La máxima instancia confirma que la fecha tope de investigación del Ministerio Público respecto a Erico Galeano para presentar requerimiento conclusivo es hasta el 24 de mayo próximo.

Ese día la fiscalía deberá presentar su acto conclusivo en contra del legislador señalado de prestar logística al crimen organizado.

Por la complejidad del caso, el cúmulo probatorio a revisar, los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, solicitaron en su momento al Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado una prórroga extraordinaria que fue concedida por alzada y extendió la investigación fiscal por seis meses más.

El Ministerio Público aún está recopilando pruebas para demostrar la conducta del legislador en relación al dinero recibido, que asciende a 1.000.000 de dólares, por la operación de compraventa de una propiedad en Aqua Village. Este dinero fue recibido de Hugo Manuel González, quien se cree que forma parte del grupo liderado por Miguel Insfrán, alias «Tío Rico,» considerado el líder de la organización criminal investigada en este caso.

Además, la fiscalía indicó que necesita más tiempo para confirmar la conexión del senador con la organización criminal liderada por «Tío Rico,» ya que se sospecha que brindó apoyo logístico prestando su avioneta a Miguel Insfrán y Sebastián Marset.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico,» y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

El juez Humberto Otazú otorgó el beneficio de arresto domiciliario al asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes y al abogado Raúl Adriano Cardozo Benítez, ambos procesados por un pedido de coima de G 5.000.000 a un hombre denunciado por violencia familiar.

Antonio Ramón Petters Paredes, está imputado por el fiscal Luis Piñanez por tráfico de influencia y resistencia. Mientras que, el abogado Raul Cardozo Benítez soporta proceso por tráfico de influencia en calidad de cómplice.

Los mismos están indicados de haber solicitado G 5.000.000 para que supuestamente el fiscal Alfredo Mieres no impute en un caso de violencia familiar donde el cliente de Cardozo está denunciado.

La investigación está siendo llevada adelante por el fiscal Luis Piñanez, quien como primer acto investigativo realizó la entrega vigilada del dinero donde ambos indiciados cayeron presos.

El arresto domiciliario de ambos procesados deberá ser controlado por la Policía aleatoriamente y debe ser informado de su correcto cumplimiento al juzgado. Se advierte a los implicados que, en caso de que no se cumpla con la medida decretada por el juzgado la misma será revertida.

Carlos Casco uno de los denunciantes que sufrió actos de tortura en poder de Eusebio Torres Romero, señaló que solo esperaban que el tribunal lo condene a la pena de 15 años requerida por el Ministerio Público, no así los 30 años de cárcel que consideran además de histórica resarcitoria y ejemplar.

Durante su visita a Expediente Abierto emitido por ABC TV, don Casco señaló que valieron los años de espera para que se haga justicia ya que el tribunal falló de forma unánime y es un veredicto los sorprendió gratamente y deja sentado dos aspectos muy importantes que los casos de lesa humanidad no prescriben y que si son cometidos no quedarán impunes.

“Lo califico como una persona con doble personalidad, era un monstruo un animal”, señaló Carlos Casco al definir a su torturador Eusebio Torres Romero.

Agregó que estuvo años recluido con su esposa que dio a luz estando en cautiverio. Que pasaron no solo por hechos de tortura física sino también psicológica ya que simulaban las ejecuciones permanentemente y que vivían el día a día ya que desconocía si sería el último.

Por último, dijo que su vida después de la libertad no cambió mucho, debido a que él y su familia seguían sufriendo persecuciones y fueron despojados de identidad y se encontraba en una lista negra que incluso les impidió proseguir sus estudios y hasta trabajar por ser “comunista”.

El tribunal de sentencia que aplicó la máxima pena por hechos de tortura está integrado por los jueces: Juan Francisco Ortiz, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.

El Tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio oral y público al exministro del Interior Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera Espínola, acusados de haber torturado a Luis López y Alfredo Cáceres.

Las víctimas fueron sometidos a actos de tortura bajo la orden de Walter Bower, tras el fallido intento de golpe del 2000, relata la acusación del Ministerio Público y de la querella.

En el primer día de juicio oral, el tribunal rechazó los incidentes de exclusión probatoria requerido por las tres defensas de los acusados, quienes señalaron desconocer el contenido de las documentales ya que no pudieron acceder a las mismas en tiempo oportuno.

Bower, señaló que sí declarará ante el tribunal en el momento oportuno, adelantó que ha sido condenado hace 20 años, por la sociedad y por las circunstancias, pero, que sigue confiando y creyendo en la justicia.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampos, quienes mañana 26 de febrero a las 13:00, escucharán a las víctimas de este hecho quienes relatarán los hechos al colegiado.

Luego 24 años del hecho se desarrolla el segundo juicio oral en la causa debido a que la primera fue anulada.

La agente fiscal Patricia Sánchez solicitó este viernes en la audiencia de reposición ante el juez Miguel Palacios, el rechazo del incidente presentado por la defensa de Hernán Rivas que evitó la imposición de medidas.

Sánchez, señaló que, no existe vicio alguno en el acta de imputación del Ministerio Público, que, tras recibir la denuncia se dedicó a realizar diligencias a fin de corroborar las afirmaciones hechas en la denuncia de Casse Giménez.

Agregó que, la imputación se le ha comunicado al procesado en forma precisa y detallada de los hechos que se le atribuye para que el imputado en pleno conocimiento del contenido de la imputación pueda ejercer en forma efectiva y acabada su defensa material y técnica.

“En tal sentido, el agente fiscal, durante el desarrollo de la etapa preparatoria, irá colectando todos los medios de convicción idóneos -sean de cargo o descargo- , que pudieran en su efecto apuntalar o no una teoría del caso en el estadio procesal oportuno, es decir, en la presentación de su requerimiento conclusivo, por lo que resulta prematuro hablar en esta etapa inicial de la investigación fiscal, que los hechos que sirven de base a la imputación no tienen un sustento jurídico”, sostuvo la agente fiscal Patricia Sánchez durante la audiencia.

Reiteró que la naturaleza del acta de imputación, no constituye un planteamiento que deba ser debatido, ni requiere la producción de pruebas, puesto que en dicho acto procesal, se establece el objeto de investigación en torno al cual se reúna toda la información suficiente, a fin de determinar si existen méritos suficientes para acusar a una persona; es un acto procesal de carácter inicial y preliminar de incriminación que constituye una atribución exclusiva y excluyente del Ministerio Público.

El exintendente de Concepción Alejandro Urbieta Cáceres, fue sobreseído definitivamente por el juez Rodrigo Estigarribia. A pedido del Ministerio Público el magistrado ordenó el archivo definitivo del proceso abierto por Urbierta por presunta lesión de confianza.

Tras la audiencia preliminar desarrollada ante el juez Rodrigo Estigarribia, se decidió su desvinculación definitiva del proceso que se le abrió por presuntas obras inconclusas que ocasionó un perjuicio patrimonial de G 1.600 millones, sin embargo, este extremo no se pudo sostener a lo largo de la investigación.

Además de Urbieta, fueron desvinculados definitivamente del proceso Pedro Alberto Vera Escurra, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Concepción; Arsenio Domínguez, fiscal de obras; y Rigoberto Vicencini Benítez, representante de la empresa adjudicada para las obras.

En su momento, la fiscal adjunta Patricia Rivarola pidió el sobreseimiento definitivo de Alejandro Urbieta, por la inexistencia del hecho punible investigado, teniendo en cuenta que las obras de desagüe pluvial fueron realizadas, por ende, no existió un perjuicio patrimonial como se sostuvo en la imputación.

“Es así que, ante lo requerido por la fiscal adjunta, con relación al primer supuesto hecho punible, en base de los elementos colectados, la misma concluye que lo acontecido no constituye hecho punible ni puede ser subsumido dentro de ningún tipo penal sobre la hipótesis que debido a que, por un lado, si bien, las obras no fueron ejecutadas en un cien por ciento 100%, no es menos cierto que con relación al 16% de trabajo faltantes se realizaron obras en otros lugares en compensación conforme se desprende de la Adenda de contrato N° 33/2016, y que a la fecha se encuentran ejecutadas en su totalidad es decir en un 100%, tal como lo refiere el perito del Ministerio Público en su informe, por lo que ante la ausencia del supuesto perjuicio, requisito existencial para la configuración del supuesto hecho punible de lesión de confianza, nos permitimos concluir que no se observa conductas penalmente relevantes, ante la ausencia de todos los elementos de la tipicidad requerida por el Código Penal” señala parte de la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.

Tanto Urbieta como los demás procesados fueron desvinculados definitivamente por todas las porciones de hechos que el Ministerio Público les atribuyó en su momento.

La defensa técnica de Urbieta fue ejercida por el abogado Raul Caballero.

FOTO: Radio Regional 660 AM.

Un asistido de la Defensa Pública oriundo de Pedro Juan Caballero soportó tres años de cárcel por una denuncia falsa. El Ministerio Público lo acusó y llevó a juicio oral por un hecho que no cometió.

Tres años atrás, en la Colonia Yvype de Pedro Juan Caballero, Roque fue privado de su libertad a raíz de una denuncia en su contra. Él fue asistido por la defensora pública Cristina González, quien logró su absolución tras comprobarse que la denuncia en su contra era falsa.

El injusto proceso le costó su libertad por tres años. Finalmente, luego de la decisión del tribunal de sentencia le fue devuelta su libertad después de tres años de encierro.

En juicio oral y público, la defensora logró primeramente deshacer la hipótesis del Ministerio Público y solicitó la absolución del procesado por la inexistencia de pruebas en contra de su defendido. La denuncia era falsa y la propia víctima lo corroboró.

El Tribunal de Sentencia tras valorar las pruebas documentales y testimoniales producidas en juicio, resolvió que Roque no participó del hecho del cual se lo acusó, por lo que fue absuelto de culpa y pena y se ordenó su inmediata libertad luego haber estado en la cárcel tres largos años.