La agente fiscal Patricia Sánchez pidió copia autenticada de los expedientes administrativos tramitados de cada uno de los registros de títulos, remitidos por la Universidad Sudamericana en la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2020.
El juez Gustavo Amarilla ratificó la prisión preventiva de Cinthia María Turro Braga, una de las 13 personas que cuenta con pedido de extradición de Brasil por presuntamente integrar el mayor esquema de tráfico de armas en la región.
La jueza Clara Ruiz Díaz ratificó la prisión preventiva de la abogada Fátima Agüero, Manuel Agüero y María Luján Aguilera, integrantes de un supuesto esquema de estafa para contratos y recategorización en IPS.
El abogado Martín Barba denunciante de Hernán Rivas y Orlando Arévalo, adelantó a ABC TV que pedirá al juzgado que imprima el trámite de oposición al pedido de la fiscal Patricia Sánchez quien solicitó que la denuncia contra Arévalos sea desestimada.
Pedro Ovelar asumió la defensa del vicepresidente de la República Pedro Alliana, de su hija Monserrath Alliana y de Raul Latorre presidente de la Cámara de Diputados.
La jueza Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de uno de los imputados por pedir coima a cambio de contratos o recategorización en IPS, se trata del procesado Jorge Aquino quien fue beneficiado con el arresto domiciliario bajo fianza.
Un total de 28 adolescentes en infracción con la ley penal ingresaron el año pasado al programa de Justicia Restaurativa en busca de su reinserción a la sociedad, dos de ellos lograron egresar del programa y se reinsertaron.
Una comitiva paraguaya integrada por importantes exponentes de la administración de justicia se encuentra en el Reino Unido desde el pasado 22 de enero participando en el intercambio de aprendizaje relacionado a los cuidados alternativos de la niñez y adolescencia.
Los juzgados de Paz a nivel país recibieron el año pasado unos 130.385 nuevos expedientes de los cuales se emitieron 119.349 sentencias de definitivas.
Una joven de 22 años fue imputada por violación del deber de cuidado por presuntamente obligar a sus hijos de tres y seis años a pedir dinero en la calle.
