La Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional, rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por el activista Juan Vera, querellado por la periodista Menchi Barriocanal por lesión a la intimidad.

Vera se encuentra afrontando juicio oral y público por publicar el número de celular particular de la periodista instigando a que la hostigaran por una opinión en su programa radial. La máxima instancia judicial consideró improcedente la presentación del querellado.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó este viernes una excepción de inconstitucionalidad presentada por el activista Juan Vera referente al juicio que soporta por el hecho punible de lesión a la intimidad. Con esta decisión ya no existe impedimento que se dicte la sentencia en la causa.

La acción fue rechazada por improcedente y firmaron los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

Los antecedentes del caso revelan que Juan Vera titular de la ONG Asucop fue querellado por la comunicadora Menchi Barriocanal tras viralizar su número de teléfono celular dejando un mensaje de odio para que la repudiaran. El hecho se registró el 30 de noviembre del 2022. La víctima cuestionó a los parlamentarios por la postura de rechazo de una donación de la Unión Europea para el sector educativo vulnerable de nuestro país.

El próximo 17 de mayo continuará el juicio oral en la etapa de alegatos finales y con las peticiones finales del querellado Juan Vera, además de la querellante Mechi Barriocanal. Juzga el caso la magistrada Mesalina Fernández.

Las abogadas defensoras del imputado excandidato presidencial Paraguayo Cubas, presentaron varios incidentes en la causa, entre ellos el pedido de nulidad de la imputación, por mediocre y carecer de elementos, alegan sus abogadas.

Las defensoras del excandidado presidencial, Gessy Ruiz Diaz y Yolanda Paredes, argumentan su pedido de nulidad en base a que la imputación adolece de graves irregularidades y por no reunir los requisitos exigidos en el CPP. Por ende, no debió ser admitida.

Alega la defensa que la imputación se presentó luego de tres días de haberse formulado la denuncia de la Justicia Electoral, sin colectar elementos de cargo y de descargo.

“Se formula esta llamativa imputación contra mi defendido Paraguayo Cubas, lo cual evidencia rapidez y premura de este órgano fiscal de instar a como de lugar el inicio de este proceso penal, sin colectar elementos. Se evidencia un trabajo mediocre y carente de sustento fáctico y jurídico, ya que del relato de hechos, no se ha podido determinar cuestiones básicas para determinar la teoría del caso que se le atribuye a Paraguayo Cubas” menciona parte del escrito de nulidad presentado este viernes.

La de defensa no solo recurrió en nulidad la imputación de los fiscales, Francisco Cabrera, Deny Yoon Pak y Jorge Rolandi. También presentó un incidente de reposición con relación en subsidio la decisión de jue Julián López quien autorizó la extracción de datos de los teléfonos del imputado.

Yoan Paul López comentó que la decisión obedece a que prácticamente se diluyeron los argumentos para mantenerlos en prisión preventiva a los Imputados. Agregó que el juzgado no esperó que queden firme las medidas cautelares y convocó a los imputados para someter a revisión su decisión inicial porque las medidas cautelares son de carácter dinámico.

El magistrado explicó a Judiciales TV, que tomó la determinación de otorgar medidas menos gravosas a las personas procesadas en su juzgado tras las manifestaciones frente al TSJE, por presunto fraude ya que fueron asegurados algunos actos investigativos y por ende ya no correspondía mantener la medida inicial.

Dijo que al principio se dieron los presupuestos para decretar la prisión preventiva ya que los procesados fueron detenidos en flagrancia, que el juzgado debía asegurar el sometimiento de los imputados a los mandatos de la justicia y se tuvo en cuenta el peligro de fuga y la posible obstrucción a la investigación, lo que ya hoy día con el correr de los días fue desapareciendo.

“Cuando se van asegurando ciertos actos investigativos por parte de la fiscalía, entonces se va diluyendo también en parte el peligro de la obstrucción a la investigación. Por otra parte, se van acreditando circunstancias objetivas del arraigo de las personas, el peligro de fuga habla también del comportamiento del imputado frente al derecho soslayado. Las personas al comparecer ante el juzgado en la audiencia de revisión, han pedido perdón, han pedido una oportunidad lo que el juzgado observó entonces se puede tomar de manera beneficiosa al imputado, estas personas dijeron que van a acatar una medida menos gravosa, mencionaron estar arrepentidos, todas esas circunstancias juegan a favor del imputado” acotó el magistrado.

Por último, el magistrado señaló que entre las medidas aplicadas a las personas es la de evitar permanecer de madrugada en la vía pública y el no acercarse a la Justicia Electoral.

La mayoría de los imputados soportan cargos por perturbación de la paz pública y resistencia.

El juez Miguel Palacios estableció como nueva fecha de audiencia preliminar para los acusados del 13 al 16 de junio próximo, donde se someterá a debate la acusación del Ministerio Público respecto a Reinaldo Cucho Cabaña, Ulises Quintana y otros procesados.

A casi cinco años del inició de la investigación, se intentará llevar adelante la preliminar para los procesados donde se resolverá si la causa será elevada a juicio oral y público.

“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal. 

El operativo Berilo se realizó en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en setiembre de 2018. En su momento fueron detenidas más de 30 personas, pero luego se fue descartando la participación de estos quedando un total de 24 personas dentro del proceso penal, quienes enfrentan hoy audiencia preliminar.

En ese entonces, se llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, aproximadamente 20 allanamientos en los cuales incautaron los intervinientes 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo.

En una serie de audiencias de revisión, el juez Yoan Paul López ha liberado a 32 de los 62 manifestantes imputados por su participación en una protesta en las inmediaciones del TSJE, procesados en su juzgado. Los imputados recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva y recuperaron su libertad ambulatoria.

El juez continuará con estas audiencias durante los próximos días para garantizar el debido proceso de los justiciables. Además, ha ordenado la presencia de médicos forenses en los lugares de reclusión para inspeccionar la salud de los detenidos que aún se encuentran privados de libertad.

Asimismo, el juzgado está evaluando la autorización del Ministerio Público para que profesionales técnicos realicen un peritaje a los aparatos celulares incautados de los imputados.

Los manifestantes, seguidores del expresidenciable Paraguayo Cubas -también imputado y en prisión preventiva-, denuncian un presunto fraude electoral y han estado movilizados desde el 1 de mayo pasado, en algunos casos con violencia.

La fiscal Ana Girala, imputada por presuntamente crear un esquema para recaudar en la unidad a su cargo, fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia sin goce de sueldo.

Ante la comunicación de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que resolvió la suspensión de la agente fiscal, la CSJ la suspendió sin salario.

Según el fiscal Osmar Legal, su colega Ana Girala y sus funcionarias, utilizaron la propia unidad fiscal de San Lorenzo, para solicitar coima a los imputados e incluso direccionar que las denuncias hechas en el turno queden en esta unidad.

Mencionó que van a comunicar también la investigación de más hechos ya que existiría además del pedido de coima y la asociación criminal sino un posible enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos.

Legal refirió que la auditoria de la unidad penal en cuestión será de fundamental importancia para determinar la cantidad de casos en los que los justiciables fueron forzados a entregar una suma de dinero para desligarse de su proceso penal.

Además de Girala, fueron imputadas su asistente fiscal Cristi Ortega, su secretaria Griselda Acha y el abogado Marco Aurelio Velazco. En este proceso ya estaban imputadas las abogadas, Liz Elena Martínez y Nélida Alcaraz.