Los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra seis detenidos tras los allanamientos simultáneos desarrollados en los departamentos Central y Alto Paraná este lunes.
Los procesados fueron identificados como: Paulo César Fines Ventura, imputado por tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos de la Ley de Armas (tentativa, complicidad, organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación, financiación, asesoramiento), en calidad de cómplice, alteración de datos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y denuncia falsa, la causa se encuentra con la jueza Lici Sánchez.
Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano fue imputado por tráfico ilícito de armas, cómplice, y por hechos punibles conexos de la Ley de Armas en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Victorino Gómez Paredes por tráfico ilícito de armas y por hechos punibles conexos en calidad de cómplice y asociación criminal como autor.
Los militares: Gral. (S.R.) Jorge Antonio Orue Roa fue procesado como autor de tráfico de influencias, en tanto que, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González fue imputado por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo fue procesado por tráfico de influencias y asociación criminal.
Los detenidos que cuentan con pedido de extradición al Brasil son: María Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero, Ricardo Morra, Julio Cubas, Josefina Cuevas y Cinthia Turro y el caso se encuentra con el juez Gustavo Amarilla.
La operación Dakovo se desarrolló en nuestro país este lunes, así como en Brasil y Estados Unidos.
La intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
Tras una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos se logró dar con un mega esquema de arma tráfico que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de arma en complicidad de efectivos militares.
