La Cámara de Diputados dio un paso importante en la lucha contra los abusos financieros al aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley que establece mecanismos de protección para personas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de pagarés”. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión final.

El proyecto apunta a cerrar los vacíos legales que permiten el uso indebido de pagarés como herramienta de extorsión y endeudamiento abusivo, especialmente a través de juicios ejecutivos acelerados, embargos masivos y notificaciones simuladas.

La nueva normativa introduce cambios estructurales al Código Procesal Civil, y plantea, entre otros puntos, que todos los pagarés utilizados como títulos ejecutivos deban ser depositados y resguardados en sede judicial durante todo el proceso, evitando así su circulación fraudulenta.

Otra disposición relevante es que solo se aceptarán documentos originales, lo que impide la reutilización de pagarés en múltiples demandas. Además, se establece la devolución automática del pagaré al deudor una vez saldada la deuda, brindando mayor transparencia al cierre del proceso.

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, una de las impulsoras de la propuesta, resaltó que el proyecto apunta a frenar embargos injustificados y promover una respuesta institucional más efectiva para quienes han sido víctimas de estos mecanismos ilegales.

La elaboración de la iniciativa fue acompañada de un amplio proceso de consulta, que incluyó audiencias públicas con víctimas, técnicos, referentes del Poder Judicial y legisladores de diversas bancadas. También intervinieron comisiones parlamentarias clave y la Bicameral de Reordenamiento del Estado.

Entre las modificaciones introducidas por los diputados se destacan ajustes técnicos como la sustitución del término «eficaz» por «fehaciente» en el contexto de notificaciones judiciales, lo que otorga mayor precisión legal.

También se incluyó la posibilidad de cotejo de firmas electrónicas, reconociendo plena validez probatoria a aquellas que cumplan con las exigencias normativas. Esta adaptación responde a la necesidad de actualizar el sistema judicial a los nuevos estándares tecnológicos.

Adicionalmente, se otorga a la Corte Suprema de Justicia la potestad de definir cómo y dónde se custodiarán los documentos judiciales, abriendo la puerta a soluciones tecnológicas o acuerdos con instituciones especializadas.

Con esta reforma, el Congreso busca establecer un marco legal más equilibrado entre acreedores y deudores, y sobre todo, impedir que los pagarés continúen siendo utilizados como instrumentos de presión indebida o enriquecimiento ilícito.

La versión aprobada por Diputados representa un avance significativo en términos de justicia financiera y defensa del ciudadano común, y será ahora tarea del Senado dar su veredicto final para convertirla en ley.

La jueza Rosarito Montanía admitió la imputación contra el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, el ciudadano brasileño Alexandre Rodrigues Gomes y la funcionaria de Registros Públicos Alcira Celeste Rodríguez Flores, en el marco de una causa por lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales.

Los tres están indiciados de participar en una maniobra para transferir inmuebles embargados, con el objetivo de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

Las audiencias de imposición de medidas fueron agendadas en fechas distintas. Alcira Rodríguez deberá comparecer el 17 de septiembre, Óscar Tuma el 18 de septiembre, y Alexandre Gomes, quien se encuentra recluido, lo hará por medios telemáticos el 19 de septiembre, todas previstas para las 09:00 horas.

Según la investigación del Ministerio Público, Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades, al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a 1.700 millones de guaraníes a nombre de su abogado defensor, utilizando documentos presuntamente falsificados.

La funcionaria Rodríguez Flores habría alterado la base de datos del sistema informático de Registros Públicos, modificando los datos personales del procesado para generar certificados que acreditaban falsamente la libre disponibilidad de bienes. Esta alteración posibilitó la formalización de las transferencias.

Pese a la inhibición judicial vigente, el abogado Óscar Tuma habría recibido los inmuebles como pago por honorarios profesionales, incurriendo así en el delito de lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado Especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. Las conductas imputadas incluyen lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba y frustración de la ejecución penal.

El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes analizan la existencia de otros posibles partícipes en la estructura operativa que permitió la transferencia de bienes embargados.

Los abogados defensores de Gianina García Troche, procesada en el marco de la causa A Ultranza, que involucra a Miguel Ángel Insfrán Galeano y sus esposo Sebastián Marset, presentaron un recurso de apelación contra la resolución que rechazó el pedido de nulidad de la declaración indagatoria de su clienta. La defensa sostiene que la audiencia fue realizada en condiciones “manifiestamente contrarias a derecho”.

En su escrito presentado ante el tribunal, los abogados Luis Samaniego Correa y Daniel Garcete calificaron como “arbitraria e infundada” la decisión de la jueza que rechazó el incidente de nulidad. Insisten en que durante la audiencia de imputación, que tuvo lugar en el aeropuerto internacional, se violaron múltiples garantías procesales y convencionales.

Entre los puntos denunciados, la defensa afirma que García fue detenida “aparatosa y sorpresivamente por fuerzas policiales y militares”, sin contar con el acompañamiento de un abogado de su confianza. En su lugar, se le asignó un defensor público “sin preparación previa” y “sin respetar el plazo legal de 24 horas para nombrar defensa”, como establece el artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP).

Además, alegan que no se le notificó su derecho a contactar con autoridades consulares, siendo ciudadana uruguaya. En ese sentido, subrayan que “la doble nacionalidad no excluye el derecho a la protección consular”, y que la omisión de esta notificación representa una violación absoluta de la Convención de Viena.

El juzgado de primera instancia había rechazado el pedido de nulidad argumentando, entre otras cosas, que García se abstuvo de declarar, por lo que no se habría producido perjuicio alguno. La defensa refutó este punto alegando: “La abstención de declarar no subsana el vicio, sino que es precisamente la consecuencia de encontrarse indefensa y sin asistencia consular”.

Asimismo, cuestionaron que la resolución “carece de todo fundamento jurídico serio, limitándose a repetir argumentos aparentes y contradictorios que no responden a los planteamientos de la defensa.” y advirtieron que decisiones como esta “erosionan la confianza en la imparcialidad de la magistratura” y proyectan “la imagen de un sistema de justicia débil, sometido a presiones y carente de garantías mínimas”.

La apelación también hace referencia a jurisprudencia internacional, como el caso Avena (México vs. EE.UU.) ante la Corte Internacional de Justicia, y el caso Cabrera García y Montiel (2010) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que el aviso consular debe ser inmediato y previo a cualquier declaración.

Por ello, la defensa solicita que se revoque la resolución recurrida, se declare la nulidad absoluta de la indagatoria practicada el 21 de mayo de 2025, y se ordene la realización de una nueva audiencia “con estricto cumplimiento de las garantías procesales y convencionales”.

La defensa solicita que el Ministerio Público la cite nuevamente a declarar a Gargía.

Gianina García está imputada por lavado de activos proveniente del narcotráfico, de la estructura criminal liderada por su esposo el uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Marset.

Gracias a la gestión rigurosa de la defensora pública Leticia Casaccia, una docente jubilada del Chaco paraguayo logró recuperar el acceso a sus ingresos, tras años de sufrir descuentos abusivos producto de embargos judiciales irregulares.

La profesora María Teresita Sánchez, residente en Filadelfia, había sido víctima de un sistema de estafa conocido como la “mafia de los pagarés”, donde empresas iniciaban juicios ejecutivos por supuestas deudas, sin que las afectadas pudieran ejercer su derecho a la defensa. En su caso, se trataba de ocho procesos judiciales, todos con medidas de embargo sobre su salario jubilatorio.

Durante 15 años, Sánchez fue sometida a descuentos mensuales que, en algunos casos, superaban con creces el valor real de los bienes adquiridos. Por ejemplo, mencionó haber pagado casi 50 millones de guaraníes por una motocicleta que probablemente no valía ni una décima parte de esa suma.

Ante la gravedad de la situación, y con escasos recursos, la docente logró trasladarse hasta la capital y, tras recibir orientación de la Comisión Especial del Senado sobre la “mafia de los pagarés”, acudió al Ministerio de la Defensa Pública, donde encontró en Leticia Casaccia y su equipo una respuesta efectiva.

La afectada relató que la defensora pública dedicaba jornadas enteras a acompañarla personalizado en los trámites ante el juzgado de Paz de Luque, donde se encontraban los expedientes. Esta constancia permitió levantar los ocho embargos, todos vinculados a firmas como Rentable S.A. y Grupo Capital S.A., que la habían demandado por deudas derivadas de pagarés firmados en condiciones poco claras.

A pesar de los avances, aún quedan dos juicios pendientes, pero Sánchez expresó plena confianza en que, gracias a la atención y el compromiso del equipo de Defensa Pública, pronto podrá cerrar definitivamente este capítulo de su vida.

“Me sentí parte del equipo. Me trataron con calidez y con el deseo real de ayudar. Ojalá más docentes afectadas pudieran conocer la humanidad de estas personas. Durante años pensé que no había salida, pero nunca perdí la esperanza”, expresó con emoción.

Según explicó la defensora Casaccia, los juicios ejecutivos contra Sánchez se iniciaron con notificaciones que nunca le llegaron. Incluso se intentaron justificar las ausencias con recursos dudosos, como alegar que familiares se negaron a recibir las notificaciones o que no había nadie en el domicilio. En un caso extremo, se registró una “notificación” en la ciudad de Fernando de la Mora, lugar donde la docente jamás vivió. Esta táctica, conocida como “notificación voladora”, tiene como objetivo burlar el derecho a la defensa y avanzar directamente con los embargos.

Sánchez también recordó que los descuentos iniciales, pactados en G. 350.000, comenzaron a subir sin justificación hasta alcanzar G. 900.000 mensuales, monto que absorbía gran parte de su jubilación, impidiéndole cubrir sus necesidades básicas.

Los ocho casos fueron tramitados en el juzgado a cargo de la jueza Norma Ortíz, y todos los embargos ya fueron anulados gracias a la estrategia legal desplegada por Casaccia. Este trabajo refleja el impacto real del Ministerio de la Defensa Pública, especialmente en zonas donde la ciudadanía tiene acceso limitado a representación legal.

Casos como este, aunque no siempre visibilizados, muestran la importancia de contar con profesionales comprometidos como Leticia Casaccia, cuya labor no solo resolvió una situación judicial compleja, sino que devolvió dignidad y esperanza a una mujer que durante años vivió bajo el peso de una estafa.