El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, imputó a la abogada Lourdes Rocío Aranda, exasesora jurídica de la desaparecida Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), por un supuesto caso de estafa relacionada con la «mafia de los pagarés».

La víctima, Luciana Bernardet Torres, enfermera del Hospital de Clínicas, relató que en agosto de 2018 fue notificada de una supuesta deuda con la mutual por valor de G. 3.721.000. Según su testimonio, procedió a cancelar la suma y recibió un comprobante de pago. La asociación brindaba servicios a sus miembros, entre ellos la posibilidad de adquirir víveres y prendas de vestir a crédito.

Sin embargo, en 2023, Bernardet descubrió que se le estaban realizando descuentos de su cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF), afectando sus ingresos por jubilación. Al investigar la causa, se enteró de que estaba siendo objeto de una demanda judicial por G. 41 millones, promovida por Julia Mabel Acosta Rojas, quien actualmente tendría en su poder los derechos de cobro de la extinta mutual.

La enfermera asegura no haber firmado ningún pagaré ni tener deudas con Amuclin. Para el Ministerio Público, detrás del caso estaría Lourdes Aranda, quien habría facilitado esta maniobra presuntamente fraudulenta. La Fiscalía sostiene que se trata de un caso más vinculado a esquemas de estafa mediante documentos falsificados o pagarés inexistentes.

Agrega que esta mutual nunca prestó dinero y que solo servía para brindar asistencia al personal y pese a ello, se usó su identidad para generar una supuesta deuda por la que ella sigue pagando por orden judicial.

La víctima, enfermera jubilada sufre un descuento mensual de sus haberes de 1.456253 guaraníes , desde diciembre del 2024, relata la imputación del Ministerio Público.

El agente fiscal Luis Piñanez, solicita seis meses para presentar acto conclusivo en el caso.

La jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, tras la audiencia preliminar desarrollada en la causa, elevó a juicio oral y público respecto a Luis Montanaro acusado de haber difundido imágenes íntimas en plataformas para adultos sin autorización de la víctima.

Igualmente, se admitieron todos los elementos de prueba ofrecidos por la agente fiscal Ruth Benítez, de la querella a cargo del abogado Pedro Mayor Martínez, así como los de la defensa. entre ellos los testimonios, pruebas periciales, documentales, la extracción de dispositivos electrónicos, entre otros medios de prueba.

El Juzgado resolvió admitir la acusación presentada por el Ministerio Público contra Luis Augusto Montanaro Bedoya, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, en perjuicio de su exnovia.

Según la denuncia, Montanaro habría compartido, sin consentimiento, imágenes y videos de carácter íntimo-sexual de la víctima, obtenidos durante una relación sentimental previa, utilizando servicios de mensajería como WhatsApp y plataformas como una página web.

“La acusación fiscal fue considerada jurídicamente válida y debidamente fundamentada, cumpliendo con los requisitos legales del artículo 347 del Código Procesal Penal. En consecuencia, se resolvió elevar la causa a juicio oral y público, admitiéndose la totalidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, la querella adhesiva y la defensa, por considerarse pertinentes y necesarias dada la complejidad del caso”, señala parte de la extensa y detallada explicación que brinda la magistrada al fundar su decisión.

Asimismo, la jueza levantó el arresto domiciliario que pesaba contra el acusado y lo sustituyó por la libertad ambulatoria bajo ciertas reglas, como la prohibición de cambiar de domicilio, salir del país y otras condiciones que el juzgado estima suficientes para sujetar al proceso al acusado por el Ministerio Público.

El acusado, además, tiene prohibido acercarse o comunicarse por cualquier medio con la víctima de este caso. A partir de esta decisión, el procesado se encuentra a la espera de su juicio oral y público por haber vulnerado gravemente la privacidad de quien en algún momento fue su pareja sentimental.

Un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años de cárcel a una madre por violación del deber de cuidado. Se probó en juicio que la mujer no denunció el abuso sexual de su hija de seis años y frustró su atención en varias oportunidades.

El abuso fue cometido por el padrastro de la niña, quien además la contagió de sífilis (VDRL). El presunto agresor se encuentra prófugo y fue declarado en rebeldía por la Justicia. Podría enfrentar varios años de pena carcelaria por el hecho.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó numerosas pruebas que demostraron que la acusada violó gravemente su deber legal de proteger a su hija. Se comprobó que, a pesar de tener conocimiento de las lesiones graves (úlceras e inflamación) y del dolor intenso que sufría la menor, la madre no permitió que recibiera la atención médica adecuada.

El informe socioambiental y el dictamen victimológico confirmaron el total descuido y los daños psicológicos sufridos por la niña. Se demostró que la procesada intentó en todo momento proteger a su pareja, huyendo de los hospitales para impedir que fuera sometido a una sanción penal. En consecuencia, el Tribunal la condenó a cuatro años de encierro.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue abusada por su padrastro y contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Al llevar a la niña inicialmente a un hospital, una pediatra la examinó e informó a la madre sobre la sospecha de abuso sexual, recomendando activar el protocolo interinstitucional. En ese momento, la acusada huyó del hospital con la menor, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.

Tiempo después, cuando el estado de salud de la niña empeoró, la mujer acudió a otro centro asistencial. Allí, la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y lesiones. Al informarle que daría aviso a las autoridades, la madre intentó huir nuevamente.

Sin embargo, fue retenida en las afueras del nosocomio y entregada a las autoridades. Tras una investigación del Ministerio Público, la mujer fue imputada junto con el presunto abusador, quien aún permanece prófugo. Finalmente, fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad por violación del deber de cuidado y frustración de la ejecución penal.

La agente fiscal Julia González Medina representó al Ministerio Público en el juicio oral.

El Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo y acusó por narcotráfico, asociación criminal y otros ilícitos a Alexandre Gómes, hijo del fallecido diputado Lalo Gómes, quien en vida manejaba la justicia.

Para los fiscales Andrés Arriola, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, el hijo de Lalo Gómes, Alexandre Gómes, quien ya soportaba cargos por lavado de dinero, sería líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Alexandre Gómes organizaba, compraba y negociaba los cargamentos de la mercancía ilícita, relata parte de la acusación. La organización criminal estaba integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos, y operaba principalmente en territorio paraguayo, específicamente en el departamento de Amambay.

Las actividades ilícitas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancias prohibidas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como cocaína, pasta base y marihuana procedente de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación de la mercancía en mercados de consumo, concluye la investigación.

Según la información recolectada por el Ministerio Público, Alexandre, a través de la mensajería SKY ECC, utilizaba esta vía de comunicación para negociar las entregas de los cargamentos de droga. Estos mensajes se enviaron entre el 27 de noviembre de 2019 y el 16 de agosto de 2020, fecha en que fue interceptada la comunicación.

Según el Ministerio Público, el esquema operó durante todo este periodo de manera sostenida e ininterrumpida, hasta el momento en que la comunicación cifrada fue descubierta por las autoridades. No se descarta que el grupo haya migrado a otras plataformas de mensajería para seguir operando.

“Los análisis del caso señalan que el modus operandi de la organización criminal a la cual pertenecería Alexandre Gómes habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes al Brasil, previamente adquiridas en Bolivia. De los datos analizados, se permite presumir que Alexandre Gómes habría participado de manera activa dentro del esquema criminal y ocupaba un rango de jerarquía. No solo participó de las actividades ilícitas, sino que también llegó a financiarlas, lo que lo posiciona como un líder”, dice parte del extenso relato del Ministerio Público.

Agrega la imputación que este grupo criminal habría creado un grupo exclusivo de sus miembros en la plataforma SKY ECC, para coordinar las actividades relacionadas al tráfico de drogas.

En estos grupos se habrían discutido y organizado aspectos operativos de carácter colectivo, tales como la asignación de pistas clandestinas de aterrizaje, la provisión de combustible para las aeronaves, la designación de frecuencias aeronáuticas y la coordinación del descenso de las aeronaves mediante códigos preestablecidos, conocidos como “santo y seña”, que eran acordados entre el piloto y el encargado de la pista.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Luz Martínez, resolvió que el juicio oral para los 18 acusados prosiga el próximo 28 de agosto, atendiendo a que dos acusadas cambiaron de abogado defensor.

“A Ultranza Py” es considerado el mayor golpe contra el crimen organizado en la historia reciente de Paraguay. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.

Entre los principales acusados figuran Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, señalado líder de la estructura criminal y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú; Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado vinculado al lavado de dinero; y Luis Fernando Sebriano González, señalado como brazo logístico de la organización.

Otros involucrados son familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, supuesto líder del esquema de lavado, acompañado por su pareja, María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana, Fátima Koube Ayala.

Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, la organización operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia hacia Europa y África. Se estima que movió más de 17 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando ingresos superiores a USD 430 millones.

El operativo A Ultranza Py incluyó más de 100 allanamientos y la participación de más de 20 fiscales, desarticulando una red con vínculos en los ámbitos político, empresarial y religioso. Esta investigación contó con la cooperación de la DEA, Europol, la Policía de Uruguay y otras instancias internacionales, logrando desarticular uno de los esquemas narcos más grandes montados en el país.

En esta oportunidad, Erico Galeano ha designado nuevos defensores en el caso. El senador, acusado de haber brindado logística y de recibir dinero del crimen organizado, logró evadir una vez más su juicio oral.

El Tribunal de Sentencia aceptó la intervención de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, quienes, como primera medida, cuestionaron la convocatoria para el próximo lunes 25 de agosto a las 8 de la mañana. El tribunal se ratificó en la fecha y envió el expediente a la Cámara de Apelaciones, ya que la defensa planteó el incidente con apelación en subsidio.

Según la defensa, el tiempo establecido por el colegiado es ínfimo, considerando la complejidad del caso y que necesitan más tiempo para preparar una defensa adecuada para el legislador.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto, suspendió el juicio oral y público para el senador Erico Galeano, que queda a las resultas de la decisión de alzada.

El senador colorado Erico Galeano está acusado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

El senador colorado fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero, por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según el fiscal Silvio Corbeta.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la estructura criminal, y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también les brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, relata parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía uruguaya y la SENAD.

Es una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, los cuales actualmente están siendo administrados por la Senabico.