En una resolución dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de la Capital, se confirmó el sobreseimiento definitivo de Meliza Belén Benítez González, funcionaria pública con discapacidad auditiva, en una causa en la que fue imputada por el supuesto hecho punible de extorsión.

El caso se originó tras la denuncia de un compañero de trabajo, quien afirmó haber sido víctima de extorsión por parte de Benítez. No obstante, a lo largo del proceso, el Ministerio Público no logró reunir pruebas concluyentes, principalmente por la imposibilidad técnica de acceder a la información de los teléfonos celulares incautados, y otras diligencias que no arrojaron elementos que permitieran sustentar una acusación formal.

Por ello, la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo Berni, había dispuesto el sobreseimiento definitivo en junio de 2025, decisión que fue apelada por la supuesta víctima. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, el Tribunal de Apelación concluyó que la Fiscalía actuó dentro del marco legal y que no se hallaban condiciones objetivas ni jurídicas para continuar con el proceso penal.

Lo relevante del fallo es que reafirma el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la no discriminación, especialmente en el contexto de una mujer con discapacidad auditiva que, además de enfrentar una imputación penal, sufrió perjuicios laborales al ser suspendida sin goce de sueldo.

Durante el proceso, la defensa de Meliza Benítez denunció que la imputación se basó en hechos no corroborados, y señaló un posible abuso de poder y acoso laboral, argumentando que la funcionaria fue víctima de presiones indebidas por parte del denunciante, quien ocupaba un cargo gremial dentro del Instituto de Previsión Social (IPS), lugar donde ambos trabajaban.

La resolución del Tribunal, además de confirmar la inexistencia de pruebas para llevar a juicio a la imputada, representa un precedente en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito judicial y laboral, al impedir que se perpetúe un proceso sin fundamentos que pudo haber afectado de forma desproporcionada a una mujer en condición de vulnerabilidad.

Este fallo fortalece la vigencia de los derechos humanos y laborales, así como la necesidad de garantizar que los procedimientos judiciales sean utilizados con responsabilidad, sin convertirse en instrumentos de hostigamiento, especialmente contra personas que enfrentan barreras estructurales como la discapacidad auditiva.

Este lunes se inició el juicio oral y público contra el senador colorado Erico Galeano, con la presentación de incidentes de inclusión probatoria solicitados por el Ministerio Público, como el auto de apertura a juicio oral y público del caso A Ultranza, ofrecido como prueba documental, al considerarse pertinente para acreditar el hecho por el cual se acusa al legislador: lavado de dinero, y sustentar la teoría del caso.

El agente fiscal explicó la relevancia de contar con las resoluciones que elevaron el caso A Ultranza a juicio oral, con el fin de conocer en detalle la participación de las personas que guardan conexión con el acusado, Érico Galeano.

“Es importante para la teoría del caso. El auto de apertura y las conductas que le son atribuidas son hechos que se encuentran en esos documentos. Al senador se le atribuye el hecho de lavado de activos. Para nosotros, es útil la inclusión de estos medios de prueba”, señaló el fiscal Silvio Corbeta. “Estos elementos van a arrojar luz al tribunal sobre la participación de las personas vinculadas a Galeano”, sostuvo.

Por su parte, la defensa, a cargo de Ricardo Estigarribia, pidió la nulidad de la acusación fiscal por la falta de declaración indagatoria del senador Érico Galeano. Señaló que los derechos de la defensa material de su cliente fueron vulnerados, al haber declarado de manera tardía, nueve meses antes del requerimiento conclusivo. “No se le dio oportunidad suficiente para contar su versión”, sostuvo el abogado.

La defensa agregó que el Ministerio Público busca introducir la elevación de las causas del caso A Ultranza debido a que no cuenta con pruebas directas contra el legislador.

El senador colorado Érico Galeano está acusado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

Galeano fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero, por supuestamente haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según el fiscal Corbeta.

La acusación afirma que Érico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de dicha estructura criminal, y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Érico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes además de Miguel Ángel Insfrán, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía uruguaya y la SENAD.

Se trata de una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, los cuales actualmente están siendo administrados por la Senabico.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhorta a los abogados y partes interesadas a comparecer ante la Secretaría Judicial I con el fin de impulsar sus respectivas acciones de inconstitucionalidad y cumplir con los trámites necesarios para el avance procesal.

Actualmente, 87 juicios de inconstitucionalidad promovidos contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se encuentran pendientes de estudio por el pleno de la Corte Suprema, ya con integración confirmada. Sin embargo, el progreso de estos expedientes depende directamente de la iniciativa de los accionantes, en virtud del artículo 98 del Código Procesal Civil, que establece el principio de que el proceso avanza a instancia de parte.

La Secretaría Judicial ha puesto a disposición pública la nómina de expedientes correspondientes, para que los interesados procedan con las notificaciones necesarias que permitan continuar con el análisis de fondo de los casos. Esta etapa es fundamental para que la Corte pueda pronunciarse sobre los planteamientos de inconstitucionalidad.

El secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, explicó que en varios casos ya se ha integrado el pleno de la Corte para su estudio, pero los expedientes permanecen inactivos por largos periodos de tiempo, incluso por más de dos décadas, debido a que los accionantes no se presentan a notificar ni dan impulso procesal.

“La Corte no puede actuar de oficio en estos casos. El expediente en la Sala Constitucional corre a instancia de parte. Si el accionante no se presenta a notificar o impulsar el proceso, el expediente queda paralizado”, señaló Pavón en declaraciones a Judiciales Net.

Este llamado busca agilizar la resolución de causas pendientes hace más dos décadas en algunos casos, es por ello que la máxima instancia difundió la lista de casi 90 expedientes.

El listado de expedientes:

Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado de haber difundido imágenes íntimas de su exnovia, emitió un comunicado en el que señala que está conforme con ir a juicio oral, ya que en esa instancia probará su inocencia.

Según expresó en el comunicado, la elevación de la causa a juicio representa para él una oportunidad para aclarar los hechos y demostrar su inocencia frente a los cargos que le atribuyen la Fiscalía y la querella en el caso.

Montanaro manifestó sentirse «satisfecho con este avance. La verdad prevalecerá». Alegó que su caso estuvo marcado desde el inicio por irregularidades y confusión por parte del Ministerio Público.

Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar y someterse al proceso judicial, que fue elevado para el debate público.

El empresario recuperó su libertad ambulatoria bajo algunas reglas dispuestas por la jueza que lleva el caso.

La jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, tras la audiencia preliminar desarrollada en la causa, elevó a juicio oral y público el caso contra Luis Montanaro, acusado de haber difundido imágenes íntimas en plataformas para adultos sin autorización de la víctima.

Según la denuncia, Montanaro habría compartido, sin consentimiento, imágenes y videos de carácter íntimo-sexual de la víctima, obtenidos durante una relación sentimental previa, utilizando servicios de mensajería como WhatsApp y plataformas como una página web.

“La acusación fiscal fue considerada jurídicamente válida y debidamente fundamentada, cumpliendo con los requisitos legales del artículo 347 del Código Procesal Penal. En consecuencia, se resolvió elevar la causa a juicio oral y público, admitiéndose la totalidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, la querella adhesiva y la defensa, por considerarse pertinentes y necesarias dada la complejidad del caso”, señala parte de la extensa y detallada explicación que brinda la magistrada al fundar su decisión.