El juez Humberto Otazu hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público y condenó a dos años con suspensión de la condena a prueba de la defensora pública Yrene Catherine Peña Cabral por haber pedido dinero a su representado, supuestamente para las partes de un juicio.
La abogada es condena por los tipos penales de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia en calidad de autora y se la condena a cumplir dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena.
Peña Cabral, fue acusada por los tipos penales de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, por haber solicitado supuestamente dinero a su asistido para fiscales, abogado y jueces.
La defensora pública fue denunciada por haber requerido suma de dinero presuntamente para las demás partes en un proceso penal donde la misma ejercía la representación de un procesado, incluso habló que el dinero también era para el tribunal de sentencia que debía estudiar el caso.
La acusación del Ministerio Público versó en mensajes extraídos del aparato celular de la hoy acusada, que permite construir el relato fáctico de cómo se perpetro el hecho investigado, además de la declaración de su asistido.
El reconocimiento del hecho también es una exigencia para una salida procesal como la otorgada a la acusada y así evitar un largo proceso hasta llegar al juicio oral y público. La misma Corte Suprema de Justicia insta a los jueces a tomar decisiones como esta para descomprimir la saturada etapa de juicio oral.
