Inicio Blog Página 131

Compromiso con la justicia y trato digno, pilares de la labor silenciosa de Leticia Casaccia

0

Con una trayectoria de más de dos décadas en el sistema de justicia, Leticia Casaccia se ha consolidado como una figura clave dentro de la Defensa Pública paraguaya. Su trabajo se caracteriza por tres pilares fundamentales: buen trato, atención humanizada y asistencia jurídica de calidad, especialmente orientada a sectores vulnerables.

Casaccia, quien lleva 23 años en el sistema judicial 15 de ellos en el Ministerio Público y los últimos en la Defensa Pública se convirtió recientemente en un rostro visible de la lucha contra las injusticias que afectan a personas vulnerables, tras lograr un avance importante en un emblemático caso que involucra a la llamada “mafia de los pagarés”.

La defensora pública fue responsable de obtener el levantamiento de ocho de los diez embargos judiciales que afectaban el haber jubilatorio de María Teresita Sánchez, una docente indígena del Chaco paraguayo, residente en Filadelfia. Durante años, Sánchez fue víctima de un sistema abusivo de créditos donde empresas iniciaban juicios ejecutivos por deudas infladas o ficticias, sin permitir que la afectada ejerciera su derecho a la defensa.

Según detalló la propia Casaccia en entrevista con Judiciales Net, la docente llevaba años enfrentando descuentos mensuales injustos en diez procesos judiciales simultáneos, muchos de los cuales eran desproporcionados. Como ejemplo, la profesora señaló que llegó a pagar casi 50 millones de guaraníes por una motocicleta, cuyo valor real sería una fracción de ese monto.

“El caso de la profesora Sánchez es emblemático. Encontró en la Defensa Pública una respuesta, una solución jurídica, y también un acompañamiento humano. Nuestro compromiso es que quienes llegan a nosotros se sientan representados, escuchados y acompañados”, afirmó la defensora.

Casaccia no solo ha intervenido en este caso particular. Hasta la fecha, ha logrado levantar 12 embargos vinculados al esquema fraudulento de los pagarés, restituyendo los ingresos de personas que, sin su intervención, seguirían atrapadas en ciclos de endeudamiento injusto y judicialización.

Para Leticia Casaccia, el buen trato no es un valor accesorio, sino parte integral del servicio: “Es fundamental que los usuarios sientan que su defensor les escucha, les responde, que está pendiente de sus casos. Tratamos de evitar traslados innecesarios, llevamos una agenda disciplinada para que todo sea ágil y humano. Esa cercanía hace la diferencia”, explicó.

Casaccia insiste en que la Defensa Pública no es solo un espacio de representación legal, “La gente que se acerca a nosotros necesita una respuesta técnica, sí, pero también necesita contención. Eso buscamos darles: dignidad, justicia y trato humano”.

Su ejemplo es hoy referencia dentro del sistema judicial paraguayo, demostrando que la defensa de los derechos no solo se ejerce en tribunales, sino también en el compromiso cotidiano con las personas que más lo necesitan.

Juez Otazú cita al exintendente Miguel Prieto bajo apercibimiento

0

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú citó bajo apercibimiento al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, para comparecer en la audiencia preliminar fijada para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Además de Prieto, fueron convocadas otras 10 personas acusadas por los presuntos delitos de lesión de confianza y asociación criminal.

La convocatoria se da a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, quienes sostienen que el exjefe comunal encabezó un supuesto esquema criminal dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este entre marzo y julio del 2020, en el marco de la contratación de la empresa Tía Chela SRL para la provisión de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia de COVID-19.

Según el acta de acusación presentada por el fiscal Corbeta, Prieto habría promovido una licitación pública por la vía de la excepción, presuntamente direccionada a beneficiar a la firma Tía Chela SRL, generando un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160 a la administración municipal.

“Se le atribuye al intendente Miguel Prieto Vallejos que, en los meses de marzo a julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, con la promoción de una licitación pública direccionada”, señala el escrito fiscal.

La estructura, según el Ministerio Público, estuvo conformada por funcionarios y directores municipales, entre ellos: Maggi Fariña, coordinadora de la UOC, Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y actual concejal, Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Sumarios, Cirle Álcaraz Ramírez y Nelson Segovia, del área financiera, José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes, Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL, Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de VANEMI S.A..

La fiscalía sostiene que Miguel Prieto, en su carácter de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, utilizó su cargo para facilitar la adjudicación de recursos municipales a una estructura jurídica previamente definida, en violación a los principios de transparencia y libre competencia.

En un documento de 93 páginas, el Ministerio Público ofrece pruebas que, según los fiscales, respaldan la acusación y justifican la elevación de la causa a juicio oral y público.

Corte Suprema extiende pagos línea a todos los juzgados civiles de Asunción

La Corte Suprema de Justicia anunció la expansión del Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (STEF) a todos los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital, tras el exitoso funcionamiento del programa piloto en siete despachos del fuero. Esta medida representa un nuevo avance en el proceso de modernización del Poder Judicial, orientado a mejorar la eficiencia y la experiencia de los usuarios del sistema.

El ministro Alberto Martínez Simón, explicó que la decisión de ampliar el sistema se basa en los resultados positivos obtenidos durante su implementación inicial. “Vamos a continuar con la tercera etapa de ampliación del cheque judicial electrónico, y esta nueva fase contempla su uso en todos los juzgados civiles y comerciales de Asunción, gracias al buen manejo que se ha demostrado en los despachos donde ya se encuentra en funcionamiento”, afirmó.

El sistema STEF permite a los beneficiarios de fondos judiciales recibir los montos directamente en sus cuentas bancarias, eliminando la necesidad de emitir cheques físicos y de realizar trámites presenciales en entidades financieras. Con esta herramienta tecnológica, el Poder Judicial agiliza el proceso de cobro, reduce burocracia, mejora la seguridad y brinda mayor comodidad a los ciudadanos.

La iniciativa se encuentra en etapa de implementación exclusiva con el Banco Nacional de Fomento (BNF), institución con la que se trabaja coordinadamente durante este período de prueba. En este sentido, el ministro Martínez Simón invitó a los usuarios a colaborar en la etapa de expansión:

“Instamos a los actores, acreedores y beneficiarios que tengan cobros pendientes a seguir los trámites habilitados e informar las cuentas abiertas en el BNF. Más adelante, el sistema se integrará a otras entidades bancarias, permitiendo así la eliminación definitiva del cheque judicial en papel”, subrayó.

El plan piloto se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, a cargo del magistrado Walter Mendoza. En ese despacho, los beneficiarios ya acceden a sus fondos sin necesidad de presentarse en sucursales bancarias, lo que marcó un hito en términos de digitalización y eficiencia.

Los resultados obtenidos en esta experiencia piloto permitieron recabar datos valiosos sobre el funcionamiento del sistema, lo que motivó la decisión institucional de ampliar su alcance a todos los juzgados civiles de la capital.

Esta transformación forma parte de una política más amplia de la Corte Suprema de Justicia orientada a la incorporación progresiva de soluciones digitales en los procesos judiciales. La implementación del STEF se realiza en conjunto con el Banco Nacional de Fomento, y busca garantizar procesos más ágiles, seguros y accesibles para todas las personas involucradas en juicios que implican transferencias de fondos.

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la modernización institucional y la mejora continua del servicio de justicia, colocando la tecnología al servicio del ciudadano.

Jueces paraguayos se actualizan en delitos informáticos para enfrentar la criminalidad compleja

0

Varios magistrados de nuestro país que integran el fuero penal especializado, recibieron una formación de alto nivel sobre delitos informáticos. La cooperación internacional que brinda los Estados Unidos a Paraguay sigue forjando mejores operadores del sistema judicial.

Conscientes de los desafíos que representa el avance del crimen organizado en entornos digitales, los jueces especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Criscioni, Sandra Kirchhofer y Matías Garcete, participaron de una intensa capacitación internacional sobre delitos informáticos, desarrollada en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), con sede en San Salvador, El Salvador.

El taller, titulado “Investigación informática sobre la Internet Oscura y Monedas Virtuales”, busca dotar a magistrados y agentes de la ley de herramientas actualizadas para enfrentar las nuevas formas delictivas que emergen en el entorno digital, especialmente aquellas vinculadas al uso de la dark web y criptomonedas.

Esta instancia de formación cuenta con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay y es impartida por instructores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), quienes transmiten conocimientos técnicos avanzados sobre rastreo de transacciones virtuales, mecanismos de anonimato en la red y estrategias de cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen.

Los jueces paraguayos comparten este espacio académico con 48 representantes de países de América Latina y el Caribe, incluyendo delegados de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Perú, Uruguay y El Salvador.

La participación de los magistrados Criscioni, Kirchhofer y Garcete refleja el compromiso del Poder Judicial paraguayo por estar a la altura de las exigencias que plantea la criminalidad moderna, fortaleciendo su preparación en áreas clave como la investigación digital, la persecución penal transnacional y la protección del sistema financiero frente a amenazas tecnológicas.

La ceremonia inaugural del curso contó con la presencia de los directivos de ILEA San Salvador y representantes de HSI, quienes reafirmaron el valor de la cooperación interinstitucional y regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

ILEA es una iniciativa binacional impulsada por los Estados Unidos, orientada a capacitar a profesionales encargados de hacer cumplir la ley en América Latina y el Caribe, promoviendo el uso de herramientas modernas y enfoques integrales para combatir las amenazas que afectan la seguridad y el desarrollo de los países de la región.

Presentan un Amicus Curiae en el caso “Zuccolillo vs. Paraguay” ante la Corte IDH

0

Varias organizaciones de la sociedad civil y abogados particulares han presentado un Amicus Curiae (o «Amigos del tribunal») en el caso “Zuccolillo vs. Paraguay”, actualmente en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La abogada Alejandra Peralta informó que, de manera conjunta con sus colegas abogados y miembros de la sociedad civil, hicieron su aporte jurídico, que fue admitido por la Corte Interamericana.

El Amicus Curiae es un documento presentado por un tercero ajeno al caso, con el propósito de ofrecer su opinión de manera voluntaria y colaborar con el tribunal. En este caso, la Corte IDH puede considerar esta opinión al momento de emitir su sentencia o una opinión consultiva, que es otra de sus facultades.

“El escrito aporta argumentos y análisis técnicos sobre el tema en discusión, enriqueciendo el proceso con información jurídica especializada que el tribunal puede tomar en cuenta para fundamentar su decisión. Esta figura está prevista en el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este caso es crucial para fortalecer los estándares de protección a la libertad de expresión, especialmente cuando se aplican figuras penales como la calumnia y la difamación en relación con la difusión de información de interés público”, refirió Peralta Merlo.

Recientemente, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la Coordinadora de Abogados Anticorrupción, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política — Investigación, Estudios y Acción Participativa para una Sociedad Democrática —, y los abogados Alejandra Peralta y Ricardo Merlo elaboraron y presentaron un amicus curiae a fin de que este criterio jurídico sea considerado por la Corte.

El abogado de IDEA, Federico Legal, fue notificado de la admisión del documento presentado por quienes buscan ser amigos de la Corte. Una vez admitido, el documento será puesto a disposición de las partes involucradas: el Estado paraguayo y los representantes de la víctima, para su consideración.

Con esta acción, las organizaciones y profesionales expertos en materia de derechos humanos buscan aportar criterios clave en defensa de los derechos fundamentales y a la consolidación de un marco legal que garantice la protección de la libre circulación de información en nuestro país y la región.

Víctimas de la “mafia de los pagarés” denuncian que la Corte solo hizo lo mínimo para abordar el problema

0

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés emitió un duro comunicado dirigido a la opinión pública, en el que cuestiona con firmeza la actuación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el escándalo conocido como la “mafia de los pagarés”, un esquema fraudulento que habría afectado a miles de personas en todo el país.

Si bien reconocen como un avance las auditorías realizadas por el máximo tribunal, cuyos resultados confirman la existencia del esquema, los representantes de la coordinadora advierten que las acciones institucionales posteriores han sido totalmente insuficientes.

“La CSJ se limitó a realizar lo mínimo y no actuó con el ánimo de buscar soluciones reales y justas que puedan restablecer la justicia en nuestro país”, señala el comunicado, en el que acusan a la Corte de actuar con indolencia e indiferencia frente a la magnitud del problema.

Según la organización, la Acordada 1800, dictada por la Corte para enfrentar esta problemática, “carece de efectividad y no se aplica con la rigurosidad que se merece”. También critican la interpretación constitucional hecha por la CSJ al declararse jurídicamente limitada para intervenir con mayor contundencia en el caso.

La coordinadora denuncia que la Corte no ha gestionado recursos ni presupuestos necesarios para acompañar adecuadamente a las víctimas, a pesar de múltiples pedidos formales. Asimismo, cuestionan que dentro de un supuesto criterio de objetividad institucional “solo se evidencia indiferencia”.

“Exigimos justicia y dignidad para las víctimas. Es hora de que se tomen medidas concretas y efectivas para proteger a las personas afectadas y hacer justicia”, concluye el pronunciamiento.

A pesar del tono crítico, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés reiteró su predisposición a seguir colaborando con el sistema de justicia, insistiendo en la necesidad de una respuesta firme y proporcional a la gravedad de lo detectado.

La Corte reglamentará la figura de la asesoría de prueba

0

La Corte Suprema de Justicia trabaja en una nueva acordada que busca reglamentar formalmente la figura de la asesoría de prueba, un mecanismo procesal clave en el cumplimiento de salidas alternativas al juicio oral otorgadas en los procesos penales sin relevancia penal.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las reglas de conducta impuestas a personas beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento o la condena a prueba.

La propuesta normativa fue elaborada por la Oficina Técnica Penal (OTP) y plantea establecer un marco regulatorio claro para la implementación y seguimiento de esta figura. Actualmente, la asesoría de prueba se aplica en casos donde los beneficiarios de medidas alternativas requieren una supervisión externa que garantice el cumplimiento de las condiciones impuestas por los juzgados.

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, ministra Carlina Llanes, explicó que esta reglamentación es una necesidad urgente para dar mayor eficacia a las decisiones judiciales que otorgan medidas alternativas.

“Se necesita la reglamentación de la asesoría de prueba, que tiene que ver con el control del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en los procesos de suspensión condicional del procedimiento y suspensión condicional de la condena a prueba”, señaló Llanes.

Asimismo, la ministra adelantó que la implementación será gradual, comenzando por ciertos sectores vulnerables del sistema penitenciario:

“La idea es plantear una implementación gradual, en primer lugar con relación a las mujeres privadas de libertad en Capital y Central, y paulatinamente, conforme a la evolución de este planteamiento, ir aplicando a todos los otros sistemas penitenciarios”, detalló.

Esta iniciativa se enmarca en un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y una organización de la sociedad civil, lo que permitirá que la asesoría de prueba sea gestionada por una institución externa al sistema judicial como reza la norma.

“Esto surge a partir de un convenio que tiene el Ministerio de Justicia con una organización de la sociedad civil, porque en realidad, conforme a la concepción legal, la asesoría de prueba tiene que estar a cargo de una institución externa al sistema de justicia, a los efectos de involucrar a la sociedad civil en el control encaminado a una reinserción social efectiva”, explicó la ministra Llanes.

Con esta reglamentación, la Corte Suprema busca mejorar el sistema de justicia penal, dotando de mayor eficacia y transparencia a las medidas alternativas, y promoviendo un acompañamiento real y efectivo que contribuya a la reinserción social de las personas en conflicto con la ley.

La acordada se encuentra actualmente en etapa de análisis y ajustes, con la participación de técnicos especializados y autoridades judiciales, y se espera que su implementación marque un paso importante hacia un sistema penal más humano, eficiente.

La Corte suspende la matrícula de Hernán Rivas e inicia sumario administrativo

0

La Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, resolvió suspender de manera preventiva la matrícula profesional de Hernán David Rivas Román (matrícula CSJ N.º 59.690) y abrir un sumario administrativo en su contra, en el marco de sus atribuciones de control disciplinario.

La medida fue adoptada mediante la Resolución N.º 174, ratificada por el Pleno de la Corte en su sesión del 10 de septiembre de 2025, y responde a los antecedentes remitidos por el Juzgado Penal de Garantías N.º 7 de la Capital, a cargo del juez Miguel Ángel Palacios Méndez, en relación a la causa penal en la que Rivas está acusado por el supuesto hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

De acuerdo con el informe del juzgado, el proceso judicial (Expediente N.º 1-1-2-1-2023-9477) se encuentra actualmente en etapa intermedia, con una acusación ya presentada y audiencia preliminar fijada para el 17 de septiembre de 2025.

Frente a esta situación, el Consejo de Superintendencia consideró pertinente activar los mecanismos administrativos establecidos para preservar la integridad del ejercicio profesional dentro del sistema de justicia, sin perjuicio del desarrollo independiente del proceso penal en sede jurisdiccional.

Con la suspensión de su matrícula, Hernán Rivas queda inhabilitado temporalmente para ejercer la abogacía en todo el territorio nacional mientras dure la medida. Asimismo, se dispuso la inhabilitación de su firma electrónica en el portal digital del Poder Judicial, y se ordenó la notificación oficial de esta disposición a todos los Juzgados y Tribunales del país.

La jueza Analía Velázquez, actual Superintendente General de Justicia interina, fue designada como instructora del sumario, conforme al procedimiento reglamentario y previa inscripción en la Oficina de Quejas y Denuncias.

Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia ratifica su compromiso con la ética profesional, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial, actuando de manera firme ante cualquier situación que pudiera comprometer la integridad del ejercicio de la abogacía.

Reiteran que no pueden torcer la ley y suspender los descuentos vinculados a la mafia de pagarés

La Corte Suprema de Justicia reafirmó este miércoles, en sesión plenaria, que no cuenta con atribuciones legales ni constitucionales para suspender de forma general los descuentos salariales o jubilatorios dictados en el marco de juicios ejecutivos vinculados a la denominada “mafia de pagarés”.

Durante la sesión, la ministra Carolina Llanes, vicepresidenta de la CSJ, recordó que la Corte no puede intervenir en procesos judiciales en trámite, ni mucho menos anular medidas cautelares decretadas por jueces de Paz a través de una disposición administrativa o resolución general.

“No corresponde bajo ningún punto lo que plantea la Cámara, al instarnos a levantar descuentos en los diversos casos de juicios ejecutivos”, expresó la ministra Llanes.

Llanes, presentó un informe detallado ante sus colegas del pleno, en el cual enumeró las acciones ya emprendidas por el Poder Judicial para combatir esta estructura delictiva. Señaló que hasta la fecha se han auditado 11.836 expedientes, todos relacionados con juicios ejecutivos, en juzgados de Paz de la Capital, Central y otras circunscripciones del país.

Como consecuencia de estas investigaciones internas, la Corte ya ha remitido denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Ministerio Público, y ordenó la suspensión de jueces, ujieres, funcionarios judiciales y abogados presuntamente implicados. También se formularon propuestas legislativas con el objetivo de prevenir la repetición de estos abusos dentro del sistema judicial.

Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón reiteró que existe un impedimento jurídico expreso para que la Corte interfiera de manera global en procesos judiciales individuales.

Recordó además el contenido del comunicado oficial emitido en abril de este año, en el que se aclara que, conforme a la legislación vigente, no es jurídicamente viable suspender o revocar de forma generalizada medidas cautelares como embargos o descuentos, salvo que se haga en cada caso concreto y mediante los mecanismos procesales previstos.

La Corte citó nuevamente el Artículo 248 de la Constitución Nacional, que prohíbe de manera categórica que otros poderes del Estado o cualquier funcionario se arroguen funciones jurisdiccionales o intervengan en procesos judiciales en trámite.

Los ministros recalcaron que el principio de independencia judicial y el respeto al debido proceso son pilares innegociables de la justicia paraguaya. En este sentido, subrayaron que cualquier intento de anulación general de juicios ejecutivos o medidas cautelares representaría una grave transgresión al orden constitucional.

Asimismo, se recordó que, de acuerdo con el Código Procesal Civil, las medidas cautelares y de ejecución como los descuentos y embargos solo pueden ser levantadas por el mismo juez que las dictó, previa solicitud de parte y conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Detergente de Oro: Óscar Rodríguez convocado para octubre a su preliminar

0

El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, deberá comparecer ante la justicia entre los días 6, 7 y 8 de octubre próximos, tras ser acusado por el Ministerio Público en el marco del conocido caso de presunta corrupción durante la pandemia, denominado “detergentes de oro”.

El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia convocó a Rodríguez y a otras 15 personas acusadas a una audiencia preliminar, etapa procesal clave donde se definirá si la causa se eleva a juicio oral y público.

Rodríguez fue acusado formalmente por lesión de confianza y asociación criminal, por supuestamente haber encabezado un esquema destinado a defraudar al Estado mediante compras públicas sobrefacturadas realizadas en 2020, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Según la investigación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, liderada por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González, las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Rodríguez generaron un daño patrimonial de G. 1.830 millones.

El Ministerio Público sostiene que se realizaron adquisiciones de productos de limpieza a precios altamente inflados, en contrataciones direccionadas hacia empresas previamente seleccionadas, en clara violación a las normativas de competencia y transparencia.

Junto con Rodríguez, también están acusados exfuncionarios municipales y empresarios, entre ellos: César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez, Ernesto Armoa Ramírez, Víctor Frágueda Ortiz, Jorge Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Arguello Vielma, María Cano Torres, Pedro Cano Martínez y Benicio Cano Martínez.

El esquema habría operado durante la pandemia, favoreciendo a un grupo de proveedores que, según el expediente fiscal, continuaron contratando con el municipio incluso después de la emergencia sanitaria, lo que para los investigadores constituye un patrón sistemático de corrupción.

El Ministerio Público considera que existen suficientes pruebas documentales, testimoniales y técnicas para acreditar los hechos y llevar a los acusados a juicio. De confirmarse el requerimiento fiscal durante la audiencia preliminar, la causa se elevará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados.

Stay connected

21,981FansMe gusta
3,912SeguidoresSeguir
22,900SuscriptoresSuscribirte