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Justicia paraguaya avanza en la incorporación de la perspectiva de género en los fallos judiciales, destacan

La justicia paraguaya registra avances importantes en la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, una práctica que busca garantizar la igualdad, prevenir la discriminación y evitar la revictimización de las personas que acuden al sistema judicial. Así lo afirmó la experta en materia de género, Silvia López Safi, encargada de la Secretaría de Género del Poder Judicial, en una entrevista con Judiciales Net.

López Safi subrayó la importancia de que los magistrados y magistradas del país adopten una mirada más humana, empática y centrada en la dignidad de las personas. En sus palabras, “es fundamental que quienes imparten justicia comprendan que detrás de cada expediente hay una historia de vida que merece ser tratada con sensibilidad y respeto”.

La especialista destacó que, en los últimos años, se han producido avances significativos en la incorporación de la perspectiva de género en los fallos judiciales, reflejados en decisiones que priorizan el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo.

Entre las iniciativas más destacadas impulsadas por el Poder Judicial, López Safi mencionó el Concurso de Resoluciones Judiciales con Perspectiva de Género, un certamen que reconoce y premia las mejores sentencias elaboradas bajo este enfoque. Este año, el concurso celebrará su tercera edición, consolidándose como una herramienta de fortalecimiento institucional y promoción de buenas prácticas en la administración de justicia.

Para López Safi, analizar los casos con perspectiva de género implica considerar integralmente las circunstancias que rodean a cada persona, evitando juicios basados en prejuicios o estereotipos. “No se debe prejuzgar a una víctima por su vestimenta, por el horario en que se encontraba en determinado lugar o por el hecho de estar sola. Estas percepciones, lamentablemente, aún persisten y pueden afectar la imparcialidad del proceso”, explicó.

Asimismo, resaltó que el Poder Judicial ha desarrollado herramientas formativas y materiales de apoyo que orientan a los operadores de justicia en la correcta aplicación de este enfoque. Entre ellos se destacan el Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista y la Guía para el Acceso a la Justicia de Todas las Personas sin Distinción, materiales que según López Safi resultan esenciales para prevenir la revictimización y promover un trato igualitario en los procesos judiciales.

La experta también instó al Consejo de la Magistratura a priorizar en sus ternas la selección de candidatos con formación y sensibilidad en materia de género, especialmente para los cargos donde los jueces deben dictar medidas urgentes de protección a víctimas de violencia. “Es imprescindible que quienes asumen estas funciones comprendan la gravedad y urgencia de estos casos, y actúen con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género”, señaló.

Finalmente, López Safi remarcó la necesidad de incorporar la interseccionalidad en el análisis judicial, entendida como el reconocimiento de los múltiples factores que pueden agravar la situación de vulnerabilidad de una persona. “Una mujer indígena, adulta mayor o en situación de pobreza enfrenta desafíos distintos a los de otras mujeres. Por eso, considerar la interseccionalidad permite impartir justicia sin discriminación y con mayor equidad”, concluyó.

Con el compromiso de expertas como Silvia López Safi y las políticas impulsadas desde la Secretaría de Género, el Poder Judicial paraguayo avanza hacia una justicia más inclusiva, sensible y garante de los derechos humanos, reafirmando su papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

A Ultranza: Confirman la ampliación del plazo investigativo en la causa de Gianina García

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La Cámara de Apelación Penal, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y Arnulfo Arias, resolvió no dar trámite a la apelación presentada por la defensa de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, contra la resolución que concedió una prórroga extraordinaria de seis meses al agente fiscal Deny Yoon Pak para continuar con la investigación abierta en su contra.

La mujer, extraditada a Paraguay este año, declaró recientemente ante el fiscal del caso. Según el Ministerio Público, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2020 y 2021, García Troche habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.
La estructura habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos) al exterior, principalmente con destino a Europa y África.

El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada por Marset, quien acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Desde entonces, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se estableció de forma permanente en territorio paraguayo.

A partir de ese momento, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con apoyo de colaboradores vinculados a los sectores financiero y empresarial.
Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por su esposo y habría realizado operaciones destinadas a insertar dichos fondos en el sistema económico nacional.

El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, mediante la cual efectuó diversas operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias recibidas por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año.
Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que la documentación carecía de sustento real.

El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021, García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, provenía de las ganancias del tráfico de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que dicha firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal encabezada por Marset e Insfrán.

El caso de Gianina García Troche revela la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia distintos continentes.
Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades nacionales prosiguen con el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el que García Troche figura como una pieza central en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.

Rectifican el requerimiento de desestimación de denuncia en la causa de Federico Mora

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La Fiscalía Adjunta resolvió rectificar el dictamen que solicitaba el archivo del caso, disponiendo la realización de una serie de diligencias investigativas dentro del proceso penal abierto contra el exviceministro de Educación Superior Federico Mora, por presunto abuso sexual en niños.

Inicialmente, el Ministerio Público había requerido el archivo de la causa por inexistencia del hecho punible; sin embargo, la Fiscalía Adjunta considera que aún restan diligencias previas por realizar antes de adoptar una decisión definitiva.

Entre las medidas dispuestas se encuentran las declaraciones testimoniales de varias personas, entre ellas la psicóloga Virginia Liva, la licenciada Romina Bagden, la licenciada Gabriela Uriarte Vidal y la licenciada Mara Fernández.

Asimismo, se ordenó la solicitud de informes a diferentes instituciones, además de una evaluación socioambiental a cargo del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

También se requirió la obtención de antecedentes policiales de Mora y una evaluación psicológica y psiquiátrica, a través del Departamento de Medicina Forense y Salud Mental del Ministerio Público, junto con otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos investigados.

La agente fiscal Gladys Jiménez fue confirmada para continuar al frente de la causa y deberá ejecutar las diligencias ordenadas por sus superiores antes de definir si se mantiene o no la postura de cerrar el caso.

Por su parte, la abogada Paola Villalba, integrante del equipo jurídico que representa a Federico Mora, señaló a Judiciales Net que esperaban la ratificación de la desestimación de la causa, ya que el hecho fue según afirmó, desvirtuado mediante pericias, testimoniales y la declaración en Cámara Gesell.

Villalba reiteró que acompañarán las nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Público, como lo han hecho desde el inicio del proceso, considerando que las mismas solo servirán para confirmar la inexistencia del hecho denunciado.

Roberto Cárdenas ya se encuentra en Tacumbú cumpliendo su condena

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Tras permanecer prófugo de la justicia, Roberto Cárdenas se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir su condena de ocho años de prisión por lesión de confianza. El exintendente de Lambaré fue hallado culpable por hechos de corrupción pública y, al presentarse, se dio inicio a la ejecución de su sentencia firme.

Cárdenas fue condenado por el desvío millonario de fondos públicos destinados a la construcción de escuelas, y ya se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde deberá cumplir su pena.

Días atrás, la jueza de Ejecución Penal María Lidia Wyder había dictado una orden de captura nacional e internacional contra el exjefe comunal, a fin de ejecutar la condena impuesta por el delito de lesión de confianza.

En noviembre del año pasado, Cárdenas presentó una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la ejecución de su pena. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado in limine, es decir, sin entrar a analizar el fondo del recurso, por considerarse manifiestamente improcedente.

El rechazo fue firmado por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, quienes confirmaron la validez de la sentencia firme, habilitando así su ejecución inmediata. Pese a ello, Cárdenas continuó promoviendo incidentes judiciales con el fin de dilatar el cumplimiento efectivo de su condena.

El proceso que derivó en su encarcelamiento está vinculado al desvío de G. 860 millones, recursos que debían destinarse a la construcción de 15 escuelas en 2016. De acuerdo con la investigación, el dinero fue transferido para obras que no se realizaron ni fueron fiscalizadas, lo que evidenció un esquema de corrupción dentro de su administración municipal.

Además de Cárdenas, también fueron condenados otros exfuncionarios comunales: Guido Salcedo, exdirector de Administración y Finanzas, recibió una pena de seis años de prisión, y Carlos María Mendieta, exencargado de la Dirección de Obras, fue sentenciado a tres años, ambos en calidad de cómplices. Sus condenas también quedaron firmes.

Promulgan ley que pone freno a la mafia de los pagarés

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7564, que busca impedir los embargos y descuentos salariales compulsivos que afectan a funcionarios de la administración pública.

La normativa fue impulsada tras detectarse que miles de trabajadores del Estado eran víctimas de múltiples descuentos simultáneos en sus haberes, a raíz de prácticas abusivas vinculadas al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

“Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo. Esta iniciativa, fruto del esfuerzo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias”, expresó el mandatario al anunciar la promulgación.

Peña destacó que se trata de una medida orientada a erradicar prácticas injustas que durante años vulneraron derechos laborales y afectaron el bienestar de numerosas familias paraguayas.

En su fundamentación, el Congreso Nacional señaló que muchos funcionarios públicos se encuentran en situaciones de insolvencia crítica debido a la acumulación de créditos y descuentos automáticos, lo que en muchos casos les impide acceder a una remuneración justa por su labor diaria.

Presidente de la Asociación de Jueces se reúne con gremios para analizar pedido de aumento salarial

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El presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), Delio Vera Navarro, se reunió con la secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR), Porfiria Ocholasky, y representantes del gremio de actuarios judiciales, a fin de analizar la propuesta de reajuste salarial presentada por los trabajadores del Poder Judicial.

Durante el encuentro, Vera Navarro expresó su predisposición a estudiar el planteamiento y se comprometió a someter la propuesta a consideración de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AJP, manifestando su interés en acompañar las reivindicaciones del sector en busca del bienestar de los funcionarios.

Por su parte, la dirigente sindical Porfiria Ocholasky confirmó que los funcionarios judiciales iniciarán una huelga general el próximo 14 de noviembre, por un periodo de 30 días, en protesta por la negativa del Congreso Nacional a aprobar el reajuste salarial solicitado.

El anuncio se realizó tras conocerse la resolución de la Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar, que no contempló el incremento salarial en el dictamen final del plan financiero para el próximo ejercicio fiscal.

Los gremios judiciales señalan que los salarios del sector permanecen estancados desde hace 15 años, situación que afirman ha deteriorado la calidad de vida de los trabajadores, quienes reclaman un aumento que les permita hacer frente al creciente costo de vida.

La Corte Suprema de Justicia confirma a magistrados por su desempeño destacado

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La Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar en sus respectivos cargos a un grupo de magistrados, fiscales y defensores públicos cuyo desempeño fue considerado determinante para la estabilidad y eficiencia del sistema judicial en diversas circunscripciones del país. Las confirmaciones se realizaron tras un proceso de evaluación integral que valoró la idoneidad, la gestión jurisdiccional y el compromiso institucional de cada funcionario.

Entre los confirmados en la Circunscripción Judicial de la Capital, figuran la abogada Geraldine Cases Monges, miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral Primera Sala; los abogados Enrique Mercado Rotela y Osvaldo Enrique González Ferreira, miembros del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Sexta Sala; la abogada Lourdes Peña Villalba, jueza Penal de Liquidación y Sentencia; el abogado Yoan Paul López Samudio, juez itinerante; la abogada Cynthia Lovera Brítez, jueza Penal de Garantías, y el abogado Raúl Florentín Cueto, juez Penal de Garantías.

En la Circunscripción de Central, fueron confirmadas la abogada Yngrid Yambay Jacquet, jueza de la Niñez y la Adolescencia de San Lorenzo, y la abogada Dina Marchuk Santacruz, jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Luque.

En tanto, en la Circunscripción de Alto Paraná, se ratificó la labor de los magistrados Graciela Ortiz de Villalba, Roberto Macoritto Caje, Jorgelina Melgarejo Vera, Serafín González Roa, Carmen Leticia Barrios, Flavia Lorena Recalde y Vitalia Duarte Mereles, quienes integran distintos Tribunales de Apelación y juzgados penales de la zona.

Asimismo, en la Circunscripción de Concepción, fueron confirmados los abogados Luis Alberto Ruiz Aguilar, Martha Rossana Barreto Araujo y Liz Maribel Romero, además de la designación de la abogada Liz Rossana López como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno.

También fueron ratificadas la abogada Rosana Alonso de Erles en Ñeembucú, la abogada Rut Dominga Contrera Martínez en Canindeyú y la abogada Lilian Rosmary González de Duarte en Caaguazú.

El máximo tribunal igualmente confirmó a varios agentes fiscales y defensores públicos de distintas jurisdicciones, entre ellos: Andrés Arriola Ramírez, Víctor Encina Franco, Juan Marcelo García de Zúñiga Colmán, Irma Concepción Arias Barreto, Édgar Abdón Vázquez Fernández, Vanessa María Peralta Fariña, Walter Marcelo López Barreto, Walberto Ramón Ortiz Galeano y María Selva Rodríguez Trinidad.

La Corte destacó que estas confirmaciones reflejan el reconocimiento al compromiso profesional, la eficiencia en la administración de justicia y la observancia de los principios éticos que deben regir la función judicial. Además, reafirmó su política institucional de fortalecer la estabilidad de magistrados y funcionarios que demuestran resultados positivos en su gestión y contribuyen a mejorar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Nueva penitenciaría de mujeres cumple con estándares internacionales de derechos humanos, afirman

El sistema penitenciario femenino en Paraguay experimenta un avance histórico con la puesta en funcionamiento del Complejo Penitenciario de Mujeres de Emboscada (COMPLE), cuya infraestructura fue verificada por la Corte Suprema de Justicia y confirmada como acorde a los estándares internacionales de dignidad humana y derechos fundamentales.

La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por la abogada Nury Montiel Mallada, realizó una visita de monitoreo el 27 de octubre pasado, acompañada por representantes del Viceministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia y de la dirección del establecimiento, recientemente inaugurado.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que el nuevo complejo fue diseñado y construido conforme a las Reglas de Mandela y las Reglas de Bangkok, normas internacionales que promueven el trato humano y la igualdad de condiciones para las personas privadas de libertad.

El establecimiento, preparado para albergar a 1.200 mujeres, cuenta actualmente con 641 internas y se destaca por sus espacios amplios, ventilados y seguros. Los módulos incluyen celdas para tres personas, baños y duchas privadas, habitaciones adaptadas para mujeres con discapacidad, y áreas comunes con iluminación natural y artificial, que favorecen la convivencia y la seguridad.

Asimismo, se cumple con la separación entre procesadas y condenadas, uno de los principios básicos del sistema penitenciario internacional.

En materia sanitaria, el COMPLE dispone de consultorios médicos, 18 habitaciones de internación, atención odontológica y próximamente contará con servicios de rayos X, ecografía y quirófano, lo que permitirá ofrecer asistencia médica integral dentro del penal.

El área de alimentación está equipada con una cocina industrial moderna y frigoríficos de alta capacidad. Además, cuenta con una panadería propia, donde las mujeres privadas de libertad participan en programas de capacitación y reinserción laboral, elaborando productos bajo la guía de un chef profesional y una nutricionista.

El complejo también incorpora oficinas judiciales equipadas con tecnología nueva, locutorios para entrevistas con defensores, salas para audiencias telemáticas y un espacio multiuso para juicios orales, fortaleciendo el acceso a la justicia y la transparencia de los procesos.

El personal penitenciario, por su parte, recibió capacitación especializada y cuenta con condiciones laborales adecuadas, lo que contribuye a mantener la disciplina y el respeto mutuo dentro del establecimiento.

La directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema, Nury Montiel Mallada, destacó que el cierre del antiguo penal Casa del Buen Pastor y la habilitación del COMPLE representan “el inicio de una nueva etapa en la gestión penitenciaria femenina, centrada en la dignidad, la seguridad y la reinserción social de las mujeres privadas de libertad”.

Las mujeres privadas de libertad expresaron inquietudes vinculadas a la mejora del sistema de comunicación con sus familiares, la reactivación de talleres y el aumento de las comidas diarias. Estas observaciones fueron transmitidas al Viceministerio de Justicia, que informó sobre planes de ajuste en curso tras el reciente traslado al nuevo establecimiento.

El Complejo Penitenciario de Mujeres de Emboscada se consolida así como un modelo penitenciario moderno, alineado con los parámetros internacionales de derechos humanos, y un paso firme hacia la humanización del sistema carcelario en Paraguay.

Tribunal anula acusación contra Efraín Alegre y lo sobresee definitivamente

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El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Duarte, e integrado por los magistrados Yolanda Portillo y Darío Báez, resolvió anular la acusación del Ministerio Público al no configurarse los hechos atribuidos al político liberal Efraín Alegre.

Los jueces cuestionaron duramente la actuación del Ministerio Público por haber perseguido y llevado a juicio oral un hecho inexistente.
“Estamos ante un absurdo, teniendo que juzgar hechos que supuestamente habría cometido el señor Efraín Alegre con anterioridad a la emisión de las propias facturas, tanto la auténtica como la presuntamente adulterada. Existe una violación constitucional al no haber una descripción concreta de los hechos”, sostuvo la jueza Yolanda Portillo al momento de dar a conocer la decisión del tribunal, que dispuso el archivo definitivo de la causa.

Con esta resolución, se reafirma la postura del abogado Guillermo Duarte, defensor de Alegre, quien desde un principio calificó de “vergonzosa” la acusación fiscal por considerar que existía un impedimento legal para atribuir a su cliente la producción de documentos no auténticos.

El Ministerio Público había sostenido en su escrito de acusación que Alegre utilizó una factura para justificar un gasto excesivo en la compra de combustible, lo que, según la hipótesis fiscal, habría evidenciado un presunto desvío de fondos o una intención de inflar los montos en la administración del subsidio estatal regulado por la Ley de Financiamiento Político, en perjuicio del Estado.

Con el fallo judicial, Efraín Alegre queda desvinculado definitivamente del proceso, ya que la acusación fiscal no cumplía con los requisitos legales mínimos para sostener una imputación válida.

Abogada insta al comiso de bienes de implicados en la mafia de pagarés

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La abogada Noelia Núñez cuestionó que, hasta la fecha, el Ministerio Público no haya impulsado el comiso de bienes de las personas vinculadas al esquema conocido como la mafia de los pagarés. La profesional, que representa a un importante grupo de víctimas, lamentó la falta de firmeza en las acciones contra quienes según denunció han defraudado durante años a miles ciudadanos.

“¿Cómo puede ser que en las investigaciones aún no exista un comiso de los bienes de las personas involucradas? Estas personas están amasando fortunas desde hace mucho tiempo. Las víctimas no podrán resarcir el daño patrimonial, moral y a su dignidad solo con las penas o la cárcel impuestas a los responsables. Este esquema, para mí, es la mayor estafa en el Paraguay”, señaló en declaraciones a Radio 650 AM.

Núñez agregó que también ha sido blanco de amenazas, incluso contra su familia, motivo por el cual tuvo que adoptar medidas de protección personal y cerrar sus cuentas en redes sociales ante las intimidaciones constantes. Indicó que continúa brindando asistencia legal a las víctimas, aunque con menor exposición pública de los casos.

“Ayer tuvimos la primera audiencia de un caso emblemático, el de la señora Ángela Mabel Zárate, también estafada por la empresa Vanessa y Asociados, en Pozo Colorado. Este es uno de los casos más grandes. Los actos investigativos se desarrollaron en el marco de seis allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía de Villa Hayes en distintos puntos del país. La diligencia, sin embargo, fue suspendida a pedido de la abogada Zully Ortiz, quien está acusada en la causa”, explicó la profesional.

El equipo fiscal, integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero, imputó por estafa a la abogada Zully Ortiz, por haber impulsado juicios en perjuicio de la señora Ángela Zárate, por cuentas ya canceladas.

Según el relato fiscal, la víctima de este esquema y denunciante, Ángela Zárate, accedió a un préstamo en octubre de 2013 y firmó los pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados. En total, accedió a dos créditos por G. 3.360.000 y 3.840.000, que le fueron descontados vía débito automático y que habrían sido abonados en su totalidad.

Pese a ello, los representantes legales de Vanessa y Asociados S.A., Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva, habrían entregado los pagarés a la abogada hoy imputada, Zully Ortiz, en representación de esta firma. En 2020, se promovió la acción preparatoria de juicio ejecutivo y luego el juicio por cobro de guaraníes ante el juzgado de Paz de Nueva Italia.

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