El presidente del tribunal de sentencia, Juan Carlos Zárate, ha citado a Justo Pastor Cárdenas para comparecer en un nuevo juicio oral el próximo 3 de julio. El propósito de este juicio será ampliar la condena impuesta al acusado en el año 2021.

En la sentencia anterior, un tribunal de sentencia condenó a Cárdenas a tan solo cuatro años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, manteniendo medidas alternativas a la prisión hasta que la sentencia fuera firme. Sin embargo, la cámara de apelación considera que los delitos probados en juicio requieren una condena más severa, y ahora será responsabilidad de este nuevo tribunal de sentencia determinar la pena adecuada.

Además de la ampliación de la condena, también se había ordenado el decomiso de los bienes y el dinero en efectivo adquiridos ilícitamente por el condenado. La sentencia dictada en 2021 contra Cárdenas fue considerada irrisoria en comparación con los delitos cometidos.

En su momento, el Ministerio Público había solicitado una pena privativa de libertad de 11 años para el expresidente del Indert, debido a la comprobación de todos los aspectos de la evasión fiscal. Ahora, será durante el próximo juicio oral donde se determinará si Justo Cárdenas recibirá una condena más acorde con la gravedad de los delitos que se le imputan.

La jueza Alicia Pedrozo ha establecido la fecha y hora de la audiencia preliminar para Belén Whittingslow, la joven acusada de comprar notas. La cita tendrá lugar el próximo 29 de junio a las 8:00 de la mañana. Esta audiencia es de vital importancia, ya que determinará si el caso de Belén será llevado a juicio oral y público.

Inicialmente, Belén se refugió en el extranjero después de que se emitiera una orden de captura en su contra. Sin embargo, recientemente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dicha orden, argumentando que se había interpretado de manera extensiva el Código Procesal Penal (C.P.P.), lo cual violó los derechos de defensa y acceso al expediente de la recurrente.

Belén ha estado implicada en este caso desde el año 2015, cuando el Ministerio Público la imputó por producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba. Mientras otros jóvenes involucrados en el mismo caso ya han sido condenados, ella es la única que aún está vinculada al proceso de compra de notas.

Es importante destacar que la joven había denunciado a su profesor, Cristian Kriskovich, por acoso sexual. Sin embargo, el sistema judicial determinó que se trataba solo de un «galanteo», minimizando la situación. Esto ha generado controversia, ya que se espera que los docentes no realicen ningún tipo de acto que haga sentir incómoda o acosada a una alumna.

Con la audiencia preliminar programada, Belén se enfrentará a un momento crucial en este caso. Será en esta instancia donde se decidirá si el proceso avanza hacia un juicio oral y público. La joven y su defensa tendrán la oportunidad de presentar argumentos y pruebas en su favor, mientras que la fiscalía buscará demostrar su culpabilidad. La sociedad estará pendiente de este desarrollo, esperando que se haga justicia en el caso de Belén Whittingslow y que se protejan los derechos de todas las partes involucradas.

La jueza Rosarito Montanía rechazó el incidente de reposición presentado por la defensa de Miguel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, contra la decisión por la cual su cliente fue trasladado desde la Senad al penal militar de Viñas Cue, la defensa pretende que el procesado guarde prisión en Tacumbú.

Miguel Mendieta, abogado defensor de “Tío Rico”, interpuso una reposición con apelación en subsidio argumentando que en dicho penal (Viñas Cue) se encuentran recluidos agentes de la Senad contra los cuales ejerció una querella, lo cual le dificulta el ejercicio de su defensa. Además, afirmó que su cliente fue amenazado por agentes de la misma fuerza. Sin embargo, la jueza señala que no hay denuncia formal ni identificación de los supuestos agentes implicados en la supuesta amenaza, por lo que no hay motivo para revocar su decisión inicial.

La magistrada reitera que el fundamento para decidir el traslado de Tío Rico a Viás Cue,  se basaq en el perfil del imputado, que, según el relato fáctico del Ministerio Público, lo señala como líder de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero. La defensa solicitó el traslado de “Tío Rico” al penal de Tacumbú o al de Coronel Oviedo, alegando que estaría en mejores condiciones privado de su libertad en dichos lugares.

Recientemente, se frustró un intento de introducir un teléfono celular para “Tío Rico”, quien aún no ha utilizado el teléfono proporcionado por el juzgado para comunicarse con sus familiares y abogado, ya que el mismo se encuentra bajo control judicial.

La jueza Montanía ha dejado claro que los argumentos de la defensa carecen de pruebas y denuncias formales que respalden las afirmaciones de amenazas y dificultades en la defensa.

El personal trainer Mariano José Mongelós ha sido sentenciado a siete años de prisión tras ser declarado culpable por hurto agravado.

El tribunal de sentencia, conformado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo, encontró al instructor de gimnasio responsable del robo de joyas y objetos de valor por un monto superior a los 300.000 dólares de una residencia en la cual brindaba sus servicios.

El hoy condenado se desempeñaba como instructor personal de Camila Elizeche a domicilio. Aprovechando el descuido de la familia, Mongelós sustrajo discretamente las joyas mientras aparentaba ir al baño. Durante el juicio se demostró que el valor de los objetos sustraídos ascendía a los 300.000 dólares aproximadamente.

La casa en la que ocurrió el robo carecía de cámaras de seguridad, hasta que la dueña de la vivienda notó la falta de sus joyas. En ese momento, decidió instalar cámaras de vigilancia que capturaron al entrenador hurtando los objetos de valor de los cajones del vestidor.

El abogado querellante Alfredo Delgado manifestó su satisfacción con la condena impuesta a Mongelós. Además, recordó que los cómplices en este caso, César Rojas y Christian Cuquejo, ya habían sido sentenciados en un procedimiento abreviado. La fiscal María José Abed, quien representó al Ministerio Público en este caso, también se mostró satisfecha con el veredicto.

Con esta sentencia, se espera que Mariano José Mongelós cumpla una pena de siete años de encierro por su participación en el millonario robo de joyas y objetos de valor. Este caso ha dejado en evidencia la importancia de la seguridad en los hogares y ha generado un llamado a la precaución a la hora de contratar servicios de entrenadores personales a domicilio.

La abogada defensora de Paraguayo Cubas, Gessy Ruiz Díaz, ha presentado una recusación contra el juez Julián López, argumentando falta de imparcialidad e independencia. La defensa alega que el juez ha demostrado estas actitudes tanto en el proceso como en una entrevista con el periodista Enrique Vargas Peña.

Según la defensa, el magistrado no puede seguir interviniendo en el caso debido a los preconceptos negativos que ha mostrado hacia el acusado Paraguayo Cubas, tanto en sus acciones dentro del proceso como en la mencionada entrevista.

La cámara de apelaciones deberá analizar si procede o no apartar al juez de la causa a solicitud de la defensa, que sostiene que el magistrado carece de imparcialidad y criterio independiente.

Paraguayo Cubas se enfrenta a cargos por perturbación de la paz pública, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia. La defensa argumenta que no solo la prisión preventiva impuesta a su representado es ilegal al imponer medidas sin una imputación admitida, sino que todo el proceso carece de una narrativa fáctica y se trata de una imputación mediocre y apresurada.

La estrategia de la defensa buscaba que la reposición contra la admisión de la imputación fuese tramitada por escrito por el juzgado.

El juez Gustavo Amarilla Arnica ha rechazado la primera maniobra dilatoria presentada por la defensa de Erico Galeano. Sin embargo, el magistrado ha dejado claro que la diligencia debe llevarse a cabo de forma oral en una audiencia, donde las partes, incluyendo la defensa y el Ministerio Público, expongan sus pretensiones para que el juez pueda tomar una decisión.

El argumento del juez Amarilla destaca que el término utilizado por el legislador, «previa audiencia», implica la necesidad de una exposición oral de los operadores de justicia en una audiencia pública. De esta manera, rechaza la propuesta de la defensa de llevar a cabo el trámite por escrito, ya que no se cumpliría con el principio de oralidad, fundamental en el Proceso Penal.

El juez especializado sostiene que es su deber velar por la legalidad del procedimiento, ya que la norma procesal establece claramente la necesidad de expresar las posiciones de forma oral y pública ante las demás partes intervinientes. Además, menciona que esta postura ha sido ratificada en numerosos fallos en instancias superiores. El expediente ahora pasará a la cámara de apelaciones para su estudio.

Con esta maniobra, Erico Galeano intentaba ganar tiempo y evitar la audiencia de imposición de medidas, donde se analizaría el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. Galeano está siendo indiciado de brindar logística al crimen organizado al prestar su avioneta a Tío Rico y Sebastián Marset.