La Fiscal Patricia Sánchez y Luz Guerrero, sostienen que el senador nacional Hernán David Rivas Román accedió de manera irregular a su cargo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al haber presentado un título universitario y certificado de estudios falsos que le habrían permitido acreditar de forma indebida la calidad de abogado, requisito indispensable según la Constitución Nacional.

Según la acusación fiscal, Rivas, quien en el año 2020 se desempeñaba como diputado fue designado representante de la cámara baja ante el JEM a través de la resolución N.º 1438 del 3 de julio de ese año. La decisión se fundamentó en el artículo 253 de la Constitución, que exige ser abogado para ocupar dicho cargo. Sin embargo, la fiscalía afirma que Rivas nunca cursó la carrera de derecho y que los documentos que presentó para sostener su condición profesional no se ajustan a la realidad.

Los documentos cuestionados por el Ministerio Público incluyen un certificado de estudios del 12 de mayo de 2018 y un título universitario emitido el 6 de marzo de 2020 por la Universidad Sudamericana, registrado ante el Ministerio de Educación el 9 de junio del mismo año. A pesar de que ambos fueron formalmente expedidos, no existe documentación académica válida que respalde su contenido, asegura la fiscalía.

«Se valió de un certificado de estudios y de un título que no se ajustan a la realidad, puesto que no cursó la carrera de derecho. “Lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico ni condiciones fácticas que puedan sostener la veracidad de lo que ambos certifican”, reza la acusación.

Con estos documentos, Rivas solicitó la matrícula de abogado ante la Corte Suprema de Justicia el 11 de junio de 2020, declarando falsamente haber culminado sus estudios en 2015. Posteriormente, el 7 de julio de 2021, juró como abogado ante la entonces ministra Gladys Bareiro de Módica (†) y recibió la matrícula oficial, a pesar de no haber completado legalmente la carrera.
En julio de 2023, ya como senador, Rivas presentó una copia autenticada de esa matrícula ante el JEM para respaldar nuevamente su supuesta condición de abogado, y fue electo por la cámara ata como su representante ante el órgano juzgador de jueces y fiscales, mediante la resolución N.º 21 del 6 de julio de ese año.

La Fiscalía sostiene que tanto en su designación como diputado en 2020 como en su elección como senador en 2023, Rivas incurrió en falsedad al atribuirse una formación profesional que no posee. Pese a que la Universidad Sudamericana expidió los documentos en cuestión, no existen constancias académicas ni hechos verificables que respalden la autenticidad de los estudios alegados por el legislador.

Como consecuencia, la fiscalía concluye que Hernán Rivas logró ingresar y mantenerse en el JEM de forma irregular, violando los requisitos constitucionales que rigen la integración del órgano. La investigación se centra en la posible comisión de hechos punibles relacionados con uso de documentos públicos de contenido falso y declaración falsa ante organismos oficiales.
Con las evidencias presentadas por la fiscalía solicita reabrir el proceso penal contra Rivas, admitir la acusación.

El juez del caso, Miguel Palacios ya ordenó reabrir el proceso penal.

Este lunes se inició la audiencia preliminar en la causa penal que enfrenta el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand Espínola, junto con cinco exdirectivos del Grupo Mocipar, por una presunta estafa masiva que habría afectado a decenas de personas. La diligencia se realiza ante el Juzgado de Garantías a cargo de la magistrada Alicia Pedrozo.

La Fiscalía acusa a los procesados de haber conformado un esquema fraudulento de larga data, mediante el cual ofrecían viviendas, vehículos y electrodomésticos a bajo costo a través del programa televisivo “Domingo en Familia”. Los bienes prometidos nunca fueron entregados, pese a que las víctimas cumplieron con el pago de cuotas durante años.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial generado por estas maniobras supera los 665 millones de guaraníes, según informes de la Sindicatura de Quiebras. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2006 y 2020, afectando a al menos 31 personas, aunque no se descarta que el número real de afectados sea mayor.

Además de Durand, están acusados los exdirectivos Fernando Román Fernández, Favio Arturo Britos Ocampos, María Patricia Espínola Durand, Luz Marina González de Durand y Diana Teresita Britos, todos vinculados a la administración de Mocipar. El Ministerio Público acusa a los seis procesados por los delitos de estafa y asociación criminal, y solicita que el caso sea elevado a juicio oral.

Durante la audiencia preliminar, la jueza Pedrozo deberá analizar los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa, para determinar si existen méritos suficientes que justifiquen la apertura de juicio oral y público.

Este caso ha despertado gran interés público debido a la magnitud del daño económico y la cantidad de personas afectadas, muchas de las cuales realizaron sus pagos con la expectativa de acceder a una vivienda propia o un bien esencial para el hogar.

Una condena ejemplar fue dictada contra una mujer y su pareja por la comisión de graves hechos de abuso sexual en niños, tras una denuncia realizada por la propia víctima, una niña de solo 13 años.

La víctima llamó a la línea 147 Fonoayuda y contó los episodios de violencia sexual a la que era sometida de manera sistemática. El caso fue investigado por el Ministerio Público y tuvo una contundente respuesta judicial por parte del Tribunal de Sentencia que juzgó el caso.

La agente fiscal Diana Burgos, de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Luque, logró que el Tribunal de Sentencia condenara a la madre biológica de la víctima a 22 años de pena privativa de libertad, por los hechos punibles de abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado. En tanto, el padrastro de la menor fue condenado a 20 años de prisión por su participación en los mismos hechos.

Además del relato de la víctima, se presentaron otras pruebas que fueron determinantes para que el colegiado aplique la condena ejemplar para ambos encausados. La agente fiscal destacó la importancia que los niños conozcan los mecanismos de auxilio.

“Es un fallo importante debido a la alta condena que tuvo sus dificultades para llegar a una sanción ejemplificadora en estos tipos de hechos.

Por sobre todo resalto la importancia de que los niños y adolescentes conozcan los mecanismos que tienen al alcance para solicitar ayuda ya que en este caso, la victima fue quien solicitó auxilio por medio de fonoayuda147”, remarcó la representante del Ministerio Público.

Según la investigación, la niña fue sometida de forma sistemática a actos sexuales por parte de ambos adultos, quienes actuaban en complicidad. A pesar de haber pedido en varias ocasiones a su madre que cesaran los abusos, la situación continuó. Finalmente, la víctima logró que se haga justicia en su caso con la condena de ambos agresores.

El Tribunal de Sentencia de Luque que aplicó la ejemplar sanción, estuvo integrado por la magistrada, Isabel Meza (presidenta de Tribunal), Nancy Adorno y Carmen Melgarejo, miembros.

Igualmente, se ordenó el registro de ambos condenados en el Registro Nacional de Agresores RAS.

La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la jueza Lourdes Peña, quien elevó a juicio oral el proceso por calumnia contra el exsenador colorado Juan Carlos Galaverna.

La jueza Lourdes Peña citó al exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna para su juicio oral y público, en el marco de la querella presentada por Luis Fernando Canillas por el delito de calumnia.

La magistrada fijó el inicio del juicio del 24 al 28 de noviembre de este año, ante un tribunal unipersonal, para el exsenador, quien enfrenta una querella privada por haber acusado a Luis Canillas de participar en el magnicidio del exvicepresidente Luis María Argaña.

Asimismo, la jueza admitió las pruebas ofrecidas por el querellante, entre ellas declaraciones de testigos, documentos y otros medios tendientes a restablecer el daño causado a la imagen de Canillas por las declaraciones de Galaverna.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos representa a Canillas y ejerce la acusación contra el exlegislador. En esta diligencia se definirá si el exsenador resulta condenado por sus dichos.

Este jueves publicamos que Sebastián Marset realizó 18 viajes, y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, 24, en la aeronave del senador acusado por el Ministerio Público de brindar logística al crimen organizado y recibir dinero de la organización criminal.

La defensa del senador, a cargo del abogado Ricardo Estigarribia, se sintió agraviada por nuestra publicación, al señalar que los números de vuelos publicados en nuestro medio no se compadecen con la verdad. Por ello, publicamos íntegramente la lectura que realizó el agente fiscal que lleva el caso, Silvio Corbeta, durante el juicio oral, mientras se producían las pruebas documentales, en honor a la verdad nuestro principal compromiso y a nuestros lectores a quienes tenemos un profundo respeto y a quienes nos debemos todos los días.

El agente fiscal resaltó los vuelos realizados por la aeronave del senador el 15 de noviembre de 2020, donde figura como pasajero Sebastián y Alberto Koube. Todos ellos están acusados en el caso “A Ultranza”.

Igualmente, se destacaron los vuelos del 24 de noviembre de 2020, en el que estuvieron como pasajeros Jorge Giménez y Miguel Insfrán, y el del 30 de diciembre de 2020, en el que viajaron Miguel Insfrán, Alexis Vidal González y Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia y considerado líder narco.

El 6 de marzo de 2021, la aeronave prestó servicios en dos ocasiones ese mismo día para Sebastián Marset y otros pasajeros. En otro vuelo de esa misma fecha viajaron Sebastián y Thiago Marset.

Corbeta, también subrayó los vuelos del 10 de marzo y del 4 de junio de 2021, en los que también viajó el prófugo Marset. Además, el 18 de junio de 2021 estuvieron a bordo Miguel Insfrán y su hermano Conrado Insfrán. El 4 de julio de 2021 también voló Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.

El 4 de agosto de 2021 viajaron cuatro veces Miguel Insfrán, Jorge Giménez y Conrado Insfrán. El 27 de agosto, y los días 1, 4 y 12 de setiembre de 2021, volaron “Tío Rico”, Catalina y Conrado Insfrán y Petrolina Galeano.

El 24 de septiembre de 2021, según los registros producidos en el juicio oral, volaron Freddy Garcete y Sebastián Marset. Posteriormente, el 6 y el 11 de octubre de 2021, figuran como pasajeros Miguel Insfrán y Jorge Giménez.

Mientras que, el 1 y 2 de diciembre de 2021 estuvieron Aurelio Giménez, Miguel Insfrán y Jorge Giménez. El 6 de diciembre de ese año lo hizo únicamente Jorge Giménez.

Durante la lectura del mismo documento, el defensor de Erico Galeano, Ricardo Estigarribia, destacó que fueron en total 65 viajes los que están documentados, y que en una sola ocasión volaron Sebastián Marset y su esposa, Gianina García Troche (procesada y presa en nuestro país por la causa A Ultranza).

Agrego que, en otro de los vuelos viajó un menor de edad, hijo de Miguel Insfrán con el mismo nombre. El juicio oral continuó este viernes para el senador colorado Erico Galeano, acusado por asociación criminal y lavado de dinero. La Fiscalía asegura que el legislador tiene vínculos directos e indirectos con la organización criminal liderada por Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.