Por improcedente y falta de fundamentación la Cámara de Apelación Penal rechazó la recusación presentada por Marcelo Raymon Díaz Vélez acusado por narcotráfico.

La recusación fue presentada bajo el patrocinio del abogado Daniel Lobo Corbeta, quien recusó al tribunal y denunció un supuesto pedido de coima.

Para la cámara de apelaciones carece de fundamentos serios la recusación planteada contra el tribunal de sentencia, por ende, fue rechazada la pretensión y el juicio que estaba en etapa final podrá concluir. El tribunal de sentencia citó a las partes para el próximo miércoles continuar con los alegatos finales del Ministerio Público.

El tribunal confirmado para seguir en el caso está integrado por los jueces: Alba González, Gloria Hermosa y Dina Marchuk, quienes a raíz del rechazo de la recusación podrán terminar el juicio oral y público.

Son ocho los acusados en este proceso por tráfico internacional de droga, se trata de Atilano Arteta Aponte, sus hijos, Cristhian, Rolando y Derlis Arteta.

Además de Marcelo Raymon Díaz Vélez y Darwin Fleitas, acusados por tráfico internacional de droga y asociación criminal. Los mismos fueron acusados tras intentar traficar 457 kilos de cocaína.

El agente fiscal Rodrigo Estigarribia califica de histórico el fallo que condenó a cuatro funcionarios públicos por contrabando y cohecho pasivo. Durante su visita a ABC TV dijo que, por primera vez el resultado de una técnica de investigación con tecnología avanzada se probó el hecho.

Dijo que durante la investigación y para probar el hecho, de contrabando y pedidos de coima por parte de los funcionarios públicos, tuvieron que instalar cámara oculta en la Aduana de CDE, donde se produjo el hecho y que constituyó la prueba principal del Ministerio Público para probar el hecho.

Mencionó que la sentencia sin precedentes en el país por la cantidad de años aplicado por el tribunal también deja un precedente muy importante en cuanto a la validez de la prueba que fue el video donde quedó grabada la conducta perpetrada por los condenados.

Se trata de Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, sentenciado a 10 años de cárcel; Luciano Florenciano Duarte y Eusebio Santacruz Duarte fueron condenados a 6 años de encierro, y Jacinto Enrique Blanco Roa, (militar), pasará 8 años en prisión. Fueron sentenciados por contrabando y cohecho pasivo agravado.

La sentencia se entregará mañana a las partes, el agente fiscal adelantó que una vez que lea el fallo decidirá si es que apela la decisión del tribunal pero que inicialmente estaba muy conforme con los argumentos dados a conocer por el colegiado.

Por último, dijo que este caso debe servir de ejemplo para todos los funcionarios públicos de cómo pueden terminan si incurren en actos de corrupción y que deben pensar antes de cometerlo y no después.

La justicia condenó al exconcejal de Tomás Romero Pereira Óscar Sanabria Cabral, a 14 años de cárcel por tráfico de droga en su poder fue encontrado cerca de 5.000 kilos de marihuana.

Igualmente fueron condenados a la misma cantidad de años el expolicía Jorge René Franco Sosa y el ujier César Flor Silva, todos soportan cargos por tráfico de droga.

Tres funcionarios públicos fueron condenados por tráfico de drogas. Uno de ellos recibió pena de 14 años. Se trata de un ex concejal de la localidad de Tomás Romero Pereira, un expolicía y un ujier.

Los funcionarios públicos hoy condenados, fueron detenidos el 24 de febrero del 2022, en un procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Dos de ellos iban a bordo de un camión por la ciudad de María Auxiliadora, Departamento de Itapúa.

Al ser interceptados por las autoridades, encontraron un total de 4.940 kilos de marihuana, distribuidos en 198 bolsas, que aparentemente pretendían llevar a Argentina.

La carga ilícita pudo ser incautada luego de un trabajo previo de inteligencia, vigilancia y seguimiento con lo que se pudo comisar la inmensa cantidad de droga que se intentó llevar al vecino país.

El fiscal Enrique Fornerón, logró la condena en representación del Ministerio Público y logró probar los extremos acusados.

La jueza especializada contra el crimen organizado, Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva del exdirector de DIMABEL y de uno de los vendedores de la empresa Internacional Automóvil Supply, imputados por presuntamente formar parte de un mega esquema de tráfico de armas en frontera.

Se trata del General Jorge Antonio Orué Roa, exdirector de DIMABEL, quien va a cumplir su prisión preventiva por orden del juzgado en el penal militar de Viñas Cué. El hombre es uno de los requeridos por el vecino país por cargos de tráfico internacional de armas y asociación criminal.

Igualmente, la magistrada decretó la prisión preventiva de Rodolfo Rodrigo Samaniego, vendedor de la empresa IAS, quien guardará prisión preventiva en el penal de Emboscada. Ambos procesados comparecieron este jueves ante la jueza Lici Sánchez.

El operativo Dakovo es una de las intervenciones conjuntas internacionales de mayor envergadura que pudo desmantelar una red de tráfico de armas que llegó a entregar unas 25.000 armas a organizaciones criminales de Brasil.

La investigación conjunta se inició hace dos años, lo que permitió lograr la mayor información para determinar con exactitud a sus integrantes y la forma en que operaba esta asociación criminal, desde nuestro país.

De momento más 15 personas fueron detenidas y otras continúan prófugas pero ya están identificadas.