Penitenciaría Nacional, una iniciativa que busca fomentar la reinserción social de las Personas Privadas de Libertad (PPL) a través del cultivo de frutillas y materiales reciclados.

Durante el curso, 25 PPL tendrán la oportunidad de aprender técnicas de cultivo vertical de frutillas, incluyendo el preparado del suelo, siembra y trasplante, regadío y drenaje, eliminación de plagas y cosecha de la fruta. Todo ello será impartido por instructores de la Organización Limpiando Mi Ciudad Paraguay (LMC.PY), con el presidente de la organización, Nobuhiko Ishiy, a la cabeza del desarrollo del curso.

Además, el proyecto tendrá un enfoque ambiental y de reciclaje, ya que se utilizarán materiales reciclados en el proceso de cultivo. Al finalizar el curso, los participantes recibirán sus certificaciones, las cuales podrán ser utilizadas como una herramienta para incursionar en el mundo de los agronegocios.

La producción se llevará a cabo en la huerta orgánica “Nuevos Brotes” de Alejandro Henriquéz, una PPL que promueve el cultivo de hortalizas orgánicas en el Pabellón D del penal de Tacumbú. En este sitio, ya se están preparando la huerta convencional y las macetas, que no son otra cosa que botellas de plástico en desuso en disposición vertical.

La huerta vertical de frutillas es una técnica de cultivo que consiste en colocar las plantas en disposición vertical, en lugar de en el suelo. De esta manera, se optimiza el espacio y se pueden cultivar más plantas en un área determinada. Además, se utiliza menos agua y se reduce el impacto ambiental, ya que se puede reciclar materiales como botellas de plástico en desuso para hacer las macetas. Esta técnica es muy útil para cultivos en espacios reducidos como jardines urbanos, terrazas o incluso en prisiones, como es el caso del proyecto en la Penitenciaría Nacional.

Este proyecto del Ministerio de Justicia es posible gracias al apoyo del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) bajo el nexo de la asesora de Rosa Zárate, con el acompañamiento del director del Penal Julio Balbuena, y el enlace de reinserción social de la Cartera de Justicia Lourdes Medina.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia, en cooperación con instituciones comprometidas, garantiza espacios en donde las PPL puedan desarrollar actividades productivas basadas en conocimientos adquiridos dentro de la prisión, lo que contribuye a una efectiva reinserción social.

Red de trata desarticulada en operativo internacional conjunto

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Autoridades del Ministerio Público de Paraguay y España llevaron a cabo un exitoso operativo que permitió desmantelar una red internacional dedicada a la trata de personas. La investigación en Paraguay fue liderada por la Unidad de Contra la Trata de Personas a cargo de la fiscal Matilde Moreno, junto con la agente Carina Sánchez.

En allanamientos simultáneos realizados en España y Paraguay, se logró rescatar a seis víctimas que habían sido llevadas bajo engaño a territorio español para ser explotadas sexualmente. Además, se detuvieron a doce personas que integraban esta organización criminal, entre ellos se encontraba el cantante OG Selu.

Durante los procedimientos se incautaron varios elementos como vehículos, dinero en efectivo, cheques, pagarés, títulos de propiedad y celulares que el Ministerio Público tratará de convertir en evidencias del caso.

Los allanamientos en Paraguay se llevaron a cabo en las ciudades de Ñemby, Fernando de la Mora y Lambaré. La cooperación entre ambos países fue fundamental para lograr desbaratar esta red de trata de personas.

En el 2022, más de 100 ciudadanas paraguayas fueron víctimas de este flagelo. La desarticulación de esta organización criminal es un importante paso en la lucha contra la trata de personas en la región.

Corte reglamenta suspensión de magistrados

A propuesta del ministro Víctor Ríos el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó este miércoles la acordada que reglamenta el proceso de suspensión preventiva de magistrados como medida cautelar.

La acordada delimita las condiciones en que se dará la suspensión preventiva de los magistrados ante  la comunicación de posibles irregulariddes cometidas en el ejercidio de sus funciones.

En la propuesta inicial el ministro Ríos propuso que la suspensión del afectado sea con goce de sueldo y que sea escuchado por el pleno de la Corte en audiencia pública.

Luego de varias sesiones en la que se debatió la propuesta y los ministros acercaron sus propuestas como la de poner fecha límite a la suspensión temporal, se aprobó en la sesión plenaria de la fecha.

El ministro proponente había referido a nuestro medio que su iniciativa fue para reafirmar que el debido proceso es sagrado. “El debido proceso debe ser respetado en todos los procesos administrativos, penales o políticos de los cuales puede derivar una sanción por lo menos según la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos” dijo Víctor Ríos.

La Corte anula orden de captura contra Belén Whittingslow

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de un juzgado que decretó la captura de la joven Belén Whittingslow, quien se encuentra refugiada en Uruguay.

La Sala Constitucional de la Corte declaró inconstitucional la orden de captura ordenada en su momento por la jueza Lici Sánchez. Luego de numerosos urgimientos presentados por la joven la CSJ decidió con voto en mayoría hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la decisión del juzgado.

El preopinante el ministro Víctor Ríos señaló que la resolución hoy declarada inconstitucional, realizó una interpretación externsiva del CPP y violó el derecho a la defensa y a tener acceso al expediente a la recurrente.

Con los votos del ministro Ríos y el camarista Guido Coco, la máxima instancia deja sin efecto la orden de captura que pesaba contra la joven estudiante que había denunciado en su momento por acoso sexual a su profesor Cristian Kriskovich. Votó en disidencia la camarista Stella Maris Zárate.

La joven se había refugiado en Uruguay y su madre hace meses se instaló en el tribunal como medida de protesta para que la Corte trate la cuestión y finalmente hoy hoy logró su cometido.

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