Las diputadas Rocío Vallejo y Kattya González declararon hoy ante el tribunal de sentencia encargado de juzgar a los acusados. Este proceso judicial involucra a los empresarios Justo y Patricia Ferreira, al despachante de aduana Carlos Alberto Gamarra y a funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

La diputada Rocío Vallejo fue la primera en testificar y, durante su declaración, aseguró que los acusados no cumplieron con los requisitos mínimos para el ingreso de las 50 camas. Enérgicamente, Vallejo destacó la gravedad de los hechos, señalando que el país se vio afectado durante la pandemia y que muchas personas perdieron la vida esperando suministros médicos. Asimismo, la diputada afirmó que la denuncia fue presentada por los legisladores contra todo el proceso licitatorio que presentaba irregularidades.

«Violaron el pliego de bases y condiciones, no se cumplieron con los requisitos para el ingreso de los insumos que fueron adquiridos por la vía de la excepción. Vimos que la mercadería que llegó no era la requerida, el ministro nos invitó a la verificación que se hizo en un depósito. Las mercaderías se trajeron en un proceso licitatorio totalmente irregular y fueron traídos insumos no acordes a lo pactado. El proceso estuvo totalmente viciado», expresó enfáticamente la diputada Rocío Vallejo durante su testimonio.

Por su parte, la diputada Kattya González respaldó las declaraciones de su colega y detalló las limitaciones que encontraron durante la investigación. González enfatizó que solo se abrieron tres o cuatro cajas de las camas adquiridas y que no se obtuvieron respuestas satisfactorias a sus solicitudes de información complementaria sobre el pago de tributos y las verificaciones realizadas por Aduanas.

«Nuestro objetivo como diputados era garantizar que el dinero destinado por el gobierno para combatir el COVID-19 fuera utilizado en insumos válidos», señaló González.

El juicio está siendo llevado a cabo por el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Elsa García, junto con los miembros titulares Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza. Se espera que en los próximos días se presenten más testimonios en la causa.

Datos estadísticos presentados por la Corte Suprema de Justicia demuestran que la mediación ha sido efectiva en la reducción de los tiempos de los procesos judiciales en los que se ha utilizado como método de resolución de conflictos.

En los casos extrajudiciales, se ha observado una disminución a nivel nacional del 74,46%. Se destaca que los casos que presentan mayor porcentaje son los relacionados con asistencia alimenticia (40%), relacionamiento y convivencia (17%), ofrecimiento de asistencia (8%), y en menor medida, casos de guarda, filiación, pago retroactivo y ayuda prenatal.

En cuanto a los casos judiciales, se ha logrado una disminución a nivel nacional del 57,70%. Dentro de estos casos, el relacionamiento es el de mayor porcentaje (34%), seguido de aumento (18%), ofrecimiento de asistencia (17%), y convivencia (13%). Los casos de disminución de asistencia, filiación y ayuda prenatal representan cifras menores al 10%.

Además, se proporciona un rango de duración total en días de los procesos durante el primer cuatrimestre del año 2023:

– El 100% de los casos finalizó en el mismo día, realizando la premediación y concluyendo con la audiencia en el mismo día.

– Entre el 91% y el 99% de los casos duraron de 01 a 08 días.

– Entre el 81% y el 90% de los casos tuvieron una duración de 09 a 17 días.

– Entre el 71% y el 80% de los casos se extendieron de 18 a 26 días.

La mediación se consolida como un mecanismo eficiente para agilizar los procesos judiciales, beneficiando a las partes involucradas y contribuyendo a una justicia más ágil y efectiva. La Corte Suprema de Justicia cuenta con una Dirección de Mediación, por el cual se promueve una resolución pacífica y expedita de los conflictos. Para más información, se puede consultar el sitio web de la Corte Suprema de Justicia.

La abogada defensora de Fernando González Karjallo, Raquel Talavera, ha declarado en una entrevista en ABC TV que los derechos de su cliente han sido violados. Según Talavera, González Karjallo ha sufrido una «confiscación» de sus bienes, ya que se incluyeron propiedades adquiridas antes del periodo investigado en los bienes comisados.

La abogada argumentó que no se tuvo en cuenta el periodo en el que los bienes de González Karjallo fueron adquiridos, lo que sugiere que no se trata de un comiso, sino de una confiscación, práctica común durante la época de Stroesner, afirmó. Según Talavera, la sentencia que condena a González Karjallo a cinco años y ordena el comiso de sus bienes viola el artículo 20 de la Constitución Nacional, ya que se confiscaron bienes que el condenado había recibido como herencia y que habían sido adquiridos mucho antes del periodo investigado en 2014.

La abogada enfatizó que se ha violado el artículo 20 de la Constitución Nacional al abarcar todos los bienes adquiridos en un periodo anterior al investigado, lo que constituye una confiscación. Talavera argumentó que ninguna ley puede tener efecto retroactivo y que el periodo investigado abarcaba los años 2014 a 2018, por lo que la confiscación de bienes adquiridos antes de 2014 no debería haber sido aplicada.

Talavera también destacó que los hechos nuevos presentados por la defensa no fueron estudiados por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y que las opciones para impugnar el fallo, que consideran arbitrario, no están cerradas. Además, la defensa no descartó la posibilidad de presentar un recurso de revisión en el caso de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa en el mismo expediente.

El acusado por narcotráfico Reinaldo Cucho Cabaña ha presentado una recusación contra el juez Miguel Palacios, encargado de su caso, alegando parcialidad manifiesta después de que el magistrado ratificara su prisión preventiva.

Además, Cucho también ha recusado al pleno del Tribunal de Apelación Penal encargado de estudiar el caso. Si el incidente presentado por el procesado no se resuelve en los próximos días, existe el riesgo de que la audiencia preliminar, programada para el próximo martes 13 de junio, vuelva a retrasarse.

El Ministerio Público acusa a Cucho y a otros 23 individuos de participar en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Reinaldo «Cucho» Cabaña enfrenta cargos por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana ha sido acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo, llevado a cabo conjuntamente por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en septiembre de 2018, tuvo lugar en diferentes puntos de Alto Paraná. En su momento, se detuvo a más de 30 personas, pero a medida que avanzó la investigación, se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 individuos en el proceso penal.

Reinaldo «Cucho» Cabaña lleva más de cuatro años y seis meses en prisión preventiva. Hasta ahora, debido a diversas maniobras legales, ni siquiera se ha podido superar la etapa de audiencia preliminar. La recusación presentada por el acusado contra el juez y el tribunal de apelación penal podría prolongar aún más el proceso y generar incertidumbre sobre el inicio de la audiencia programada.

En el marco del caso Imedic, la defensa de Justo y Patricia Ferreira ha cuestionado duramente la acusación presentada por el Ministerio Público, señalando inconsistencias y falta de descripción de los hechos punibles atribuidos. Según José Dos Santos, abogado defensor, la fiscalía intenta trasladar conductas civiles al ámbito penal.

El primer cuestionamiento de la defensa se refiere al hecho punible de producción de documentos no auténticos. Dos Santos argumenta que la acusación se basa en la presentación de un borrador sin firma, lo cual no puede servir como prueba para sostener este delito.

La segunda inconsistencia destacada por la defensa se relaciona con el delito de contrabando. Según el abogado, es absurdo sostener que las camas ingresaron de contrabando por la zona primaria, ya que fueron vistas con insumos a la vista. Además, la defensa argumenta que no se requiere autorización de DINAVISA para el ingreso de dichas camas.

El tercer punto cuestionado por la defensa se refiere al delito de asociación criminal. Según Dos Santos, este delito requiere la participación de al menos tres personas, mientras que la fiscalía sostiene que solo Justo y Patricia Ferreira formaban parte de esta supuesta estructura delictiva. El abogado considera que la acusación es endeble y carece de fundamentos sólidos.

El juicio está siendo llevado a cabo por el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Elsa García, junto con los miembros titulares Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza.

En este proceso judicial se encuentran enjuiciados los empresarios Justo y Patricia Ferreira, así como el despachante de aduana Carlos Alberto Gamarra y funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

Las defensas continúan presentando sus alegaciones iniciales, destacando las supuestas inconsistencias en la acusación presentada por la fiscalía y buscando demostrar la inocencia de los acusados en el caso Imedic.