La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, encargado de juzgar la causa “A Ultranza Py”, considerada la mayor operación contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay.

Con esta decisión, el tribunal conformado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas continuará al frente del juicio oral, despejando así el intento de dilatar el proceso mediante una recusación planteada por la defensa de uno de los principales acusado, el pastor José Insfrán Galeano.

El abogado Nelson López, defensor de Insfrán, había solicitado el apartamiento de los tres magistrados argumentando supuestas razones de parcialidad manifiesta, lo que había provocado una paralización temporal del juicio mientras se resolvía el incidente. Sin embargo, el tribunal de apelación rechazó la recusación y ratificó plenamente la legalidad y competencia del colegiado.

Con este decisión, el proceso podrá reanudarse, permitiendo avanzar hacia la fase decisiva del juicio oral y público contra una estructura criminal que, según la acusación del Ministerio Público, movilizó más de 17 toneladas de cocaína entre 2018 y 2022, con ingresos estimados en más de USD 430 millones.

Entre los acusados figuran además del supuesto líder Miguel Insfrán alias “Tío Rico”, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, señalado por lavado de dinero; Luis Fernando Sebriano González, considerado el brazo logístico de la red; así como los hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, y el empresario Alberto Koube Ayala, acompañado de su pareja María Noelia Colmán Alarcón y su hermana Fátima Koube Ayala.

La operación “A Ultranza Py” incluyó más de 100 allanamientos, la participación de más de 20 fiscales especializados, y el apoyo de agencias internacionales como la DEA, Europol y autoridades policiales de Uruguay, entre otros países. Fue una investigación histórica que reveló los vínculos del narcotráfico con sectores políticos, empresariales y religiosos del país.

Con la ratificación del tribunal, se despeja uno de los principales obstáculos judiciales, y el sistema de justicia da una señal de avance firme hacia la sanción de uno de los esquemas delictivos más complejos y peligrosos detectados en Paraguay.

El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, deberá presentarse ante la justicia entre los días 6, 7 y 8 de octubre próximos, según confirmó el juez penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia. La convocatoria incluye a Rodríguez y a otras 15 personas implicadas en el caso conocido como “detergentes de oro”, que investiga presuntos actos de corrupción durante la pandemia.

Tanto Rodríguez como Wilfrido Cáceres cuestionaron la fecha establecida por el juzgado, sin embargo, para el magistrado el incidente solo se planteó como acto dilatorio por lo que dejó firme la fecha de audiencia preliminar fijada inicialmente.

La audiencia preliminar será una instancia clave en el proceso judicial, ya que en ella se decidirá si el expediente avanza a juicio oral y público. Rodríguez está acusado formalmente de lesión de confianza y asociación criminal, por presuntamente liderar un esquema que defraudó al Estado a través de compras públicas sobrefacturadas realizadas en 2020, en plena emergencia sanitaria por COVID-19.

La investigación, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dirigida por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González, señala que las contrataciones efectuadas por la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Rodríguez causaron un perjuicio patrimonial de 1.830 millones de guaraníes.

El Ministerio Público sostiene que se adquirieron productos de limpieza a precios excesivamente inflados, en procesos direccionados a empresas seleccionadas previamente, vulnerando las normas de competencia y transparencia.

Además de Rodríguez, están imputados exfuncionarios municipales y empresarios, entre ellos César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez, Ernesto Armoa Ramírez, Víctor Frágueda Ortiz, Jorge Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Arguello Vielma, María Cano Torres, Pedro Cano Martínez y Benicio Cano Martínez.

El esquema corrupto habría funcionado durante la pandemia, beneficiando a un grupo selecto de proveedores que, según el expediente fiscal, continuaron contratando con el municipio incluso tras finalizar la emergencia sanitaria, lo que los investigadores califican como un patrón sistemático de corrupción.

El Ministerio Público considera que cuenta con pruebas documentales, testimoniales y técnicas suficientes para sostener la acusación y llevar a juicio a los implicados. Si la audiencia preliminar confirma el requerimiento fiscal, la causa avanzará a juicio oral para determinar la responsabilidad penal de los acusados.

La Cámara de Apelaciones ratificó la conformación del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral contra Emma González Ramos, exabogada de Ramón González Daher, en una causa por presunta denuncia falsa.

El juicio oral fue programado para el sábado 27 de septiembre a las 9:00, y estará a cargo del tribunal conformado por los jueces Sonia Villalba, Laura Ocampo y Fabián Weisensee. Con esta decisión, queda firme la competencia del colegiado que analizará los hechos atribuidos a la profesional del derecho.

Según la investigación fiscal, González Ramos, habría patrocinado más de 150 denuncias penales sin sustento legal, dirigidas contra personas que acudían a RGD para los préstamos usurarios.

El Ministerio Público sostiene que las acciones legales fueron utilizadas de forma indebida, en un contexto de presunta persecución judicial a las víctimas del esquema de préstamos usurarios encabezado por González Daher, condenado por lavado de dinero y otros delitos en 2022.

La acusación considera que la letrada participó activamente en el impulso de procesos penales infundados, dando apariencia de legalidad a denuncias que no contaban con sustento fáctico ni jurídico, y que habrían sido formuladas únicamente para intimidar o presionar a los deudores.

Con la confirmación del tribunal y la fecha fijada, el caso avanza a etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal de la exrepresentante legal del usurero luqueño Ramón González Daher.

Un Tribunal de Sentencia condenara a 17 años de prisión a un hombre, tras encontrarlo culpable por abuso sexual en niños. El sentenciado, de 34 años, abusaba de manera sistemática de su propia hija desde que tenía 10 años.

Durante el juicio, la representante del Ministerio Público, Vivian Coronel presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que acreditaron fehacientemente los hechos y la responsabilidad del acusado. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Evangelina Villalba e integrado por los magistrados Óscar Gabriel Genez y Liz Paola González, emitió el fallo condenatorio.

Según los antecedentes del caso, el ahora condenado cometió los actos sexuales en perjuicio de su propia hija de manera reiterada. Las agresiones, que ocurrieron en una vivienda en Ciudad del Este, comenzaron en el año 2023, cuando la víctima tenía solo 10 años, y el último episodio tuvo lugar el 27 de junio de 2024.

La menor confesó primeramente el hecho a su maestra, una psicóloga, y luego se presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 28 de junio de 2024 y de inmediato se iniciaron las investigaciones, que incluyeron una inspección médica a la niña. El médico forense del Ministerio Público, Hugo Céspedes, confirmó la existencia de abuso.

Asimismo, durante la contención psicológica, la menor relató que su padre la manoseaba y abusaba de ella en reiteradas ocasiones, y luego le daba dinero. Además, la evaluación psicológica realizada por una profesional psicóloga reveló que la víctima presenta daños como perturbaciones del sueño, aislamiento social e ideas suicidas.

De igual manera, durante la entrevista en la cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos, reiterando los abusos sufridos en repetidas ocasiones. El acto se llevó a cabo como anticipo jurisdiccional de prueba.

Basándose en los diferentes elementos de convicción, la fiscal Vivian Coronel inició en su momento la investigación, que finalmente concluyó con la condena de 17 años de prisión al encausado.

El juicio oral en el caso “A Ultranza Py”, considerado el más grande proceso judicial contra el crimen organizado en la historia reciente del país, quedó suspendido tras una recusación presentada por la defensa del pastor José Insfrán, uno de los principales acusados.

El abogado Nelson López, defensor de Insfrán, recusó a los tres magistrados del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado: María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas, solicitando que sean apartados del caso.

Mientras la Cámara de Apelaciones estudia este incidente, el juicio oral queda paralizado hasta tanto se resuelva si los jueces continúan o no al frente del proceso. La continuidad del juicio dependerá ahora de la celeridad con la que actúe el sistema judicial para confirmar o no la competencia del colegiado.

El proceso judicial forma parte de la causa “A Ultranza Py”, una operación que representó el mayor golpe al narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay, con ramificaciones en el ámbito político, empresarial y religioso.

Entre los principales acusados se encuentran: Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, presunto líder de la estructura criminal, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú. Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado, vinculado al lavado de activos. Luis Fernando Sebriano González, señalado como el brazo logístico de la organización.

También están implicados familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, considerado uno de los cabecillas del esquema de lavado. Lo acompañan su pareja, María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana, Fátima Koube Ayala.

Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, esta organización criminal operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia hacia Europa y África. Se estima que movilizó más de 17 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando ingresos que superan los USD 430 millones.

La operación “A Ultranza Py” incluyó más de 100 allanamientos y la participación de más de 20 fiscales, con cooperación internacional de agencias como la DEA, Europol, la Policía de Uruguay, entre otras. Fue una investigación que desmanteló uno de los esquemas narcos más sofisticados y peligrosos jamás detectados en Paraguay.

El juicio oral y público contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo empresario Alberto Koube Ayala, continúa en etapa de declaración de testigos, con nuevos detalles que refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un esquema de corrupción estructurada dentro de la institución estatal.

En la jornada de hoy, Dafne Acosta, extesorera de la SEN durante la administración de Roa, brindó un testimonio revelador al señalar que el proceso de retiro de cheques por parte de proveedores se realizaba mediante autorizaciones verbales por parte de las empresas adjudicadas, sin requerimientos documentales formales.

Esta práctica, según señaló Acosta ante el Tribunal de Sentencia, se volvió un procedimiento habitual durante la gestión de Roa, lo que pone en tela de juicio la transparencia en la ejecución de los pagos con fondos públicos, en especial teniendo en cuenta que muchas de las contrataciones involucraban montos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a Koube.

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, e integrado por las magistradas Adriana Planas y Sonia Sánchez. El Ministerio Público acusa a Joaquín Roa por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Por su parte, Alberto Koube enfrenta cargos por asociación criminal, lavado de dinero y lesión de confianza en calidad de cómplice.

La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2021, Joaquín Roa, quien ocupó la titularidad de la SEN desde 2013, adjudicó licitaciones por más de G. 16.000 millones a su amigo personal Alberto Koube. Estas contrataciones, en su mayoría por servicios de alquiler de camiones y provisión de chapas, habrían tenido como fin último el desvío de fondos públicos para fines particulares, utilizando a Koube como intermediario y principal beneficiado.

Las empresas directamente involucradas en el esquema serían Grupo Tapyracuai S.A., JPA Logística, Noemacol, Sofimac, entre otras firmas relacionadas a Koube o personas de su entorno, como Joaquín Núñez y Katerine Ayala. Según la acusación, la finalidad de este entramado era conformar una «sociedad criminal» entre Roa y Koube, para el desvío sistemático de recursos del Estado paraguayo.

El testimonio de Dafne Acosta pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos administrativos vulnerables que fueron aprovechados por los acusados. La práctica de autorizar retiros de cheques a través de simples instrucciones verbales, sin respaldo escrito ni protocolos claros, abre la puerta a posibles maniobras de desvío y apropiación indebida de fondos públicos.

Este tipo de declaraciones refuerzan la línea argumental del Ministerio Público, que asegura contar con “sobrados elementos probatorios” para demostrar la responsabilidad penal de los acusados, en uno de los casos de corrupción pública más graves de los últimos años en Paraguay.

El juicio oral continúa en los próximos días con más declaraciones testimoniales y el análisis de las pruebas documentales, contables y financieras recolectadas en el extenso proceso de investigación.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, rechazó la recusación promovida por la defensa de Paraguayo Cubas contra los camaristas Arnulfo Arias, Digno Arnaldo Fleitas y Adriana María Giagni.

Con esta decisión, dichos magistrados quedan habilitados para estudiar un incidente planteado por el Ministerio Público, relacionado con la suspensión del juicio oral al excandidato presidencial.

El proceso contra Cubas, quien enfrenta múltiples acusaciones por su presunta participación en los disturbios postelectorales de abril de 2023, fue suspendido por el Tribunal de Sentencia hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la defensa. Esta acción cuestiona la resolución que fijó como sede del juicio la ciudad de Asunción, en lugar del Alto Paraná.

La Fiscalía interpuso un incidente contra dicha suspensión, pero su análisis quedó en pausa debido a la recusación de los camaristas encargados del caso. Ahora, con el rechazo de la recusación, el tribunal de apelación podrá abordar el planteamiento fiscal.

La recusación fue presentada por los abogados Gessy Ruiz Díaz y Carlos Rodríguez, representantes de Cubas, alegando supuestos motivos graves que afectarían la imparcialidad de los camaristas recusados. Sin embargo, la Sala Penal no dio lugar a dicho planteamiento.

Cubas está acusado de los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales, todos vinculados a los hechos ocurridos tras los comicios generales en los que resultó electo presidente Santiago Peña. La acusación, que consta de 41 páginas, incluye como evidencia publicaciones y videos extraídos de su perfil en Facebook.

Pese a la presentación de la acusación, el juicio oral aún no ha comenzado oficialmente. En junio pasado, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Cándida Fleitas suspendió el inicio del juicio de manera indefinida («sine die»), accediendo a un pedido de la defensa.