El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por falta de quórum, postergó el análisis sobre la apertura de una investigación o el enjuiciamiento de oficio al juez de Ejecución de Caazapá, Osmar Baeza, quien concedió la libertad condicional al posible implicado en el crimen, y al fiscal Carlos Ramírez, por sus presuntas actuaciones negligentes en relación con la muerte de la niña Melania Monserrat.
 
El JEM ha tropezado con reiteradas ausencias de sus miembros; en esta oportunidad, ello afectó una causa de extrema sensibilidad: el crimen de una niña. Los miembros Enrique Berni, Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera, si bien justificaron su inasistencia, hicieron que, por falta de número requerido de integrantes, no se pudiera tomar una decisión en el caso.
 
Este órgano había tomado conocimiento de las actuaciones del juez y el fiscal a través de publicaciones periodísticas, pero hasta ahora no ha sido posible adoptar ninguna determinación respecto a los intervinientes.
 
Hasta el momento, dos personas están imputadas. Primero, Marcelo Giménez Duarte (24 años), quien ya había sido condenado en 2022 por abuso sexual contra Melania. Vivía a pocos metros de la niña, pese a las restricciones legales que le impedían acercarse; la madre había denunciado amenazas de venganza de su parte.
 
Durante el allanamiento, las autoridades encontraron caramelos, colillas de cigarrillos, encendedores y otros objetos en puntos clave de la casa: debajo de la cama y cerca del lugar donde estaban las zapatillas de Melania, apenas a 50 metros del sitio donde fue encontrado el cuerpo. Estos elementos coinciden con indicios recogidos en la escena del crimen; se tomaron muestras genéticas, cuyos análisis están aún pendientes en el Ministerio Público.
 
El segundo sospechoso es un adolescente, hermano menor del primero. Testigos lo vieron huir de la zona del crimen alrededor de las 14:00. Alegó que se dirigía a la casa de un amigo, pero no llegó. Más tarde fue localizado en la vivienda de otro hermano, a varios kilómetros de distancia. Resulta inquietante que él y Melania estuvieron juntos esa mañana en la casa de su abuela y desaparecieron al mismo tiempo.
 
El cuerpo de la niña fue hallado ese mismo día a las 20:45: desnuda, con una campera puesta y el pantalón atado al cuello y a un árbol. Presentaba signos evidentes de violencia y rastros de arrastre. Melania desapareció entre las 13:00 y las 15:00, tras salir a jugar con sus hermanos. La búsqueda desesperada concluyó a unos 200 metros de su casa.
 
La negligencia institucional también desempeña un rol trágico. Giménez Duarte había sido liberado bajo libertad condicional en mayo de 2025, pese a su condena por abuso en 2022. La Corte Suprema ordenó una auditoría del expediente para esclarecer posibles irregularidades en la decisión judicial.
 
Asimismo, en el levantamiento del cuerpo se omitió ordenar una autopsia inmediata, que finalmente se realizó tras presión de la comunidad y los familiares.

Durante la producción de pruebas documentales, el agente fiscal Silvio Corbeta leyó el reporte de la Dinac, que da cuenta que, desde 2019 hasta 2021, el presunto narcotraficante uruguayo prófugo realizó 18 viajes en la aeronave del senador Érico Galeano, quien enfrenta juicio oral precisamente por su vínculo con la organización liderada por Marset.

Igualmente, Miguel Insfrán, alias Tío Rico, viajó 24 veces en la aeronave, y la esposa de Marset, Gianina García Troche, realizó dos vuelos. Con esta evidencia, el Ministerio Público busca confirmar el nexo entre el acusado y el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.

El senador colorado Érico Galeano está acusado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

Galeano fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero, por supuestamente haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según el fiscal Corbeta.

La acusación afirma que Érico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de dicha estructura criminal, y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Érico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía uruguaya y la Senad.

Se trata de una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, los cuales actualmente están siendo administrados por la Senabico.

El juez Osmar Legal, ha dictado una resolución que mantiene la inhibición de bienes sobre las participaciones accionarias de Hussein Mounir Mouzannar en cuatro empresas paraguayas vinculadas al caso AMIA. Sin embargo, la medida ha sido ajustada para permitir la continuidad de operaciones comerciales en beneficio de los socios no investigados.

La resolución judicial establece que la inhibición de vender, gravar o disponer de bienes se mantiene exclusivamente sobre las acciones de Mouzannar en un 30% de Agrogado S.A., 25% de Polo Modas S.A., 65% de Agroganadera Santa Felicidad S.A., y 24,65% de Flor de Lis S.A.
Los demás accionistas Ali Abdul Hussein Fahs, Moussa Ali Hijazi, Ali Ahmad Hijazi y Mohamad Ahmad Hijazi, no están imputados en la causa AMIA y han solicitado el levantamiento parcial de la inhibición general, argumentando que la medida afecta indebidamente sus derechos patrimoniales y comerciales.

El juez ha dispuesto que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) administre las participaciones de Mouzannar junto con los demás socios, bajo supervisión judicial.

Esta medida busca garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los bienes afectados, permitiendo la continuación de operaciones como la venta de inmuebles de Agrogado S.A., siempre que se realicen conforme a la normativa vigente.

Esta resolución representa un paso intermedio en la causa, buscando equilibrar la protección de los derechos de terceros ajenos a la investigación con la necesidad de conservar las medidas cautelares sobre el acusado principal. La decisión subraya el compromiso de la justicia paraguaya con la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, al tiempo que respeta los principios fundamentales del derecho penal y la propiedad.

El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. Este ataque terrorista dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 heridas, convirtiéndose en el atentado más mortífero en la historia de Argentina.

La explosión destruyó por completo el edificio de siete pisos, ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Once. Además de las víctimas dentro del edificio, otras 18 personas perdieron la vida en la vereda o en edificios cercanos debido a la onda expansiva.

El agente fiscal Silvio Corbeta ratificó este miércoles, durante sus alegatos iniciales ante el Tribunal de Sentencia, que el senador colorado Erico Galeano mantuvo vínculos directos e indirectos con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Infrán.

Según el fiscal, Galeano habría prestado su aeronave en varias oportunidades para las actividades de esta estructura criminal, facilitando su logística cuando la organización carecía de infraestructura propia para operar. Además, recibió dinero proveniente de estas operaciones ilícitas.

Corbeta explicó que el 14 de octubre de 2020, el senador vendió un inmueble en el condominio Agua Village por un monto superior a su valor, transacción que habría sido realizada a favor de Miguel Ángel Infrán, mediante un intermediario, Hugo Manuel González Ramos, quien no cuenta con patrimonio suficiente para adquirir dicha propiedad. Esto refuerza la hipótesis del Ministerio Público que señala a González Ramos como prestanombre de «Tío Rico», uno de los miembros del grupo criminal. El dinero recibido, en efectivo y por un millón de dólares, sería producto del narcotráfico.

El fiscal agregó que la venta en efectivo buscó evitar la detección por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de la operación sospechosa. Además, Galeano no declaró inicialmente este inmueble en su declaración jurada de bienes, incluyéndolo en su patrimonio solo después del inicio de la investigación.

Galeano enfrenta cargos por asociación criminal y lavado de dinero, por supuestamente haber puesto a disposición su avión a Marset e Infrán, y haber simulado la venta de su casa en Agua Village para encubrir el origen ilícito del dinero.

El Ministerio Público sostiene que no se trata de un hecho aislado, ya que Marset y «Tío Rico» utilizaron reiteradamente la aeronave del senador para sus actividades ilegales, evidenciando así una relación estrecha y funcional dentro de la estructura criminal.

El juicio es llevado adelante por el Tribunal de Sentencia compuesto por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Alberto Dávalos.

De acuerdo con el informe correspondiente a la semana del 18 al 22 de agosto del presente año, se destaca un avance significativo en la gestión judicial de la Capital, ya que se alcanzó la mayor cantidad de audiencias preliminares efectivamente realizadas en lo que va del período analizado. Durante estos días, se diligenció el 72% de las audiencias programadas, lo que representa un total de 83 audiencias realizadas, frente a 32 que fueron suspendidas, es decir, un 28%.

Este dato contrasta notablemente con la semana anterior, del 11 al 14 de agosto, donde solo se diligenció el 62% de las audiencias programadas (61 realizadas), mientras que 38 fueron suspendidas, representando un 38%.

En cuanto a las causas de suspensión durante la semana del 18 al 22 de agosto, 9 audiencias no se realizaron por incomparecencia, 19 por pedidos de suspensión, 1 por falta de notificación y 3 por renuncia de la defensa.

Cabe destacar que el informe contempla las audiencias preliminares programadas por los Juzgados Penales de Garantías de Capital y de Delitos Económicos, así como por los Juzgados Penales de la Adolescencia (Primer y Segundo Turno), y los Juzgados Especializados en Crimen Organizado (1er, 2do y 3er turno).

Este incremento en la cantidad de audiencias realizadas marca un avance relevante en la eficiencia del sistema judicial en la Capital, reflejando una mejora respecto a semanas anteriores. Esto, gracias al control semanal que realiza la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.