Este martes sus abogados Robert Marcial González y Juan Carlos Mendonça, presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución por la cual perdió su investidura.

El abogado Robert González sostuvo que esperan que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se expida primeramente sobre la medida cautelar y suspenda los efectos de la pérdida de investidura mientras estudia el fondo de la cuestión.

Dijo que por imperio de la ley debería suspenderse los efectos de esa resolución mientras se somete a estudio la acción que consideran es la vía idónea para que la exsenadora Kattya González recupere su curul en el Senado.

Agregó que la decisión del senado se hizo de manera irregular y que los actos tomados en contra del orden jurídico son nulos y que dicha resolución viola principios del Estado de Derecho y la Democracia, ya que no solo se violó la norma en el Senado para despojar de su banca a la senadora.

“Acá unas 23 personas patotearon la voluntad popular, tenemos mucha expectativa en la Corte, el senado violó su propio reglamento. Estamos solicitando que la Corte se pronuncia cautelarmente a más tardar en 15 días. El acto es nulo, ella debe recuperar su banca. Ella no pudo acceder a los términos de la acusación, ella no pudo controlar cuáles eran los motivos, no se le dio el derecho a la defensa”, sostuvo el abogado Robert Marcial González.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está integrada por los ministros, Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos Ojeda, quienes deberán estudiar la presentación realizada por la exsenadora que busca que la CSJ por esta vía le devuelva su lugar en el Congreso.

El agente fiscal Francisco Cabrera pidió rechazar la apelación de la defensa de Darío Messer y Dan Wolf Messer, planteada contra la sentencia definitiva que ordena el comiso autónomo de los bienes que ambos poseen en nuestro país cuyo valor ronda los 150 millones de dólares.

El representante del Ministerio Público considera que no existe razones para revertir la sentencia recurrida y menos que sea una confiscación lo dispuesto por el tribunal de sentencia por lo que debe ser confirmado el fallo.

En su momento, el tribunal de sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, ordenó el comiso autónomo de bienes de los Messer y que pasen al Estado paraguayo para a su vez sea distribuido a los entes que combaten el crimen organizado en nuestro país.

En su deposición ante las autoridades brasileñas, en el marco de los acuerdos de delación premiada los que arribó, Darío Messer expresó que invirtió́ en el Paraguay para blanquear los valores ilícitos que percibió por el monumental esquema transaccional de lavado y evasión que comandaba, a través de la formación de empresas, las que luego pasaron a tener aumentos voluminosos de capital, inversiones en el mercado financiero bursátil, adquisición de préstamos del mismo Darío Messer, lo que le genero capital suficiente para el desarrollo de sus actividades comerciales y permite justificar la gran cantidad de operaciones comerciales que realizaba.

El patrimonio de Messer en nuestro país está siendo administrado por la Senabico y oscila los 150 millones de dólares, en bienes muebles, inmuebles, empresas, vehículos y semovientes.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia representan al Ministerio Público en esta causa de comiso de bienes adquiridos en nuestro país con dinero ilícito por Darío Messer y su hijo.

Yamil Ezequiel Aguilera, fue condenado a cumplir ocho años de pena privativa de libertad, por el hecho punible de violencia familiar, por haber agredido brutalmente a su novia.

Los antecedentes refieren que, las agresiones ocurrieron el 15 de mayo de 2021, cuando la víctima convivía con su novio. La misma había sido hallada por su hermana en un hospedaje, golpeada, desnuda, envuelta en una sábana, ensangrentada, con cortes en la muñeca y en la palma de la mano; realizados por el hoy condenado Yamil Aguilera, quien durante la convivencia no solo la golpeaba, también la insultaba.

Las lesiones que sufrió la víctima en la muñeca le causaron dolor y pérdida de fuerza en la mano, durante aproximadamente cinco meses y medio no pudo cumplir con las metas laborales debido a las lesiones que disminuyeron su capacidad de trabajo y el uso de su mano derecha.

A consecuencia de la violencia, la joven también quedó con el tabique roto y moretones, sin embargo; se rehusaba a presentar la denuncia por temor. Posteriormente, la víctima promovió querella adhesiva que acompañó todo el proceso, así como la solicitud de condena a ocho años de pena privativa de libertad.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados: Laura Ocampo (presidenta) y como miembros Fabián Weinssense y Cándida Fleitas, quienes valoraron las pruebas colectadas por el Ministerio Público para concluir de forma unánime en la existencia del hecho y la participación del acusado.

El tribunal de sentencia advirtió a la defensa en virtud al artículo 400, que ya que el tribunal consideró que se cometieron otros hechos punibles por el autor y es así que el tribunal decidió por unanimidad, aplicar la condena de ocho años de prisión al acusado por violencia familiar.

La Cámara de Apelación Penal confirmó el juicio oral y público para el empresario, Alberto Koube Ayala, acusado por el Ministerio Público como pieza clave del lavado de dinero del grupo criminal liderado por Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias Tío Rico.

Para el tribunal de apelaciones no corresponde el incidente de la defensa de Koube Ayala, ya que, en la etapa de juicio oral, los abogados podrán presentar los mismos incidentes de inclusión o exclusión probatoria y será el tribunal quien decida la pertinencia.

Por lo que se ha rechazado el incidente planteado por los abogados Mario Alberto Bobadilla y Rodrigo Álvarez, quienes ejercen la defensa técnica del acusado Koube Ayala.

Para el Ministerio Público fue Alberto Koube Ayala, quien invirtió en nuestro país dinero de Sebastián Marset, dinero que provenía del tráfico internacional de droga.

El 1 de febrero pasado la jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público el caso A Ultranza, una de las mayores intervenciones del Estado contra una estructura criminal de tráfico de droga y lavado de dinero.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El juez José Agustín Delmás elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto por los disturbios tras últimas elecciones generales contra excandidato presidencial Paraguayo Cubas.

El magistrado elevó la causa a la siguiente etapa de juicio oral donde serán debatidas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público contra el abogado y político.

Paraguayo Cubas, fue acusado por los tipos penales de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales, se requiere la admisión de todos los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público contra Cubas y que el caso se eleve a la siguiente etapa.

La acusación tiene 41 páginas y relata que, la fiscalía ofrece un video divulgado por el acusado específicamente la del 1 de mayo del año 2023, donde refirió que hubo irregularidades en el conteo de votos, “no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar el tal “Chanti mba´embo”.