El juez penal de garantías Miguel Palacios convocó nuevamente a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, al diputado Ulises Quintana y a los demás acusados en el marco del caso “Berilo” a audiencia preliminar fijada para el 7 de octubre a las 8:30, esta vez bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en esta etapa procesal.

La causa iniciada hace ocho años continúa estancada en la etapa de garantías, debido a constantes incidentes y recusaciones planteadas contra jueces intervinientes, lo que ha impedido su elevación a juicio oral.

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra los procesados, sin embargo, la misma fue declarada como no presentada debido a que no se acompañaron las evidencias requeridas. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ratificó posteriormente que dicha acusación fue presentada fuera de plazo, y ordenó su remisión a la Fiscalía General del Estado para una nueva presentación.

En esta causa, la Fiscalía acusa a “Cucho” Cabaña de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

La investigación se originó tras el Operativo Berilo, llevado a cabo en septiembre de 2018 por la Senad y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Durante el procedimiento se realizaron aproximadamente 20 allanamientos, que derivaron en la incautación de 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y sumas de dinero en efectivo.

En su momento, el operativo condujo a la detención de más de 30 personas, aunque posteriormente se descartó la participación de algunas. Actualmente, son 24 los procesados que deben enfrentar la audiencia preliminar, prevista para octubre.

Con esta nueva convocatoria, el Juzgado busca finalmente destrabar la causa y dar paso a la siguiente etapa procesal, luego de años de retrasos que han generado cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el senador Erico Galeano, Florencia Chávez, exfuncionaria de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), prestó declaración como testigo del Ministerio Público.

Durante su intervención ante el Tribunal de Sentencia, la testigo relató su participación en el procedimiento de inventario de bienes realizado en el inmueble ubicado en el condominio Aqua Village, en la ciudad de Altos, propiedad que forma parte de la investigación.

Chávez explicó que su tarea consistía en registrar en acta los objetos hallados durante el allanamiento, aunque señaló que también llegó a observar una factura de la ANDE en la que constaba el nombre de Erico Galeano, documento que según aclaró no fue incorporado formalmente en el inventario.

Además, indicó que durante el procedimiento, una de las empleadas domésticas del lugar le comentó haber visto en una ocasión a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, en una camioneta blanca en las inmediaciones del inmueble.

La declaración de Chávez se suma a la lista de testigos convocados por la Fiscalía para sustentar la acusación contra el legislador, quien es investigado por su presunta vinculación con organizaciones dedicadas al crimen organizado. El juicio prosigue con la lectura de documentales.

El senador colorado Erico Galeano está acusado por la Fiscalía debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset.

Galeano fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero, por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según el fiscal Silvio Corbeta.

La acusación sostiene que Erico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que también estaba al servicio de la estructura criminal, y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor procedimiento contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.

Se trata de una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, actualmente administrados por la Senabico.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó el informe semanal correspondiente al seguimiento de audiencias preliminares realizado entre el 8 y el 12 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, se destaca un importante avance en la gestión jurisdiccional, al haberse superado después de un largo periodo la marca de audiencias efectivamente realizadas, alcanzando un 61% de cumplimiento respecto a las programadas.

Durante la semana evaluada, se diligenciaron un total de 73 audiencias preliminares, mientras que 46 fueron suspendidas, lo que representa un 39% del total agendado.

Entre los motivos que llevaron a la suspensión de audiencias, se registraron: 22 por pedidos de suspensión, 17 por incomparecencia de alguna de las partes, 4 por planteos procesales y 3 por renuncia de la defensa.

El informe abarca los juzgados penales de la capital con competencia en distintas áreas: Juzgados Penales de Garantías. Juzgados Penales de Delitos Económicos, Juzgados Penales de la Adolescencia – Primer y Segundo Turno y los Juzgados Especializados en Crimen Organizado – 1er, 2do y 3er Turno.

Una mujer fue condenada a 18 años de prisión tras ser hallada culpable de someter a su hija menor de edad a abusos sexuales sistemáticos y de haberla ofrecido a hombres a cambio de dinero. La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este, luego de un juicio oral en el que se comprobó la comisión de los hechos denunciados.

El caso fue representado por la fiscal Julia González Medina, quien presentó las pruebas contra la hoy condenada. La acusada fue procesada por los delitos de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber de cuidado y educación.

Las pruebas del Ministerio Público demostraron que los abusos ocurrieron de forma sistemática desde que la víctima tenía 12 años. Además, se evidenció que la condenada indujo a su hija a la prostitución, ofreciéndola a cambio de dinero. Estos actos también se dieron de manera regular desde la misma edad.

Finalmente, el Tribunal concluyó que la mujer omitió gravemente su deber legal de cuidado y educación, causando serios daños psicológicos y físicos a la víctima. La decisión se basó en pruebas documentales y los testimonios de profesionales psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público que intervinieron en el caso.

El juicio concluyó el pasado viernes 12 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El tribunal estuvo integrado por los jueces Milciades Ovelar (presidente), Emilia Santos y Adalberto Soto, quienes dictaron la condena tras analizar un sólido caudal probatorio presentado por la Fiscalía.

Liz, una madre paraguaya, solicita con urgencia la intervención de la fiscalía para frenar una orden de restitución internacional que permitiría que su hija de apenas 2 años sea trasladada a la Argentina junto a su padre, a quien ella ha denunciado por violencia familiar.

La mujer presentó dicha denuncia contra su expareja en Paraguay, donde incluso una jueza de Paz de la ciudad de Luque, Norma Ortiz, dictó una medida de prohibición de acercamiento contra el denunciado.

Pese a esta medida de protección vigente en Paraguay, un juzgado en la ciudad de Resistencia, Argentina, emitió una resolución que favorece la restitución internacional de la menor al país vecino, otorgando la custodia al padre.

Riveros calificó la sentencia argentina como “injusta” y relató que tanto ella como su hija fueron víctimas de violencia durante el tiempo que vivieron en Argentina. Según su testimonio, estuvieron confinadas y bajo constante vigilancia: “Vivíamos encerradas, mi hija y yo, en nuestra propia casa. Él instaló cámaras y nos controlaba todo el tiempo. No podíamos salir ni a la calle. Durante años fui maltratada psicológica y físicamente. Tengo denuncias por violencia de género en Argentina”, expresó.

La madre explicó que logró salir del país con ayuda del Consulado paraguayo, refugiándose junto a su hija en Paraguay, donde cuenta con el respaldo de sus familiares.

Ante la posibilidad de que la restitución se efectivice tras la audiencia prevista para este lunes 15 de septiembre, Riveros expresó su temor: “Temo que la sentencia se concrete después de la audiencia, favoreciendo la injusticia cometida en la Argentina”.

El caso pone de relieve la urgencia de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades judiciales paraguayas, en especial considerando los antecedentes de violencia denunciados y el interés superior de la niña.

FUENTE: Diario última Hora

Salvador Cabañas, ídolo del fútbol paraguayo y exestrella internacional, enfrenta hoy una difícil batalla legal iniciada por sus propios hijos, quienes solicitan a la justicia que lo declare legalmente incapaz para así tomar el control de su millonario patrimonio.

Mía y Santiago, de 21 y 24 años respectivamente, han presentado una solicitud formal ante el Poder Judicial, con el objetivo de obtener la curaduría legal sobre los bienes de su padre. Aducen que el exfutbolista ya no estaría en condiciones mentales para administrar sus finanzas ni tomar decisiones legales, especialmente en lo relativo a la venta de propiedades de alto valor.

La pieza central de esta disputa es un complejo deportivo ubicado en Villa Elisa, cuya valuación oscila entre los 5 y 6 millones de dólares. El predio se encuentra actualmente en proceso de venta, situación que los hijos de Cabañas consideran riesgosa debido según ellos, a la supuesta vulnerabilidad mental de su padre.

En el marco de esta causa, Cabañas se presentó ante un juzgado civil y comercial de Asunción para someterse a una evaluación psiquiátrica dispuesta por la justicia. Esta medida busca determinar si, efectivamente, el exdelantero se encuentra o no en pleno uso de sus facultades.

El exfutbolista, visiblemente afectado por el conflicto, expresó su dolor ante lo que considera una traición familiar:

“Estoy muy dolido porque se trata de mis hijos. No tengo contacto con ellos desde hace cinco años. Me cuesta creer que estén haciendo esto, probablemente manipulados por otras personas. “Vamos a luchar hasta el final. Es muy triste para mí. Yo los crié bien, les di estudios y ahora me pagan así”, manifestó.

La justicia paraguaya continúa analizando el caso, y se prevé que el resultado del informe psiquiátrico sea clave para determinar si procede o no la solicitud de curaduría presentada por los hijos del exjugador.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el destino de los bienes de figuras públicas retiradas, y cómo las disputas familiares pueden escalar hasta niveles judiciales, incluso entre padres e hijos.