Se encuentra en plena ejecución el operativo “DAKOVO” que realiza unos 20 allanamientos en Paraguay, otros 20 allanamientos en Brasil e igualmente en Kansas Estados Unidos. Con el objetivo de combatir las estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas la Senad inicia la operación conjunta.

Los allanamientos en nuestro país se desarrollan en el Departamento Central y Alto Paraná. Mientras que en el vecino país se realiza en seis estados y en Kansas Estados Unidos.

En Paraguay están siendo intervenidas empresas importadoras, viviendas y locales de caza pesca, además de la sede central de DIMABEL.

Se trata de una organización que habría importado y comercializado a facciones criminales del Brasil más de 25 mil armas de fuego. Se busca romper la estructura criminal que alimenta con armas al crimen organizado.

La estructura sería encabezada por la firma Internacional Auto Supply, que desde el 2012 inició la importación de 25.000 armas, según los datos que maneja la Senad. Paraguay es considerado como la principal ruta del tráfico de armas y se estima que esta misma firma proveyó gran cantidad de armamentos a organizaciones criminales de Brasil.

DIMABEL sería la principal aliada de la empresa IAS para permitir la importación de estas armas colaborando con la firma no solo para habilitar los documentos sino para eliminar a posibles competencias de estos importadores.

Las armas eran importadas sobre pedido. Una parte de estas armas iban posteriormente a vendedores de CDE donde se borraba las series para evitar el rastreo, según los investigadores. Con este operativo internacional se espera romper la estructura dedicada al tráfico internacional de armas.

La abogada Alejandra Peralta quien ejerce la querella en representación de la familia Denis, informó que este lunes jurará el perito informático propuesto por la familia de la víctima para realizar el trabajo.

“Hoy presta juramento el perito informático propuesto por la querella adhesiva a fin de practicar la pericia sobre los elementos incautados de las celdas VIP de Carmen Villalba en el Buen Pastor”, señaló la abogada Peralta.

Se trata del licenciado José María Ibarra, el especialista informático que realizará el trabajo de peritaje de todos los elementos que fueron incautados por el Ministerio Público recientemente de la celda de Carmen Villalba.

El pasado 17 de noviembre una comitiva fiscal y policial realizó un allanamiento en la celda de Carmen Villalba y lograron incautar tres aparatos celulares, una notebook y un dispositivo de almacenamiento que serán objeto de pericia.

La familia tiene la esperanza de lograr tener mayores datos respecto al secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis.

El experto en Servicio de Inteligencia José Amarilla durante su visita a ABC TV sostuvo que, al haberse borrado el código rojo que pesaba sobre la esposa de Marset hace que se proyecte una imagen muy negativa al mundo, además del mal manejo de cuestiones extremadamente sensibles.

“Cuando existen fallas en las oficinas locales de Interpol estamos proyectando una imagen terrible para el sistema de seguridad en general, que ni en los niveles de alta delicadeza podemos manejar de manera fiable la información. Dentro del contexto Nacional, lo que ocurre en la Policía sigue siendo por debajo del promedio los niveles de corrupción comparado con la Región”, acotó Amarilla.

Agregó que la corrupción generalizada en la sociedad hace que este tipo de situaciones ocurra. Que la Policía al ser una institución vertical, indefectiblemente la decisión de borrar del sistema el nombre de la esposa de Sebastián Marset y su secretario tuvo que venir de más arriba.

Dijo que se debe ser serio en la investigación y hurgar hasta llegar a los vínculos que tiene Marset en Paraguay, que podrían ser políticos, con policías el Poder Judicial, Ministerio Público, etc.

Actualmente tres efectivos policiales se encuentran imputados y en prisión preventiva sospechados de haber cobrado 40.000 dólares americanos para borrar el código rojo respecto a Gianina García y José Estigarribia, esposa y secretario del presunto narco, Sebastián Marset.

Los efectivos policiales imputados son; Kevin Montiel Sanabria, se encuentra procesado por frustración de la persecución y ejecución penal, realización de hecho punible por funcionarios y y cohecho pasivo agravado. Igualmente, Hugo Javier Vallejos, procesado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios y Gabriela Vasso Mosqueira.

Solo este fin de semana, seis funcionarios públicos fueron a prisión por colaborar con estructuras criminales, tanto efectivos policiales de Interpol como funcionarios de la Dinac están guardando prisión preventiva por cooperar con estructuras dedicadas al tráfico internacional de droga.

Lo más grave es que las personas que se encuentran en puestos clave, terminan sucumbiendo al dinero sucio proveniente del narcotráfico que amasan fortuna y con ellos compran la lealtad de los funcionarios públicos que terminan formando parte de las estructuras criminales.

Este sábado, fueron a prisión los tres efectivos policiales de la Inperpol Paraguay quienes borraron el código rojo de la esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Los efectivos policiales imputados por este caso y que ya guardan prisión son: Kevin Montiel Sanabria, se encuentra procesado por frustración de la persecución y ejecución penal, realización de hecho punible por funcionarios y y cohecho pasivo agravado. Igualmente, Hugo Javier Vallejos, procesado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios y Gabriela Vasso Mosqueira.

Otro de los casos que también saltó este fin de semana fue el de los funcionarios de Dinac, quienes también están procesados y en prisión preventiva por colaborar con estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de droga.

Se trata de Ramón Isacio Arrúa, Luis Alberto Servián, Basilio Darío Rodríguez y Marta Liliana Coronel.

Durante el encuentro de los miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), se logró la elaboración del protocolo de seguridad para agentes fiscales que será presentado en la asamblea de febrero de 2024, en Perú, para su aprobación e inmediata puesta en vigencia.

El material es fruto de varias reuniones que se llevaron a cabo desde el año pasado, tras culminar el encuentro en Cartagena de Indias-Colombia, preocupados por la ola de ataques y asesinatos que vienen padeciendo los encargados de administrar justicia, como el de Marcelo Pecci.

Uno de los objetivos es evitar futuros ataques hacia los fiscales que se encuentren en riesgo por la labor realizada en una investigación criminal.

Tras la aprobación del protocolo se llevará adelante una campaña de socialización, capacitación y visibilidad, con todos los Ministerios Públicos miembros. La reunión culminó con la firma del acta de conformidad por parte de los participantes.

El evento fue patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de CRIMJUST, otra dependencia de la citada organización, de Lucha Especializada Contra el Crimen Organizado Transnacional.

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos está integrada por 22 países, que tienen como objetivo primordial ante el actual escenario, es lograr la protección de los agentes fiscales dedicados a combatir la criminalidad compleja.