La jueza Nancy Karina Adorno, coordinadora de juicios orales en Central, reveló a Judiciales TV que la circunscripción enfrenta una saturación prolongada de casos en etapa de juicio oral.

Afirmó que no hay soluciones mágicas para esta problemática compleja, ante la propuesta de una parlamentaria de realizar las audiencias en doble turno por un tiempo, comentó que los tribunales ya lo hacen sin poder dar abasto y respuesta en tiempo razonable.

Actualmente, los tribunales de Central llevan a cabo de tres a cuatro juicios por día, comprometiendo su capacidad. Duplicar esta producción pondría en riesgo la concentración y calidad de las sentencias, dijo.

«En Central estamos colapsados desde hace mucho tiempo. Aún no llegamos a la mitad del año, y ya hemos sorteado 362 expedientes, lo cual es alarmante. Lamentablemente, conductas que no deberían ser penales llegan a juicio oral, como estafas y lesiones de confianza, que en realidad son asuntos civiles relacionados con incumplimientos de contratos u obligación de hacer escritura», señaló la magistrada.

Adorno también mencionó las necesidades urgentes de la circunscripción, como la escasez de papel para imprimir sentencias. Se requieren más recursos humanos, jueces de sentencia y mejor infraestructura para hacer frente a la abrumadora cantidad de casos.

Lamentablemente, no existe un control efectivo en la fase de persecución penal ni en la etapa previa al juicio oral, lo cual genera un retraso en el sistema de justicia, según indicó.

Finalmente, la jueza admitió con tristeza que la justicia llega tarde en Central.

Durante una entrevista con Judiciales TV, la coordinadora nacional de jueces de sentencia, Sonia Villalba, enfatizó la necesidad de optimizar el sistema judicial para aliviar la carga en la etapa de juicio oral. Villalba señaló que es crucial que tanto la fiscalía como los jueces de garantía cumplan su rol de manera eficiente y unifiquen sus criterios.

«Es necesario una mejor optimización del trabajo que realiza la fiscalía como titular de la acción y también garantías, por ser el órgano de filtro. Hay causas que podrían terminar antes, sin embargo, llegan a juicio oral. Tenemos que trabajar de manera conjunta con los colegas de garantías y la fiscalía», afirmó Villalba.

Además, mencionó que también existen casos de poca relevancia penal que podrían tener una resolución en etapas anteriores, sin embargo, avanzan hasta el juicio oral y público.

Villalba hizo hincapié en la acumulación de casos en la etapa de juicio oral como uno de los principales desafíos del sistema penal. Según sus conversaciones con sus colegas a nivel nacional, la mayoría de los casos son enviados a debate público, a pesar de que solo un porcentaje tiene mérito para llegar a esa instancia.

«Para hacer frente a la situación que afecta principalmente a Capital, Central y Alto Paraná, se requiere de una mejor organización para que los casos puedan tener un veredicto con mayor rapidez, que es lo que se busca», explicó la coordinadora de jueces de sentencia.

Por último, Villalba mencionó la imprevisibilidad en la duración del juicio oral como un factor a considerar. «La naturaleza del juicio oral es imprevisible, se puede saber cuándo inicia, pero no cuándo concluye. El tribunal puede dedicar días e incluso semanas a esta etapa debido a incidentes y a la disponibilidad de las partes, ya que los fiscales y defensores públicos participan en numerosas causas de manera paralela», concluyó.

Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher, genera controversia al solicitar la revisión de su condena y audazmente pedir su absolución.

El condenado pretende, mediante la vía de la revisión, anular su sentencia de cinco años de cárcel por lavado de dinero, desafiando abiertamente la gravedad de los cargos en su contra. Además, busca que se deje sin efecto el decomiso de sus bienes, calificándolo como una «confiscación universal».

En caso de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechace su petición, Fernando González Karjallo exige que su caso sea anulado y se realice un nuevo juicio oral y público.

Fernando González Karjallo fue condenado en diciembre de 2021 a cinco años de prisión por su complicidad en el lavado de activos junto a su padre, Ramón González Daher, quien recibió una condena ejemplar de 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Ambos reclusos cumplen sus respectivas condenas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La sentencia considerada histórica se ve amenazada por la audaz solicitud de revisión, y ahora la Sala Penal de la máxima instancia deberá evaluar minuciosamente si existen hechos nuevos que justifiquen un análisis adicional de la condena.

Hoy prosiguió el juicio contra los acusados por el Ministerio Público, quienes presuntamente participaron en un esquema para defraudar al Estado mediante la adquisición de insumos chinos.

La diligencia se centró en la etapa de reposición del rechazo de incidencias por parte del tribunal de sentencia encargado de juzgar el caso, con respecto a la inclusión y exclusión de pruebas. La fiscalía fue la primera en reponer, insistiendo en la inclusión de los resultados de las investigaciones realizadas por la Aduana a la empresa Insumos Médicos.

En este proceso judicial se encuentran enjuiciados los empresarios Justo y Patricia Ferreira, así como el despachante de aduana Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molina, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

La acusación fiscal sostiene que los acusados establecieron un esquema con el objetivo de defraudar al Estado paraguayo, mediante la importación de insumos chinos que no cumplían con los requisitos necesarios para combatir el COVID-19.

La causa fue iniciada contra los propietarios de la empresa Insumos Médicos, por haber introducido al país 50 camas de terapia intensiva y otros insumos sin los registros pertinentes, intentando posteriormente venderlos al Ministerio de Salud. Estos insumos iban a ser utilizados en la lucha contra el COVID-19. Según el Ministerio Público, queda claramente demostrado el esquema delictivo llevado a cabo por el Clan Ferreira con el fin de perjudicar al Estado.

Cabe destacar que la presidenta del tribunal a cargo de este caso, Elsa García, también preside otros tribunales que se encuentran en pleno desarrollo, como el caso de Miguel Cuevas y Oscar Núñez. Los jueces de esta etapa se encuentran trabajando intensamente, ajustando sus agendas para cumplir con las partes involucradas, dado que se encuentran saturados de causas y deben llevar a cabo los juicios orales durante días y horas específicas.

En una reciente entrevista con Judiciales TV, el abogado penalista Harry Bierdermann expresó su preocupación por la grave congestión que afecta a la etapa de juicios orales en el sistema judicial.

Según Bierdermann, esta situación se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de la normativa por parte de los operadores de justicia, lo que provoca un exceso de casos que llegan a etapa de juicio oral y una demora significativa en su resolución.

Durante la entrevista, el abogado resaltó la importancia de una aplicación rigurosa y puntual de las normas existentes, señalando que, si se llevaran a cabo de manera adecuada, muchos casos que actualmente llegan a juicio oral podrían ser solucionados en etapas anteriores, evitando así su exposición al debate público.

«Si la norma es aplicada puntillosamente no tendríamos este problema. Las normas aplicadas debidamente implicarían menos retrasos en los procesos. Hoy día, la garantía no cumple su función y hay una enorme cantidad de casos que no deberían llegar a juicio oral, sin embargo, son llevados a esa instancia», afirmó Bierdermann.

El abogado también destacó que la saturación del sistema judicial genera dificultades significativas, especialmente cuando las diligencias se suspenden o cuando la calendarización de los juicios orales se extiende en exceso. Estas demoras, según Bierdermann, no solo afectan a los abogados y a los acusados, sino también a la ciudadanía en general, que busca una pronta resolución de sus conflictos y reclama el ejercicio efectivo de sus derechos.

Para abordar este problema, Bierdermann enfatizó la necesidad de una correcta aplicación de la normativa en la etapa de garantías, así como la incorporación de un mayor número de jueces de sentencia. La presencia de más jueces permitiría agilizar los procesos judiciales y brindar una respuesta más rápida y oportuna a la ciudadanía, que demanda una pronta y justa resolución de los casos.

Según las declaraciones del abogado penalista Claudio Lovera a Judiciales TV, la etapa de Garantías no cumple su función de filtrar los casos y solo elevar a juicio oral aquellos que realmente tienen mérito.

Lovera sostiene que esto se ha traducido en un sistema penal colapsado en la etapa de juicio oral, con una gran cantidad de casos que no tienen relevancia penal y que distraen la atención de los tribunales de sentencia de los casos realmente graves.

Es importante destacar que la etapa de Garantías es crucial en el sistema de justicia penal, ya que tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que el Estado no abuse de su poder en la persecución penal. En este sentido, la etapa de Garantías debe ser un filtro efectivo que permita descartar aquellos casos que no tienen mérito para ser elevados a juicio oral.

Si, como afirma Lovera, la etapa de Garantías no está cumpliendo su función de filtro, esto puede tener graves consecuencias para el sistema de justicia penal. En primer lugar, puede llevar a una sobrecarga de trabajo en los tribunales de sentencia, que se ven obligados a ocuparse de un gran número de casos que no tienen relevancia penal. Esto puede tener como resultado una disminución en la calidad de las sentencias y un mayor tiempo de espera para los casos realmente graves.

Es necesario que las autoridades revisen el sistema de justicia penal y tomen medidas para garantizar que la etapa de Garantías cumpla efectivamente su función de filtro. Esto podría implicar una revisión de la legislación penal y una mayor supervisión por parte del Poder Judicial de los casos que son elevados a juicio oral. Solo de esta manera se puede garantizar la efectividad del sistema de justicia penal, dijo Lovera.

Ante la dramática situación que viven los tribunales de Asunción y Central, la diputada Rocío Vallejo planteó en una entrevista con ABC TV una posible solución para descomprimir el sistema penal. La propuesta consiste en declarar en emergencia a la justicia y que los jueces desarrollen juicios orales en doble turno, siempre y cuando se les proporcione el presupuesto necesario para ello.

La diputada hizo hincapié en que la Corte debe abordar con mayor ímpetu esta problemática, y que se necesita una mayor voluntad por parte de todas las autoridades involucradas en el sistema judicial para trabajar en la solución de esta crisis.

La ley de procedimiento abreviado, vetada recientemente por el Ejecutivo, no es una solución a esta problemática, según la diputada. Por el contrario, esta ley abriría la puerta para que todos los casos, sin importar el grado de reproche, puedan tener una salida procesal sin ir a juicio oral. La diputada señaló que esto otorgaría un súper poder al Ministerio Público y se violaría el principio de inocencia al obligar al imputado a contar acabadamente su participación en el hecho investigado.

Algunos consideran que esta medida es necesaria para hacer frente a la crisis del sistema judicial, mientras que otros creen que la solución pasa por abordar las causas estructurales que generan la congestión del sistema penal en Paraguay.

Si bien la propuesta de la diputada Rocío Vallejo para declarar en emergencia a la justicia y desarrollar juicios orales en doble turno puede ser una solución temporal para descomprimir el sistema penal, es necesario abordar las causas estructurales que generan la congestión del sistema judicial en Paraguay. Esto requiere de un esfuerzo sostenido y coordinado por parte de todas las autoridades involucradas en el sistema judicial y una inversión en recursos y capacitación para el personal de justicia.

Además, es fundamental que se respeten los principios fundamentales del derecho, como el principio de inocencia, y se garantice el debido proceso en todos los casos. La solución a largo plazo para la crisis del sistema penal en Paraguay debe ser una prioridad para el Estado, para poder garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de todas las personas que se encuentran en contacto con el sistema penal.

El juez coordinador de sentencia Carlos Hermosilla, explicó a nuestro medio que los jueces de sentencia tratan de dar abasto a la cantidad de casos que llegan a su juicio, pero que en la actualidad el problema radica que no se puede administrar justicia en un tiempo razonable por la carga laborar que supone para los mismos la cantidad de causas que llegan a la etapa de juicio oral.

Comentó que los jueces tratan de realizar juicios orales sin pausa, las ya calendarizadas, pero pese a ello por la carga laboral que soportan con juicios ya calendarizados para mayo de 2023, les resulta imposible juzgar los casos en un tiempo razonable.

Dijo que no tienen un horario laboral fijo, si terminan un juicio y cada presidente de tribunal explica el sentido de su fallo y luego se organiza para redactar el fallo y entregar a las partes y eso ya queda a cargo del titular agendar su día para tener esa sentencia a tiempo para entregar a las partes.

“Estamos trabajando bien, en forma ininterrumpida, ordenada, no tenemos inconvenientes en hacer los juicios el problema radica en administrar justicia en tiempo oportuno. Tenemos calendarizado juicios para mayo del 2023 marcado para dentro de un año y eso riñe contra todo derecho humano y riñe contra el principio de que la justicia debe ser justa y pronta, pero es imposible hacerlo en un tiempo menor por la cantidad de casos que tenemos” subrayó Carlos Hermosilla.

Agregó que en esta etapa que en la actualidad se encuentra colapsada, tiene una gran cantidad de hechos punibles de menor importancia o trascendencia, que pudieron tener una salida diferente al juicio oral ya en etapa de garantías penales.

La tarea del juez de sentencia es delicada se somete a nuestro juzgamiento la libertad de las personas y emitir un fallo justificado acabadamente de tal manera de buscar al objetivo la de reestablecer la paz social.

La semana pasada en un solo día estaba fijada la realización de 25 juicios orales en la Capital, de las cuales cinco estaban a cago del tribunal especializado contra el crimen organizado.

Un tribunal de sentencia puede llegar a desarrollar casi cuatro juicios orales por día.