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Juez se opone a desestimar investigación contra Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte

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El juez Humberto Otazú imprimió el trámite de oposición al pedido de desestimar la denuncia contra Velázquez y Duarte, a quienes se los indagó por soborno luego de ser señalados significativamente corruptos por Estados Unidos.

El equipo de fiscales conformado para investigar un supuesto caso de soborno respecto al exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y el exdirector jurídico de la EBY, Juan Carlos requirió al juzgado desestimar la investigación y archivar el caso.

Los fiscales Francisco Cabrera, Alma Zayas, Jorge Arce y Diego Arzamendia, solicitaron archivar la investigación abierta por e actúa fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quien conformó este equipo de fiscales para indagar el caso, luego que los Estados Unidos lo hayan declarado significativamente corruptos por haber supuestamente ofrecido un soborno de 1 millón de dólares para frustrar una causa.

Los datos expuestos por el gobierno de los Estados Unidos no reportan elementos concretos, que permitan iniciar el proceso, ni para reconstrucción de los hechos”, señala parte del dictamen del Ministerio Público.

Los investigadores concluyen que no pueden construir una causa en base a la comunicación realizada por la Embajada de EE.UU. en nuestro país ya que no constituye un elemento de prueba la sola exposición de los hechos.

Esta causa fue abierta a raíz de los hechos emergentes de las comunicaciones realizadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Embajada en Paraguay.

El magistrado antes de resolver el archivo de la causa desea escuchar el parecer del superior de los fiscales, si ratifica o rectifica el dictamen anterior. El Ministerio Público tiene 10 días para emitir du dictamen sobre la cuestión.

Otorgan arresto domiciliario a dos implicados en venta de cargos en IPS

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La jueza Alicia Pedrozo concedió arresto domiciliario a procesados por su presunta participación en la venta de cargos para el Instituto de Previsión Social, IPS.

Se trata de José Manuel Agüero y José Genaro Santacruz Frutos, ambos imputados por estafa y asociación criminal por su supuesta implicancia en la venta de cargos para la Previsional.

La magistrada hizo lugar al pedido de revisión de la prisión preventiva que pesaba contra ambos procesados y decretó el arresto domiciliario para ambos. Para el efecto, se estableció para Agüero una caución personal por G 300 millones y una caución real de G 900 millones.

Mientras que, para el imputado Santracruz, la jueza dispuso una caución personal de G 150 millones y una real de G 750 millones.

El esquema está montado en su mayoría por funcionarios de IPS, de los 13 imputados, 9 son empleados del Instituto de Previsión Social, quienes crearon un esquema de estafa prometiendo cargos. Son numerosas las personas que cayeron víctimas de la estructura criminal.

Ser la voz de la vulnerabilidad es un enorme compromiso para la Defensa Pública

La defensora general Lorena Segovia, hizo un recuento de los casi cinco años de gestión al frente del Ministerio de la Defensa Pública, que tuvo como objetivo principal según dijo, ser la voz de la vulnerabilidad, que es un enorme compromiso.

Comentó que solo en el ámbito penal de 40.000 personas que se atendían en el 2018, trepó a 98.117 personas las asistidas por la Defensa Pública. A lo que se suma el fuero de la Niñez de 30.000 representados cerró el 2023 con 55.000 y en el fuero Civil, de 10.790 asistidos en 2018, el 2023 cerró con 22.636 personas a quienes representaron en este periodo.

“Si la Defensa Pública pierde de vista que asiste a personas de las más vulnerables, pierde el valor fundamental que la debe mantener como institución. Estas personas tienen en la Defensa Pública su voz, que no podrían tener en otro operador de justicia y ser la voz de la vulnerabilidad es un enorme compromiso que va mucho más allá de lo que significa, voy a hacer nomas mi trabajo, aquí la gente hace mucho más que su trabajo y no me estoy refiriendo a mí, me refiero a los integrantes de la Defensa Pública”, sentención la ministra Lorena Segovia.

Agregó que está convencida que en estos cinco existe un compromiso personal con la institución y personal de los defensores público con las personas.

Por último, dijo que, si pueden existir falencias en el servicio que brinda la institución porque son seres humanos, pero reafirmó que el compromiso de brindar un servicio óptimo existe.

Falsificación de resoluciones judiciales se hacen fuera del sistema, dice ministro

El ministro encargado del Expediente Judicial Electrónico, Alberto Martínez Simón, señaló que, hasta hoy, ninguna resolución fue modificada o adulterada dentro del sistema informático del Poder Judicial, sino fuera de ella.

Comentó que se han tomado todas las medidas de seguridad para encriptar el EJE, en base a todas las recomendaciones que hacen los expertos informáticos y así brindar seguridad a todos los usuarios de la plataforma y así evitar la vulneración del sistema.

“Qué hace la gente que comete esos delitos, realiza una resolución y hace una base de datos falsa que no es la oficial, y pone un código QR que le remire a esa base de datos falsa, eso es algo que hace un programador, una persona que entiende, por eso la persona que revisa con el código QR, le remite a esa base de datos falsa, tuvimos casos de personas que le convencieron a alguien que su caso se había finiquitado e intentaron levantar un embargo que, en realidad, no pudieron. Por eso hacemos siempre la advertencia para que las personas chequeen el origen con el código QR, y vean que realmente sea la dirección de la Corte la consignada, algunos ponen páginas como: oficiosjudiciales.com.py, esa no es la dirección de la Corte”.

“Nadie entró en nuestra base de datos, por lo menos hasta ahora. tratamos de tomar todos los mecanismos de seguridad, tenemos varios sistemas informáticos de protección y usamos aquellas de vanguardia, tenemos duplicaciones, las copias, por si se llegara a vulnerar el perjuicio no sea tan grande, no hay sistema infalible, pero nosotros tomamos todas las medidas”, acotó Martínez Simón.

Por último, el vicepresidente electo de la Corte Suprema de Justicia dijo que en el edificio que está construyendo la máxima instancia al costado del Palacio de Justicia allí tendrán el Data Center, con toda la seguridad física y tecnológica y una replicación afuera, para cuidar todos los detalles de seguridad del Expediente Judicial Electrónico.

Ministro señala que cualquier iniciativa contra “chicanas” debe ser analizada

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El electo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, señaló que vienen aplicando reiteradas sanciones a los abogados chicaneros donde incluso han casado la matrícula de los profesionales del derecho.

Comentó que existen actos de evidente mala fe por parte de algunos abogados litigantes y es lo que tienen en cuenta para tomar decisiones en algunos casos drásticas suspendiendo la matrícula por meses.

Agregó que la propuesta de acordada que pretende regular los casos de gran impacto social o de personas políticamente expuestas, que también busca limitar las dilaciones basadas en chicanas, dijo que una vez socializada entre los ministros debe ser debatida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

“Todavía no se circularizó esa idea, pero yo creo que todas las ideas que apunten a evitar las chicanas tenemos que discutirlas, ver si no agrede ningún principio Constitucional y si así fuere adelante, porque lo que queremos evitar es esas malas prácticas”, acotó el ministro Martínez Simón.

Subrayó que la Corte Suprema de Justicia, no tolerará ninguna práctica abusiva del derecho que encamine los procesos hacia la extinción o prescripción, que la máxima instancia seguirá insistiendo con los sumarios y sanciones hasta que los abogados entiendan que esa no es la vía del litigio.

Solo el año pasado la CSJ llegó a casar la matrícula de una decena de abogados y sancionó con otras medidas como multa, suspensiones y advertencias.

Jueces autoritarios llenan las cárceles y alimentan al crimen organizado, afirman

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La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, fue tajante al señalar que los jueces que no aplican la Constitución Nacional y la ley que habla que la prisión preventiva es excepcional, son autoritarios.

Llanes, habló sobre la problemática del abuso de la prisión preventiva en los procesos abiertos por hechos bagatelarios, de robo de carne u otros objetos y los problemas que acarrea ese tipo de situaciones no solo al sistema penal, sino penitenciario y de seguridad del país porque las estructuras criminales son fortalecidas con estas personas que son presa fácil una vez que van a parar a la cárcel.

“No es proporcional que vos utilices la fuerza penal cuando la condena que se podría aplicar en esos casos no va a ser privativa de libertad, probablemente sea pecuniaria o un resarcimiento antes del juicio. Si esa es la situación y tenés un caso de esa característica no tenés que aplicar la prisión preventiva”. -¿Por qué no entienden eso los jueces?, porque son autoritarios, porque responden a cuestiones digitadas o populistas, porque no entender lo que dice la Constitución y lo que dice la ley en relación de la aplicación de la fuerza mientras dure el proceso, está tarifado eso, que significa, que se deben dar los presupuestos, ante los cuales sí se debe aplicar la prisión preventiva y en contrapartida si no están presentes esos presupuestos, no se puede aplicar la prisión preventiva que es de carácter excepcional y hacen exactamente al revés, es lo que tratamos de invertir, se invirtió el principio, la excepción se convirtió en la regla”, señaló claramente la ministra Carolina Llanes presidenta de la Sala Penal y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que se tiene a la vista el daño que esto ocasiona, y es una mal endémico a nivel regional. Que existe un resurgimiento autoritario en los sistemas judiciales penales de querer aplicar sanciones más graves o prisión preventiva como pena anticipada.

Comentó que, si existe un alto crecimiento de la criminalidad, hay una visualización mayor de ello, pero enviar a la cárcel a personas que cometen hechos punibles leves, no es la forma de solucionarlo, y no es el camino, subrayó la máxima autoridad.

Víctimas del comisario Torres mostraron a tribunal el lugar donde fueron torturados

El tribunal de sentencia que juzga al excomisario de la dictadura Stronista Eusebio Torres por hechos de tortura de hace 48 años se constituyó hasta lo que antes fue el temido departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital.

Tanto los denunciantes como testigos de la causa revivieron momentos de terror dentro de las dependencias. Hablaron de los tratos crueles entre ellos la famosa “pileta” y la «picana eléctrica» a los que eran sometidos reiteradamente.

El comisario retirado Eusebio Torres, hoy con 87 años, formaba parte de la policía de la dictadura de Alfredo Stroessner y está acusado por tortura que datan principalmente en abril de 1976.

Los denunciantes son  Carlos Ernesto Casco, su esposa Teresa Aguilera de Casco y su hermano Luis Alberto Casco.

Según la acusación de la fiscalía, estas víctimas habrían sido detenidas por la policía Stronista y fueron derivadas al Departamento de Investigaciones donde fueron torturados por Torres, quien era el que les tomaba la declaración. La mujer detenida en ese entonces estaba embarazada y tuvo a su hijo en pleno cautiverio.

La reconstrucción de los hechos incluyó un recorrido por diferentes dependencias de la exsede de Investigaciones ubicada sobre Presidente Franco y nuestra Señora de la Asunción.

«Aquí en este lugar me sometían al método de inmersión. Tenían una tina móvil. Me colocaban boca arriba, me agarraban del pelo y sinergias entre un minuto a un minuto y medio, límite de la respiración. Así una y otra vez. No recuerdo cuantas veces», dijo la víctima Carlos Casco quien en un momento dado se quebró.

El tribunal de sentencia que juzga este caso, está integrado por los magistrados: Juan Francisco Ortiz, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.

Nuevo Consejo proyecta finiquitar 400 sumarios al mes

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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón adelantó a Judiciales Net que el nuevo Consejo de Superintendencia buscará poner al día los sumarios administrativos.

Dijo que incluso están analizando implementar la digitalización de la tramitación de dichas investigaciones sumariales para brindar agilidad a los casos y que los indagados puedan notificarse en tiempo real de sus expedientes.

“Queremos dejar a fojas cero el casillero de autos para sentencia implicará trabajar horas extras, tenemos pensado resolver 100 expedientes por semana, sería unos 400 al mes. Pretendemos como Consejo reunirnos dos veces por semana para mantener al día toda la parte administrativa de la Corte, señaló Alberto Martínez Simón vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia.

La idea de los nuevos integrantes del Consejo de Superintendencia es no dejar ni un solo sumario pendiente de resolución para el Consejo entrante. Agregó que empezaron las reuniones entre el presidente electo Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans para planificar las prioridades de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que también los trámites administrativos del Consejo de Superintendencia serán digitalizados, ya que en la actualidad todos los sumarios se desarrolla n en formato papel y buscarán practicidad con la versión digital, principalmente en las notificaciones, así como la tramitación de los casos.

Comentó que será todo un desafío digitalizar los trámites del Consejo de Superintendencia ya que la implementación del Expediente Judicial Electrónico tiene una agenda muy cargada para cumplir con los objetivos trazados por la máxima instancia.

Por último, la máxima autoridad señaló que este 2024 será de mucho avance institucional. Este Consejo asumirá el próximo 26 de febrero, pero los trabajos para un buen resultado ya iniciaron.

Condenada a 39 años «Cerebro» del crimen del fiscal Marcelo Pecci

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Un juzgado de Cartagena emitió una sentencia condenatoria de 39 años de prisión, equivalente a 468 meses, contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, a quien se considera la articuladora y financista del crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Chacón Zúñiga fue hallada culpable de los delitos de homicidio agravado y porte o tenencia de armas en relación con el asesinato del fiscal Pecci.

La sentencia también incluye la inhabilitación de Chacón Zúñiga para ejercer funciones públicas durante un período de 20 años.

La Fiscalía colombiana ha anunciado que no recurrirá ni apelará la decisión de la justicia, mostrando conformidad con la condena lograda. Sin embargo, la defensa de Chacón Zúñiga ha indicado que apelará la decisión del juzgado.

Este fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Marcelo Pecci y su familia, así como un mensaje contundente contra la impunidad en casos de crimen organizado y corrupción en Colombia y la región.

Hernán Rivas está procesado por presunto título falso

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El juez Miguel Palacios admitió la imputación por producción y uso de documentos públicos de contenido falso contra el senador Hernán Rivas.

Rivas fue imputado por presentar su matrícula de abogado para jurar como miembro del JEM , matricula al que accedió con un título falso, según la fiscalia.

La agente fiscal Patricia Sánchez imputó al legislador por producción mediata de documento público de contenido falso, por haber presentado documentos afirmando haber cursado la carrera de derecho, pero esto no pudo ser acreditado.

Según el relato de hechos del Ministerio Público, “Hernán Rivas en el afán de acceder a la matrícula de abogado, habría presentado con esa finalidad un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó, que presuntamente cursó la carrera de derecho en los años 2010 y 2015, sin embargo, sin que exista ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de esos documentos”, relata la fiscalía.Agrega la imputación contra Rivas que usó esos documentos para así hacerse pasar por un abogado ante la cámara baja donde inicialmente ya desempeñó funciones lo que le valió incluso ser el representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Rivas, volvió a integrar el JEM como representante del Senado, pero tras el escándalo dio un paso al costado presionado por sus colegas.

La audiencia para Rivas fue fijada para el 26 de febrero a las 8:30 ante el juez Miguel Palacios.

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