La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y de la organización anticorrupción Esther Roa señaló en ABC TV, que, esperan de los nuevos integrantes del Consejo de Superintendencia más transparencia en la gestión y más apertura con la sociedad civil organizada.

Mencionó que es muy importante que se reanude la reunión con los gremios de abogados y la Corte Suprema de Justicia, piden además la modernización del observatorio de causas emblemáticas de corrupción pública y crimen organizado.

Comentó que el observatorio es una herramienta muy útil para combatir la impunidad en los casos de gran impacto social ya que se realiza un seguimiento cercano a los expedientes y se puede conocer el estado y donde está estancado para que ellos como integrantes de la sociedad puedan urgir para que avance el proceso.

“Pedimos que se aumente la capacidad tecnológica para que se pueda grabar o transmitir en vivo los juicios orales de causas emblemáticas de corrupción pública, cumplir con los compromisos internacionales en materia de corrupción, reducir la mora judicial y castigar las chicanas”, acotó Esther Roa.

La conformación de la nueva mesa directiva de la Corte Suprema de Justicia genera mucha expectativa por las proyecciones que han comunicado públicamente serán prioridad para las nuevas autoridades y que la buscan cumplir en este periodo.

El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay Arturo Daniel, mencionó que en su momento el CAP ya había manifestado su preocupación contra iniciativas como la conocida ley Antichicanas.

Mencionó que este tipo de ley preocupa al gremio porque se busca limitar el uso de las herramientas procesales, que, indefectiblemente cercena el derecho a la defensa, lo que afecta el ejercicio de la profesión y del derecho de los justiciables.

“Este tipo de ley que se pretende llevar adelante preocupa mucho al gremio de abogados, es una limitación al uso de las herramientas que se encuentran contenidas en las leyes procesales y se cercena sin lugar a duda el derecho a la defensa de las personas sometidas a procesos. Afecta el ejercicio de la profesión, estamos alerta con este tipo de leyes, sostenemos que las recusaciones, excepciones o acciones de inconstitucionalidad sea el motivo de la mora judicial”, señaló tajante el doctor Arturo Daniel Sabe, presidente del CAP.

Comentó que están en alerta ante el anuncio de la Corte Suprema de Justicia en la sesión pasada de urgir el tratamiento de la ley antichicanas, presentada por la máxima instancia como iniciativa parlamentaria para poner fin a las recusaciones indebidas que buscan la extinción o prescripción de los casos.

Para los abogados queda claro que el proyecto es una limitante para el ejercicio de la abogacía. Agregó que lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicar correctamente todas medidas disciplinarias a aquel abogado que abusa de los recursos para frustrar los procesos, que todos estos aspectos ya están contemplados en la ley.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay Eduardo Pérez Avid, señaló a ABC TV, que el ámbito jurisdiccional es una cuestión muy compleja y necesita de predisposición y actuación diligente para subsanar los graves problemas de la mora judicial.

Mencionó que la mora afecta principalmente a los justiciables más vulnerables cómo el sector de la niñez y adolescencia, así como en el fuero laboral que por ello el combate de la Mora Judicial debe ser eficiente.

Comentó que se ha demostrado que las auditorías practicadas en los despachos morosos, no ha servido de mucho para combatir la mora judicial y deberá buscarse otro mecanismo más efectivo para dar respuestas a los usuarios del sistema de justicia y a los abogados.

Celebró la implementación del Expediente Judicial Electrónico, pero, dijo que es necesario dotar de infraestructura a los juzgados, y establecer un protocolo para se dicte los proveídos en tiempo y forma, ya que la plataforma digital de trabajo no sirve cuando el factor humano fracasa.

“El problema de la morosidad judicial es algo que nos afecta a todos y fundamentalmente a los justiciables y en el caso de niñez y adolescencia y laborales son sectores muy afectados cuando no tenemos una justicia en tiempo. La decisión de disminuir la morosidad judicial deberá pasar por controles eficaces y eficientes, porque la auditoría ha demostrado que no es un mecanismo eficiente para combatirla” acotó Eduardo Pérez Avid.

Por último, subrayo que los nuevos integrantes del Consejo de Superintendencia de la Corte deben tener una actuación diligente para superar los problemas de la mora que es una deuda pendiente del Poder Judicial.