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Hernán Rivas frustra su audiencia de imposición de medidas

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El senador Hernán Rivas imputado por su título falso de abogado presentó su primer incidente en la causa y frustró la audiencia de imposición de medidas prevista para mañana ante el juez Miguel Palacios.

La defensa presentó un pedido de reposición de la admisión de la imputación con apelación en subsidio, con lo que la audiencia fijada para mañana no podrá realizarse ya que, una vez resuelta la cuestión planteada por la defensa, la misma deberá ser remitida a la cámara de apelaciones.

La defensa de Rivas sostiene que existen vicios de tinte formal en la imputación contra su cliente por, ende no puede ser admitida en esas circunstancias por lo que se requiere que la resolución que ordena la admisión de la imputación se declare sin efecto.

La agente fiscal Patricia Sánchez imputó al legislador por producción mediata de documento público de contenido falso, por haber presentado documentos afirmando haber cursado la carrera de derecho, pero esto no pudo ser acreditado.

Según el relato de hechos del Ministerio Público, “Hernán Rivas en el afán de acceder a la matrícula de abogado, habría presentado con esa finalidad un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó, que presuntamente cursó la carrera de derecho en los años 2010 y 2015, sin embargo, sin que exista ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de esos documentos”, relata la fiscalía.

Rivas, usó esos documentos para así hacerse pasar por un abogado ante la cámara baja lo que le valió incluso ser electo el representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Rivas, volvió a integrar el JEM como representante del Senado, pero tras el escándalo dio un paso al costado presionado por sus colegas.

Oficina Técnica Penal cuenta con nuevos integrantes

La flamante camarista Silvana Luraghi miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos es la nueva secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal en reemplazo de la camarista Andrea Vera Aldana.

Igualmente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió la incorporación del juez penal de garantías Matías Ubaldo Garcete, como integrantes de la Oficina Técnica Penal.

La OTP está a cargo de la ministra Carolina Llanes quien encabeza todas las iniciativas tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema penal que tropieza con numerosos problemas, desde el abuso de la prisión preventiva, así como el envío a juicio oral de casi todos los casos, entre otros.

La máxima instancia judicial dispuso la creación e implementación de órganos con enfoque específico en el análisis de las fortalezas y debilidades de cada fuero a fin de proponer, implementar y dar seguimiento a iniciativas de mejora en la gestión. Actualmente se dispone de 5 Oficinas Técnicas de Apoyo entre ellos se encuentra la del fuero penal.

De esta Oficina surgieron acordadas como la que prohíbe a los magistrados el abuso de la prisión preventiva, el control jurisdiccional adecuado del acta de imputación, igualmente la que insta a magistrados a buscar salidas alternativas al juicio oral, entre otros a fin de agilizar los penales y no convertir la etapa de juicio oral en cuello de botella.

Queda firme la condena para Raul Fernández Lippmann

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Tras rechazarse un recurso de aclaratoria presentado por la defensa del condenado, la sentencia de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero debe ser ejecutada.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó un pedido de aclaratoria presentada por la defensa, la máxima instancia rechazó la solicitud por considerar que no existe nada que aclarar de la sentencia dictada en diciembre pasado que confirmó la condena de siete de cárcel para Raul Fernández Lippmann.

El exsecretario del JEM fue condenado por enriquecimiento ilegítimo y lavado de dinero, por no poder justificar en su patrimonio una fuerte suma de dinero que, según el Ministerio Público, y la sentencia confirmada, el exsecretario tenía ingresos legales por solo G. 20 millones, pero contaba con bienes que alcanzaban los G. 1.400 millones.

En esta causa, Fernández Lippmann fue primera absuelto, luego se anuló el caso y volvió para un nuevo juicio oral donde recibió la condena de siete años de cárcel que debe ser cumplida al quedar firme el veredicto.

Fernández Lippmann ejerció la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el periodo que ejerció la presidencia, el finado Óscar González Daher, ambos fueron condenados tras descubrirse un esquema de extorsión con los audios filtrados.

Presentan segundo urgimiento para que el JEM destituya a Stella Mary Cano

Guillermo Ferreiro abogado de Mario Ferreiro, presentó un segundo urgimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, JEM, para que dicte sentencia definitiva en el proceso abierto contra la fiscal Stella Mary Cano por supuesto mal desempeño en sus funciones.

Si bien el Jurado tiene 30 días para emitir su veredicto, luego de escuchar las alegaciones finales de las partes, para el denunciante el plazo de 180 días para que finiquite el proceso de enjuiciamiento esta por expirar, teme que esta situación frustre que la misma no sea destituida del cargo pese a las pruebas que ofrecieron en la causa.

“El Artículo 33 de la ley 6814 es muy claro al establecer que el enjuiciamiento deberá concluir dentro de los 180 días hábiles y que la responsabilidad, si ello no ocurriere, recae sobre en miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. conforme lo manifestado y las constancias de autos, vengo a urgir, se dicte resolución definitiva, en el presente enjuiciamiento removiendo del cargo a la agente fiscal Stella Mary Cano”, reza el escrito del abogado Guillermo Ferreiro.

La agente fiscal Cano, fue denunciada por hacer creado una causa contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro y otras personas, quienes fueron absueltas en un juicio por un tribunal de sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni.

La sentencia fue contundente dejando en evidencia al Ministerio Público de traer al debate público un juicio sin la más mínima prueba para acusar a las personas quienes venían soportando un largo proceso. La sentencia explicó claramente que no hubo perjuicio patrimonial y tampoco la famosa caja paralela y que la acusación se basó en capturas de pantalla cuyo origen se desconocía y nunca fue indagado por la fiscalía, esto sirvió para que Mario Ferreiro recurra hasta el Jurado, buscando la destitución de la agente fiscal del caso. Este fallo a días de dictarse quedó firme ya que la agente fiscal no apeló la decisión del colegiado.

A raíz de este hecho los denunciantes buscan sacar a la agente fiscal del Ministerio Público por su abierta mala fe, ya que hubo un procesamiento indebido de personas que nunca debieron ser imputadas y un pedido de condena que no fue convalidado por un tribunal.

Caso Zapag: preliminar para acusados vuelve a suspenderse

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Una vez más la audiencia donde se sabrá si los dos jóvenes acusados por el Ministerio Público de haber agredido físicamente a Benjamín Zapag irán a juicio, volvió a frustrarse esta vez, por una recusación no resuelta contra la fiscal del caso.

La diligencia debía practicarse en la fecha, pero quedó nuevamente suspendida debido a que existe una recusación contra la agente fiscal Claudia Penayo, que aún está pendiente de decisión.

En esta causa están acusados, Héctor Grau, señalado por la víctima como el autor de los golpes que recibió en el rostro y Marcelo Fretes, sindicado por la víctima como el que le gritó antes de recibir los golpes a traición.

Ambos soportan cargos por lesión grave y afrontarán audiencia preliminar por este hecho. En la preliminar se sabrá si la causa será remitida al debate público ante un tribunal de sentencia.

El hecho se registró en la madrugada del 6 de diciembre del 2022 en la discoteca Morgan. A más de un año del hecho no se pudo superar la etapa preliminar en el caso.

La jueza que entiende en el caso, Cynthia Lovera, deberá fijar nueva fecha de audiencia.

FOTO: ABC Color.

Condenado por abusar de un niño por medios telemáticos

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La justicia condenó a un hombre a seis años de pena privativa de libertad por abusar de un niño en red. El hombre bajo engañó logró grabar a la víctima y también le compartió videos de contenido sexual.

El Ministerio Público logró la condena de Carlos Alberto Santos Espínola, a seis años de cárcel por haber abusado sexualmente de un niño de 10 años de edad por medios telemáticos al probar todos los extremos de la acusación durante el debate público.

El hoy condenado, contactó con el niño a través del videojuego FREEFIRE, le pidió su número de WhatsApp y a partir de allí inició una conversación de tinte sexual con el pequeño a quien prometió la recarga de diamantes para el mencionado juego a cambio de que el pequeño le enviara imágenes de él.

Durante el juicio oral y público el Ministerio Público expuso varios elementos de prueba como: mensajes y videos que prueban cómo el condenado cometió los abusos en línea contra el niño de 10 años.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez, titular de la Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de activos mediante sistemas informáticos, fue quien obtuvo la condena unánime de 6 años de pena privativa de libertad, contra el ciudadano Carlos Alberto Santos Espínola, tras haber demostrado en juicio oral y público el almacenamiento, reproducción y difusión de archivos de contenido digital consistente en imágenes y videos de pornografía relativa a niños y adolescentes en diversas modalidades sexuales de «niño solo», «niño y niño», «niño y adolescente», «niño y adulto» adolescente y adolescente y «adolescente y adulto.

Asimismo, se demostró la autoría de “Abuso por medios tecnológicos” contra un niño de 10 años de edad, quien fue captado por el condenado a través del videojuego llamado FREEFIRE», quien a través del chat interno del mencionado videojuego solicitó su número de servicio de mensajería WhatsApp.

Luego de inventar juegos recreativos de tipo sexual, que consistía primeramente en la muestra por parte del acusado, de actos de índole sexual con muestras de desnudes y que el niño debía de imitar y transmitir vía video llamadas por medio de la red social WhatsApp, siendo grabada dicha video llamada por el acusado, ofreciendo de regalo “recarga de diamantes para el juego en línea FREEFIRE” juego en línea muy conocido y utilizado por los menores, juego en que los diamantes son los recursos más valiosos, que son adquiridos con dinero real, para luego utilizarlos en el juego virtual para desbloquear y adquirir artículos en la tienda del videojuego, como  autos, mascotas, ropas etc, y de esa manera atrapo al menor en su red de intercambios de  imágenes y videos de contenido digital sexual en vivo a través de las video llamadas.

Tribunal aplica pena máxima de 30 años de cárcel a Eusebio Torres Romero

Eusebio Torres Romero comisario retirado fue condenado a la pena de 30 años de cárcel tras ser declarado culpable por hechos de tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

El tribunal de sentencia argumentó que quedó probado mediante testimonio, documentos y otros medios de prueba que Torres formaba parte de la Policía de la Capital sometió a torturas al señor Carlos Casco y su esposa Teresa de Jesús Aguilera quien en ese entonces se encontraba embarazada. También a su hermano Luis Casco donde fue declarado como coautor de la tortura.

«El bien jurídico afectado en este caso es la dignidad humana», señaló tajante el presidente del tribunal de sentencia Juan Francisco Ortiz.

Mientras que el Magistrado Manuel Aguirre expresó que la sentencia es un ejemplo para todas aquellas personas que cometen hechos de lesa humanidad.

«No mostró arrepentimiento. La policía está para protegernos y no para torturarnos», manifestó Manuel Aguirre.

La otra integrante del tribunal es la magistrada Rosana Maldonado.

Si bien la Fiscalía representada por la agente Sonia Sanguinés solicito la pena de 15 años de cárcel, para el tribunal corresponde aplicar la pena máxima de 30 años de encierro.

Este hecho de tortura juzgado ocurrió en abril del año 1976 a partir de la detención de los hermanos Casco y la esposa de uno de ellos a quienes se los acuso de estar en contra del régimen dictatorial.

COPAJU inaugurará nueva sede en Buenos Aires, República Argentina

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) inaugurará su nueva sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el próximo 28 de febrero y contará con la presencia de autoridades judiciales, académicas y representantes de organizaciones sociales de todo el continente americano.

En la ocasión también se inaugurará la nueva sede del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, un espacio dedicado a la formación, investigación y promoción de los derechos sociales, con especial atención a las temáticas de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Delegación paraguaya estará presente en la inauguración.

Luego de la invitación extendida por el presidente de COPAJU, Andrés Gallardo se conformó la delegación que representará a nuestro país, quedando integrado de la siguiente manera:

El camarista Delio Vera Navarro, presidente del COPAJU – Capítulo Paraguay, la Vicepresidenta, Lorena Segovia ministra de la Defensa Pública, la socia fundadora la camarista Bibiana Benítez Faría y el socio fundador y Director de Comunicaciones, el magistrado Camilo Cantero.

Acerca del COPAJU

El COPAJU es una organización internacional que reúne a juezas y jueces comprometidos con la defensa y promoción de los derechos sociales. La organización trabaja por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde todos los seres humanos tengan acceso a una vida digna y plena.

Recordemos que en el mes de marzo del año 2023 se instaló el Comité Panamericano de Juezas y Jueces  Capitulo Paraguay.

Juzgados de ejecución penal de Capital fueron digitalizados

Todos los juzgados de ejecución penal de nuestra Capital ya operan con el Expediente Judicial Electrónico, la digitalización también llega a esta etapa donde las sentencias son ejecutadas.

La finalidad es que con el sistema informático se incremente la transparencia y la agilización de los procesos judiciales, así como la optimización del sistema de justicia y la disminución del uso del papel e incluir a toda la Circunscripción de Capital dentro del Expediente Judicial Electrónico.

Al respecto, el ministro Alberto Martínez Simón, enfatizó que, la implementación de la herramienta se da en cumplimiento al cronograma establecido. Puntualizó que “hoy estamos acompañando al juez Carlos Mendoza, que está inaugurando el expediente electrónico en el juzgado de Ejecución Penal de la Capital. Un juzgado sumamente sensible por las cuestiones que manejan y los trámites que involucran, entonces, incorporar esta herramienta tecnológica nos pareció de vital importancia para ir cerrando el círculo de administración de las causas a través de medios digitales”, explicó.

Por su parte, el magistrado Carlos Mendoza, emitió la primera firma digital de una providencia y una resolución, resaltó que la puesta en funcionamiento ayuda al mejor funcionamiento de la administración de justicia. “Se denota el beneficio, hay una celeridad importante en los procesos, es una resolución favorable para los justiciables y todo el conjunto que representa. Es un gran aporte e inversión de la Corte Suprema para garantizar el acceso a la justicia”, acotó.

Estuvieron presentes en la jornada, colaboradores de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, funcionarios y actuarios de los Juzgados de Ejecución. Recordemos que la implementación del EJE está a cargo exclusivamente de funcionarios por del Poder Judicial.

Carlos Heisele expresidente de la ANDE afrontará juicio oral

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El proceso penal abierto por lesión de confianza contra el expresidente de la ANDE Carlos Heisele, fue elevada a juicio oral y público donde será debatido los elementos de prueba del Ministerio Público por un perjuicio estimado de más de G 9.000 millones.

Luego de la audiencia preliminar realizada ante la jueza Cynthia Lovera, quien previamente rechazó los incidentes de prescripción de la causa presentada por el acusado Carlos Heisele así como por otras defensas, la causa fue elevada a la siguiente etapa para el debate público.

Además de Heisele, fueron acusados, René Adilio Aranda y Ángel Javier Galeano Barrientos, los tres están acusados en la causa que investiga el pago de indemnizaciones presuntamente irregulares por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el marco de la construcción de la Línea de 500 Kv.

Según el relato del Ministerio Público, en diciembre de 2018, bajo la gestión de Carlos Heisele, se otorgaron indemnizaciones de manera irregular a diecisiete propietarios de inmuebles ubicados dentro de la franja de dominio de la construcción de la Línea 500 Kv, que se extiende desde Itaipú hasta la ciudad de Villa Hayes, Chaco paraguayo.

El fiscal Leonardi Guerrero, sostiene que la ANDE pagó mucho más de lo que debía abonar a los propietarios, que debía ser solo de G 3.000 millones sin embargo la Administración desembolsó más G 9.400 millones.

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