La pena alta aplicada a los exministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy, fue calificada de histórica por el agente fiscal Rodrigo Estigarribia, quién investigó y sostuvo la acusación durante el juicio oral y público.

En comunicación con Judiciales TV, el fiscal afirmó que la teoría del caso fue ampliamente probada con la declaración de los testigos, quienes debían recibir la asistencia que nunca llegó. Calificó de histórico que exministros hayan sido sentenciados a penas elevadas por lesión de confianza y estafa.

“Se logró confirmar la teoría del caso, que fue ampliamente probado en juicio oral. Hicieron desembolsos a favor de supuestas fundaciones, para ayudar a comunidades de escasos recursos, pero con las testificales se demostró que no llegaron. Se intentó justificar creando rendiciones de cuenta que no fueron exactos, no llegó a destino los G 68.000 millones” acotó el fiscal Rodrigo Estigarribia.

Por otro lado, también habló el agente fiscal acerca de si el perjuicio patrimonial demostrado en este juicio puede ser recuperado por el Estado. Dijo que la causa llegue la causa a ejecución, la Procuraduría podrá iniciar las acciones reparatorias.

Finalmente, el agente fiscal mostró su satisfacción porque los órganos jurisdiccionales hayan actuado con rapidez para una causa de esta envergadura no quede impune.

Hace un año, el fiscal delegado de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado mientras estaba en su luna de miel en la isla Baru, Colombia. A pesar de que se han detenido y condenado a varios de los autores materiales, todavía no se ha determinado quién ordenó el asesinato y el motivo detrás del mismo.

Entre los nueve detenidos, seis han sido condenados como autores materiales del asesinato. Se sabe que se pagaron unos 500 mil dólares para el crimen coordinado por organizaciones transnacionales de la región, pero aún no existe claridad sobre los autores intelectuales.

El hecho puso en alerta a las autoridades colombianas, ya que es la primera vez que se registraba un magnicidio con estas características en toda la región. Desde Paraguay también viajaron investigadores a Colombia para colaborar con sus pares y brindar datos de las causas que investigaba Pecci en nuestro país.

Entre los detenidos, se encuentran los sicarios identificados como Wendret Still Carrilo, quien disparó y mató al fiscal Marcelo Pecci, y Gabriel Salinas, quien conducía la moto acuática que llevó al tirador. Eveirson Arrieta, encargado del transporte terrestre, también fue condenado a 24 años.

Además, Marisol Londoño y su hijo Cristhian Monsalve realizaron el seguimiento del matrimonio Pecci desde que llegaron a Colombia, dieron la ubicación del fiscal en la isla de Barú para ejecutar el homicidio, y ambos fueron condenados a 24 años tras aceptar los cargos.

Francisco Correa fue el coordinador del asesinato y fue contratado para materializar el crimen. Aún está en proceso judicial y primero negó los cargos, pero luego confesó el hecho y brindó datos.

Los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos formaron parte de la logística del crimen y entregaron el dinero a Francisco Correa para financiar el homicidio. Fueron condenados a 25 años y medio tras declararse culpables.

Por último, Margareth Chacón es considerada el cerebro de la operación y tiene el secreto de quién pagó el medio millón de dólares por la vida del fiscal Marcelo Pecci. Sobre Chacón estaría el mandante, presuntamente un poderoso narcotraficante de la región cuya identidad se mantiene en el anonimato. Fue detenida en El Salvador y su causa aún está en proceso.

A pesar de los avances en la investigación y la condena de los autores materiales, la incógnita sobre el autor intelectual y el motivo detrás del crimen sigue siendo un misterio. La fiscalía General de Colombia asegura que hicieron todo lo que les correspondía y que ahora Paraguay debería llegar hasta el autor intelectual del crimen.

La fiscal Alicia Sapriza de la Unidad Contra el Crimen Organizado de Paraguay ha explicado que se trata de poderosas mafias y que aún están investigando las diferentes hipótesis para llegar a la verdad. Según Sapriza, «Es una estructura muy grande de narcotraficantes que operan a nivel transnacional. Seguimos intercambiando datos con Colombia de acuerdo a lo que van proporcionando los hoy detenidos». Sin embargo, ni las autoridades colombianas ni paraguayas han nombrado a la estructura en cuestión.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Enzo Cardozo y Rody Godoy por desviar G. 68.000 millones del MAG destinados a productores frutihortícolas. La sentencia ya firme debe ser cumplida por los condenados una vez que baje la causa a ejecución.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha confirmado la condena de siete años de cárcel a Rody Godoy y diez años de cárcel a Enzo Cardozo por el delito de lesión de confianza y estafa, al desviar G. 68.000 millones del Ministerio de Agricultura destinados a productores frutihortícolas.

La condena queda firme después de que se declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por las defensas de los condenados.

Además de Cardozo y Godoy, María Estela Azuaga Fleitas, exdirectora de administración finanzas del Ministerio de Agricultura, también fue condenada en esta causa. Durante el juicio oral se probó que los tres acusados desviaron los fondos en cuestión. La acusación fue presentada en septiembre de 2014.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Sala Penal Carolina Llanes y los camaristas Bibiana Benítez y Arnulfo Arias.

La justicia ordenó la extracción datos de teléfonos de Paraguayo Cubas, acusado de perturbación de la paz pública y sospechas de amenazas a ministros.

El juez Julián López autorizó que el Ministerio Público extraiga información de los dispositivos del procesado, los cuales se sospecha que fueron utilizados para amenazar a los ministros de la Justicia Electoral y convocar a sus seguidores.

Los puntos de pericia establecidos por el juez incluyen la extracción de registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes y borradores, archivos multimedia y todos los contenidos de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Cubas se encuentra en prisión preventiva desde el pasado sábado, cuando el juez Yoan Paul López determinó que era la medida adecuada debido al riesgo de fuga y su resistencia a los mandatos judiciales.

El equipo de fiscales a cargo de la investigación contra Cubas está conformado por Francisco Cabrera, Deny Yoon Pak y Jorge Arce, y se enfoca en la denuncia presentada por los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Además de la imputación por perturbación de la paz pública, el Ministerio Público también ha imputado a Cubas por amenaza de hechos punibles, intento de impedimento de las elecciones, intento de coacción a órganos constitucionales y resistencia.

Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel presentaron una apelación especial contra la sentencia que absolvió de culpa y reproche al exministro del MUVH Danny Durant, por declaración falsa.

Los fiscales recurrieron en apelación la decisión del tribunal en mayoría que absolvió a Durand por declaración jurada falsa, por considerar que mentir en una declaración jurada y más aún aumentando el patrimonio, no constituye un hecho punible.

El Ministerio Público acusó al exministro de mentir en su declaración jurada falsa y al intentar corregir meses después vuelve a asentar bienes que ya no le correspondía.

Los fiscales señalan en el escrito de apelación que, la interpretación del tribunal en mayoría es una invitación para falsear declaraciones juradas por parte de los funcionarios público ya que no tendría ninguna sanción el mentir ante la Contraloría.

Alegas además los fiscales que el fallo contine vicios insuperables como una insuficiente fundamentación, así como la inobservancia de preceptos legales y la errónea aplicación del derecho por lo que el fallo debe ser anulado y vuelto a ser estudiado por otro tribunal de sentencia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado el recurso de reposición presentado por la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo, en contra de la condena de dos años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.

El fallo, que confirmó la sentencia en marzo pasado, ya había quedado firme, y el expediente había sido enviado para su ejecución. Sin embargo, la presentación de este último incidente estaba impidiendo que se cumpliera con la sentencia condenatoria.

Cardozo fue condenada a cumplir dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena a prueba por lesión de confianza, debido a un perjuicio patrimonial estimado en más de G 2.400 millones. La causa también involucra al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quien también fue condenado por su participación en la compra directa de víveres sobre facturados destinados al Chaco en tres departamentos que habían sido declarados en emergencia.

Cabe mencionar que la lesión de confianza se refiere a la utilización indebida de los recursos del Estado para fines distintos a los establecidos por la ley. En este caso, tanto Cardozo como el exdirector de la UOC realizaron la compra directa de víveres para enviarlos al Chaco, sin seguir los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente y sin realizar una licitación pública, lo que dio lugar a la sobre facturación de estos.

La sentencia condenatoria de Cardozo y del exdirector de la UOC representa un importante avance en la lucha contra la corrupción en el país, ya que demuestra que el uso indebido de los recursos del Estado no quedará impune. Además, es importante destacar que la justicia debe ser aplicada de manera igualitaria para todas las personas, sin importar su cargo o posición social.

La jueza de sentencia Mesalina Fernández es una de las magistradas designadas por la Corte para llevar de manera exclusiva los juicios de acción penal privada.

La magistrada comentó a Judiciales TV, que desconoce cuál fue el criterio de la Oficina Técnica Penal para decir que este sería uno de los mecanismos para descomprimir el sistema penal, comentó que las dos magistradas designadas para los casos de acción penal privada, manejan 250 causas en cada despacho, más las nuevas causas que ingresan.

Dijo que particularmente para ella no constituía un problema llevar adelante las acciones penales privadas, porque son juicios mucho más relajados, el problema radica según mencionó en los juicios de acciones penales públicas.

Agregó que a la saturación de causas sigue en lo mismo, que la Oficina Técnica Penal debe estar integrada por un juez de sentencia para establecer un canal fluido de comunicación es un fuero abandonado por la Sala Penal, “sería bueno que la Corte establezca un canal fluido, no hay una comunicación fluida, se ponen parches que no alivianan los problemas” señaló la magistrada.

Comentó que desarrolla tres a cuatro audiencias de conciliación por día y que maneja muy bien su agenda de audiencias.

Por último, la jueza subrayó que, pese a haberse establecido que dos magistradas lleven exclusivamente los juicios privados, aún la saturación de causas sigue latente, debido a que además del cúmulo de causas en etapa de juicio oral, se suma que varios jueces se han jubilado y que han ascendido.

El sistema penal y especialmente la etapa de juicio oral viene pasando por una crítica situación debido a la saturación de esta etapa del proceso, la Corte a través de la Oficina Técnica viene desarrollando una serie de propuestas que hasta la fecha no ha logrado descomprimir el sistema.