La abogada Noelia Núñez cuestionó que, hasta la fecha, el Ministerio Público no haya impulsado el comiso de bienes de las personas vinculadas al esquema conocido como la mafia de los pagarés. La profesional, que representa a un importante grupo de víctimas, lamentó la falta de firmeza en las acciones contra quienes según denunció han defraudado durante años a miles ciudadanos.
“¿Cómo puede ser que en las investigaciones aún no exista un comiso de los bienes de las personas involucradas? Estas personas están amasando fortunas desde hace mucho tiempo. Las víctimas no podrán resarcir el daño patrimonial, moral y a su dignidad solo con las penas o la cárcel impuestas a los responsables. Este esquema, para mí, es la mayor estafa en el Paraguay”, señaló en declaraciones a Radio 650 AM.
Núñez agregó que también ha sido blanco de amenazas, incluso contra su familia, motivo por el cual tuvo que adoptar medidas de protección personal y cerrar sus cuentas en redes sociales ante las intimidaciones constantes. Indicó que continúa brindando asistencia legal a las víctimas, aunque con menor exposición pública de los casos.
“Ayer tuvimos la primera audiencia de un caso emblemático, el de la señora Ángela Mabel Zárate, también estafada por la empresa Vanessa y Asociados, en Pozo Colorado. Este es uno de los casos más grandes. Los actos investigativos se desarrollaron en el marco de seis allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía de Villa Hayes en distintos puntos del país. La diligencia, sin embargo, fue suspendida a pedido de la abogada Zully Ortiz, quien está acusada en la causa”, explicó la profesional.
El equipo fiscal, integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero, imputó por estafa a la abogada Zully Ortiz, por haber impulsado juicios en perjuicio de la señora Ángela Zárate, por cuentas ya canceladas.
Según el relato fiscal, la víctima de este esquema y denunciante, Ángela Zárate, accedió a un préstamo en octubre de 2013 y firmó los pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados. En total, accedió a dos créditos por G. 3.360.000 y 3.840.000, que le fueron descontados vía débito automático y que habrían sido abonados en su totalidad.
Pese a ello, los representantes legales de Vanessa y Asociados S.A., Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva, habrían entregado los pagarés a la abogada hoy imputada, Zully Ortiz, en representación de esta firma. En 2020, se promovió la acción preparatoria de juicio ejecutivo y luego el juicio por cobro de guaraníes ante el juzgado de Paz de Nueva Italia.
