Ante la dramática situación que viven los tribunales de Asunción y Central, la diputada Rocío Vallejo planteó en una entrevista con ABC TV una posible solución para descomprimir el sistema penal. La propuesta consiste en declarar en emergencia a la justicia y que los jueces desarrollen juicios orales en doble turno, siempre y cuando se les proporcione el presupuesto necesario para ello.
La diputada hizo hincapié en que la Corte debe abordar con mayor ímpetu esta problemática, y que se necesita una mayor voluntad por parte de todas las autoridades involucradas en el sistema judicial para trabajar en la solución de esta crisis.
La ley de procedimiento abreviado, vetada recientemente por el Ejecutivo, no es una solución a esta problemática, según la diputada. Por el contrario, esta ley abriría la puerta para que todos los casos, sin importar el grado de reproche, puedan tener una salida procesal sin ir a juicio oral. La diputada señaló que esto otorgaría un súper poder al Ministerio Público y se violaría el principio de inocencia al obligar al imputado a contar acabadamente su participación en el hecho investigado.
Algunos consideran que esta medida es necesaria para hacer frente a la crisis del sistema judicial, mientras que otros creen que la solución pasa por abordar las causas estructurales que generan la congestión del sistema penal en Paraguay.
Si bien la propuesta de la diputada Rocío Vallejo para declarar en emergencia a la justicia y desarrollar juicios orales en doble turno puede ser una solución temporal para descomprimir el sistema penal, es necesario abordar las causas estructurales que generan la congestión del sistema judicial en Paraguay. Esto requiere de un esfuerzo sostenido y coordinado por parte de todas las autoridades involucradas en el sistema judicial y una inversión en recursos y capacitación para el personal de justicia.
Además, es fundamental que se respeten los principios fundamentales del derecho, como el principio de inocencia, y se garantice el debido proceso en todos los casos. La solución a largo plazo para la crisis del sistema penal en Paraguay debe ser una prioridad para el Estado, para poder garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de todas las personas que se encuentran en contacto con el sistema penal.
