El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ana Rodríguez, dictó condena contra el coronel Luis María Belotto, su esposa Alba Lidia de Belotto y el abogado Miguel Mendieta, por el hecho punible de soborno agravado. Todos fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena, en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público.

La causa está relacionada con un intento de introducir de forma clandestina un teléfono celular al recluso Miguel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, actualmente privado de libertad en la penitenciaría Minga Guazu.

Según la acusación fiscal, el coronel Belotto y su esposa ofrecieron la suma de 10.000.000 de guaraníes al mayor Guillermo Moral Centurión, con el objetivo de que este facilitara el ingreso del dispositivo móvil al penal y lo entregara a Insfrán Galeano.

La condena fue sustentada en pruebas obtenidas mediante interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, extracción de datos del teléfono celular, informes de la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimonios.

El Tribunal, condena a quienes intentaron vulnerar la seguridad penitenciaria para beneficiar de forma ilícita a un recluso vinculado a estructuras criminales, reafirmando la aplicación de la pena solicitada por el Ministerio Público.

Este jueves se reinició el juicio oral y público al senador Erico Galeano, acusado por el Ministerio Público de colaborar con el crimen organizado. La diligencia continuó con la declaración del senador Derlis Osorio, quien contó cuando se enteró quien era Sebastián Marset.

“En los últimos meses del año 2021, llega a mi casa Ezequiel Ramírez Barreto. Tenía intenciones de ser candidato a concejal departamental. Quería unir a los dos movimientos: el de Fuerza Republicana, al que yo pertenecía, y el de Honor Colorado, al que él pertenecía, y que era la magnífica oportunidad para unir ambos movimientos, porque Erico Galeano necesitaba con suma urgencia un préstamo de 500 mil dólares para enviarme dinero a un jugador uruguayo del Deportivo Capiatá que estaba detenido en Dubái por problemas de documentación. Creo que Ramírez Barreto no fue enviado por Erico Galeano; lo hizo de motu proprio”, manifestó el testigo.

Dijo que, ya en febrero de 2022, tomó conocimiento de quien era Sebastián Marset y su conexión con la causa A Ultranza, y fue en ese entonces que decidió poner en conocimiento del Ministerio Público la situación, por cualquier eventualidad.

El senador colorado Erico Galeano está acusado por la Fiscalía debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

Galeano fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero, por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según el fiscal Silvio Corbeta.

La acusación sostiene que Erico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que también estaba al servicio de la estructura criminal, y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor procedimiento contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.

Se trata de una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, actualmente administrados por la Senabico.

El exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, fue acusado por el Ministerio Público, junto con otras 14 personas, en el marco del caso conocido como “detergentes de oro”. La investigación sostiene que Rodríguez lideró una estructura delictiva que operó durante el año 2020, en plena pandemia del Covid-19, con el objetivo de defraudar al Estado mediante compras sobrefacturadas para la Municipalidad de Asunción.

De acuerdo con la acusación, el esquema produjo un perjuicio de G. 1.830 millones a las arcas municipales, mediante la adquisición irregular de productos de limpieza a precios inflados. Los delitos acusados son lesión de confianza y asociación criminal.

La denuncia inicial fue presentada por concejales municipales y legisladores, quienes detectaron irregularidades en los contratos y adquisiciones realizadas en el contexto de la emergencia sanitaria. A raíz de ello, la causa fue asumida por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González.

Además de Rodríguez, fueron acusados: César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Arguello Vielma, María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez y Benicio Antonio Cano Martínez.

Según el relato fiscal, durante la emergencia sanitaria (2020–2021), la Municipalidad de Asunción realizó múltiples contrataciones para adquirir detergentes y desinfectantes supuestamente franceses. Sin embargo, se invitó a participar exclusivamente a empresas específicas, violando los principios de legalidad y libre competencia.

Es más, presumiblemente estas mismas empresas siguieron contratando con el Municipio incluso después de la pandemia.

El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción registrados en la Municipalidad de Asunción durante la pandemia, y podría derivar en una elevada condena para los implicados.

El Ministerio Público considera tener suficientes elementos para demostrar el millonario perjuicio patrimonial a las arcas municipales por lo que requieres que el caso se eleve a la siguiente etapa de juicio oral donde probarán los hechos.

La jueza Rosarito Montanía resolvió no dar curso al pedido presentado por la defensa de Gianina García Troche, procesada en el marco del operativo A Ultranza, quien solicitaba su traslado a un centro médico externo alegando complicaciones en su estado de salud.

El abogado defensor, Rafael Alcides Blanco, argumentó que su representada se encuentra atravesando un delicado cuadro clínico, con síntomas que afectan su bienestar general, por lo que consideraba necesario su internación en un establecimiento asistencial hasta su recuperación total.

Sin embargo, la magistrada desestimó el requerimiento, señalando que en la penitenciaría de Viñas Cué, donde actualmente la imputada guarda reclusión, se le están brindando todos los cuidados médicos necesarios. Asimismo, sostuvo que existe respaldo documental que demuestra el acceso de la imputada a estudios médicos y atención sanitaria dentro de la cárcel.

Montanía concluyó que no se puede hablar de una vulneración al derecho a la salud, considerando que los registros confirman que la atención que recibe cumple con los estándares requeridos.

Gianina García Troche, fue extraditada a nuestro país desde España y se enmarca dentro de una serie de operativos y procesos judiciales que han sacudido al país en los últimos años. Su esposo, Sebastián Marset, es señalado como una de las figuras clave dentro de una red internacional de narcotráfico con conexiones en Paraguay, Uruguay y otros países de la región.

El operativo A Ultranza PY, la mayor investigación contra el crimen organizado en Paraguay hasta la fecha, ha expuesto el alcance de esta estructura criminal, que involucra lavado de dinero, tráfico de drogas y vínculos con empresarios y políticos. A raíz de este caso, varias propiedades fueron incautadas, cuentas bancarias congeladas y múltiples órdenes de captura emitidas.

García Troche ha sido mencionada en varias instancias dentro de la investigación, y su extradición supone un nuevo capítulo en el proceso judicial contra la red de Marset.

Tras el desarrollo de la audiencia preliminar en la causa que enfrenta al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand Espínola, acusado de una presunta estafa millonaria junto con cinco exdirectivos del Grupo Mocipar el caso fue elevado para el debate público. La diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Alicia Pedrozo.

Según la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían montado un esquema fraudulento de larga duración, mediante el cual ofrecían viviendas, vehículos y electrodomésticos a precios accesibles a través del programa televisivo “Domingo en Familia”. Sin embargo, los bienes prometidos nunca fueron entregados, a pesar de que las víctimas cumplieron con el pago de las cuotas durante años.

Las investigaciones revelan que el perjuicio económico generado superaría los 665 millones de guaraníes, según informes de la Sindicatura de Quiebras, y afecta directamente al menos a 31 personas, aunque se presume que la cantidad real de afectados podría ser considerablemente mayor. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2006 y 2020.

Además de Durand, también fueron enviados a juicio oral los exdirectivos Fernando Román Fernández, Favio Arturo Britos Ocampos, María Patricia Espínola Durand, Luz Marina González de Durand y Diana Teresita Britos, todos vinculados a la administración de Mocipar. La Fiscalía los acusa por los delitos de estafa y asociación criminal.

La jueza Alicia Pedrozo, tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y las defensas, concluyó que existen méritos suficientes para que los seis imputados enfrenten un juicio oral, donde se determinará su responsabilidad penal.

El caso ha generado gran repercusión pública por la magnitud del supuesto fraude y la vulnerabilidad de las víctimas, muchas de las cuales realizaron sus pagos con la esperanza de acceder a una vivienda digna o bienes esenciales para el hogar.

El juez penal Miguel Palacios ordenó la reapertura del proceso penal contra el senador Hernán David Rivas Román, quien fue citado a comparecer en audiencia preliminar el próximo 17 de septiembre a las 08:00 horas, en el marco de una causa abierta por presunta falsificación de documentos y acceso irregular a un cargo público.

La acusación fue presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, quienes sostienen que Rivas habría accedido indebidamente a su cargo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al presentar un título universitario y un certificado de estudios falsos, documentos con los que habría acreditado de manera fraudulenta su condición de abogado, requisito indispensable según el artículo 253 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, Rivas fue designado en 2020 como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM, y luego, en 2023, ya como senador, fue nuevamente electo para el mismo cargo. En ambas ocasiones, habría recurrido a documentos presuntamente apócrifos para sustentar su idoneidad legal.
Entre los documentos cuestionados por el Ministerio Público figuran un certificado de estudios fechado el 12 de mayo de 2018 y un título universitario emitido el 6 de marzo de 2020 por la Universidad Sudamericana, registrado posteriormente ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Fiscalía afirma que no existe constancia académica válida que respalde los datos consignados en dichos documentos.

Según la acusación, Rivas nunca cursó la carrera de Derecho, a pesar de lo cual solicitó su matrícula como abogado el 11 de junio de 2020 y posteriormente juró como tal el 7 de julio de 2021, obteniendo así la matrícula profesional de forma presuntamente indebida.

La situación se agravó cuando, en julio de 2023, Rivas presentó una copia autenticada de dicha matrícula para respaldar nuevamente su supuesta formación profesional ante el JEM, lo que facilitó su designación como representante de la Cámara Alta.

La Fiscalía sostiene que el legislador incurrió en falsedad en ambas oportunidades, al atribuirse una profesión que no ejerció legalmente, y remarca que los documentos presentados carecen de sustento académico o fáctico verificable.

Con la citación a audiencia preliminar, el juez Palacios da curso al análisis judicial del caso, que podría derivar en la elevación a juicio oral si se ratifica la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En esta diligencia se resolverá el pedido del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral y público.

María del Carmen Martínez, condenada a 3 años y 6 meses de prisión por su implicancia en el caso de corrupción conocido como «UNA No Te Calles», solicita a la justicia el beneficio de salidas transitorias.

La audiencia está prevista para el 16 de octubre a las 09:30 horas, y se llevará a cabo de forma telemática. La diligencia estará a cargo de la jueza de Ejecución María Lidia Weyder, quien deberá analizar si Martínez reúne las condiciones para acceder a este régimen previsto por la ley penitenciaria.

Martínez fue procesada y sentenciada por su rol dentro de la estructura de corrupción que operaba en la Universidad Nacional de Asunción, escándalo que también involucró al exrector Froilán Peralta y motivó una masiva movilización estudiantil en 2015.

Ahora, con la pena parcialmente cumplida, la condenada solicita a la justicia la posibilidad de salir del penal bajo supervisión por determinados períodos, lo que deberá ser evaluado conforme a criterios de conducta, tiempo de cumplimiento de condena y reinserción.