La Cámara de Apelación Penal ratificó la prisión preventiva de Gabriela Vasso Mosquiera, la oficial ayudante imputada por no haber informado a sus superiores todos los informes que llegaron de Lyon Francia respecto al levantamiento de código rojo que pesaba sobre la esposa del presunto narco Sebastián Marset.

Según la imputación, la mujer no comunicó todos los pormenores del levantamiento de Código Rojo que pesaba sobre Gianina García Troche y la de José Fernando Estigarribia, teniendo la obligación de hacerlo.

La mujer buscó a través de una apelación levantar la prisión preventiva que cumple actualmente en el Departamento Judicial de Mujeres de la Policía, pero la cámara ratificó la medida dispuesta por el juzgado de garantías en todas sus partes, considerando el peligro de fuga y obstrucción.

Vasso Mosqueira, fue imputada por frustración a persecución y ejecución penal, así como realización del hecho por funcionarios.

Además de la oficial ayudante Gabriela Vasos Mosqueira, están imputados en el caso, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas, y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria.

El juez Gustavo Amarilla decretó la prisión preventiva en el marco del exhorto de extradición respecto a los involucrados en el tráfico de armas, se trata de trece personas quienes están sospechadas de cometer asociación criminal, tráfico internacional y otros, se exponen a penas superiores a los 20 años en Brasil.

Se trata de Aldo Cantero Cáceres; Ángel Antonio Flecha Barrios; Arnaldo Andrés Cubas Cantero; Cinthia Maria Turro Braga; Eliane Magali Marengo Subeldia; Josefina Cuevas de González; Ricardo Luis Morra Gadea; María Mercedes Ocampos Centurión; Julio César Cubas Cantero; Manuel Antonio Gómez Ojeda; Bienvenido Santiago Fretes; Paulo César Fines Ventura; y Victorino Gómez Paredes, quienes esperarán en prisión su extradición al vecino país.

El magistrado en la audiencia de reconocimiento les informó cuáles son las motivaciones del pedido de extradición que realiza Brasil respecto a ellos y que tenían la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada y todos rechazaron este mecanismo rápido de entrega.

A los procesados se les atribuye formar parte de una estructura criminal que provee armamento a grupos criminales de Brasil a través de la firma IAS con la complicidad de militares que también ya guardan prisión preventiva para afrontar cargos en nuestro país por los mismos hechos punibles.

“Siendo todos ellos correctamente identificado coincidente los datos personales brindados al Juzgado con los datos consignados en el Pedido de Detención con Fines de Extradición y tratándose de un proceso Penal Federal por tráfico internacional de armas de fuego y Asociación Criminal y otros hechos punibles de alta expectativa de sanción y complejidad de la investigación, existen suficientes fundamentos para convertir la detención en prisión preventiva”, reza parte de la extensa resolución del juez del caso, Gustavo Amarilla.

Los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra seis detenidos tras los allanamientos simultáneos desarrollados en los departamentos Central y Alto Paraná este lunes.

Los procesados fueron identificados como: Paulo César Fines Ventura, imputado por tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos de la Ley de Armas (tentativa, complicidad, organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación, financiación, asesoramiento), en calidad de cómplice, alteración de datos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y denuncia falsa, la causa se encuentra con la jueza Lici Sánchez.

Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano fue imputado por tráfico ilícito de armas, cómplice, y por hechos punibles conexos de la Ley de Armas en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Victorino Gómez Paredes por tráfico ilícito de armas y por hechos punibles conexos en calidad de cómplice y asociación criminal como autor. 

Los militares: Gral. (S.R.) Jorge Antonio Orue Roa fue procesado como autor de tráfico de influencias, en tanto que, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González fue imputado por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo fue procesado por tráfico de influencias y asociación criminal. 

Los detenidos que cuentan con pedido de extradición al Brasil son: María Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero, Ricardo Morra, Julio Cubas, Josefina Cuevas y Cinthia Turro y el caso se encuentra con el juez Gustavo Amarilla.

La operación Dakovo se desarrolló en nuestro país este lunes, así como en Brasil y Estados Unidos.

La intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

Tras una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos se logró dar con un mega esquema de arma tráfico que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de arma en complicidad de efectivos militares.

Se practicó una de las pruebas que puede ser determinante en el proceso abierto al músico Pablo Benegas imputado por el Ministerio Público por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.

Las víctimas fueron muy detallistas en su relato ante cámara Gessel. Esta diligencia fue requerida por la agente fiscal que lleva adelante la investigación, Claudia Aguilera.

Durante el desarrollo de esta prueba las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido. Recientemente, se conoció este caso luego que las niñas llegaron hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy imputado.

«Las niñas confirmaron los hechos sindicados al imputado. Se está realizando además la pericia informática de todos los dispositivos incautados en el allanamiento como teléfonos, cámara, monitor», señaló la agente fiscal del caso Claudia Aguilera.

Agregó que no se descarta ampliar la imputación por otros hechos punibles. A la vez se realizará un dictamen victimológico a las victimas.

Pablo Benegas está sospechado de haber abusado de una niña de 11 años y de una adolescente de 15 en estado vulnerabilidad, incluso existe la sospecha de que las niñas fueron dopadas antes de ser sometidas por el cantante, Pablo Benegas.

Benegas se encuentra cumpliendo prisión preventiva por pedido del Ministerio Público en el penal de Emboscada.

FOTO: ABC Color.

Dos de los procesados que afrontan audiencia preliminar en el caso A Ultraza Py, le solicitaron a la magistrada de la causa Rosarito Montanía frenar los actos dilatorios para que ya no se frustre la diligencia.

Los acusados piden al juzgado poner límite a las chicanas presentadas por el presunto narcopastor José Insfrán, quien, a través de su abogado Daniel Lobo Corbeta, recusó a la jueza y paralizó por días la preliminar de las personas que ya están en esta etapa del proceso.

Actualmente se desarrolla la audiencia preliminar respecto a 14 acusados en la causa, que son las primeras personas que fueron detenidas en el marco de la investigación y se encuentran recluidos desde entonces, por lo que rechazan las chicanas de una persona que recién ingresó al proceso tras presentarse luego de estar prófugo, ya que según dijeron desean que sus casos concluyan lo antes posible.

En esta etapa del proceso se encuentran afrontando audiencia preliminar el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que van con proceso paralelo los hermanos José y Miguel Insfrán alias Tío Rico.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El tribunal de sentencia presido por la jueza Elsa García, condenó este martes a Justo Ferreira propietario de la firma Imedic por contrabando a tres años de cárcel por haber introducido al país 50 camas eléctricas para terapia intensiva, sin pagar impuesto.

Ferreira fue absuelto por Asociación criminal y producción de documentos no auténticos, para el tribunal de sentencia en un fallo unánime el fiscal de la causa Osmar Legal no pudo probar los extremos acusados e ilícitos respecto a los demás procesados por los que fueron absueltos, Patricia Ferreira, Carlos Gamara el despachante y los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta.

Tras dictarse la absolución de las cuatro personas se ordena el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban en contra de los mismos.

En una clara y detallada explicación la juez Elsa García señaló que se probó solo el tipo penal de contrabando, no así el tipo penal de producción de documentos no auténticos y menos el de asociación criminal que no fue acreditada por el Ministerio Público. “Esta persona se dedica a este actividad hace bastante tiempo, y no declaró las 50 camas eléctricas, solo declaró el ingreso de 400 camas, no así las eléctricas”, señaló la jueza Elsa Garcia.

El Ministerio Público en sus alegatos finales había requerido seis años de cárcel para Justo Ferreira, sin embargo, el tribunal de sentencia al demostrase solo uno de los tres hechos punibles acusados en su momento lo sentenció a tres años de encierro por haber intentado lucrar con las 50 camas de terapia intensiva.

Además de Elsa García integran el tribunal de sentencia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza.

FOTO: Poder Judicial.