La Asociación de Magistrados del Paraguay, (AMJP), se pronunció en la fecha sobre la amenaza que sufren operadores del sistema de justicia, y piden a las máximas autoridades arbitrar los mecanismos para brindar seguridad a los afectados.
A continuación reproducimos íntegramente el comunicado:
La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, entidad gremial que aglutina a los integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública, Judicatura de Paz, Justicia Electoral y Sindicatura de Quiebras, integrante de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM), expresa su repudio y consternación ante los últimos hechos de violencia contra una camarista y agente fiscal y defensora pública.
Por ello, se reitera a las más altas autoridades institucionales la necesidad de efectuar las gestiones necesarias para brindar seguridad a los magistrados dentro y fuera de las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública, en todas las Circunscripciones Judiciales del país. La AMJP, en fechas 06 de setiembre de 2011, 04 de setiembre de 2018, 21 de julio de 2021 entre otras, en estos mismos términos ha hecho pública su protesta, que hasta la fecha no ha tenido ningún eco favorable en ninguna de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas o proveer personal capacitado y suficiente para salvaguardar la integridad física de los operadores de justicia (Magistrados, Agentes Fiscales y Defensores Públicos).
Estos actos que no tienen otro fin que el de amedrentar a los magistrados en el ejercicio de sus funciones, ponen en vilo la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia, por lo que la AMJP los rechaza enérgicamente e insta a la ciudadanía y a los justiciables a utilizar las vías y resortes legales para realizar sus reclamos, que deben ser realizados en el marco del respeto.
Por último, la AMJP condena todo acto de violencia contra cualquier persona y propone en todos los casos el diálogo y la utilización de las vías legales para la canalización de todo reclamo.
