El Ministerio Público formuló imputación contra Denis Steven Bareiro y su padre Carlos Bareiro, fueron imputados por estafa y asociación criminal, ambos son propietarios de la playa de autos Steven Automotores de Ñemby.
La agente fiscal Lourdes Bobadilla, encabezó allanamientos infructuosos en busca de los imputados, solicitó que una vez detenido guarden prisión preventiva.
En la misma causa también fue imputado por estafa y asociación criminal, el juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik (suspendido por la CSJ). Para él, la Fiscalía también pidió la aplicación de la prisión preventiva. Al igual que, Gabriela Noemí Gaona Benítez, actuaria judicial del mismo juzgado, por la supuesta comisión del hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal.
Según la investigación, la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñemby vendía rodados con planes aparentemente ventajosos, pero en muchos casos sus dueños o empleados no se hacían encontrar cuando los clientes querían pagar su cuota, de modo a generar un retraso en el pago y así poder recuperar los rodados mediante órdenes de secuestro emitidas casi al instante por el Juzgado de Paz de Nueva Asunción.
La representante fiscal comunicó al Juez Penal de Garantías la imputación de ambas personas. Con relación al juez Franco remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado para que disponga el desafuero y solicitó para el mismo la aplicación de medidas cautelares: el arresto domiciliario, prestación de fianza real adecuada, la obligación de presentarse ante el juzgado, los primeros días de cada mes y la prohibición de salir del país.
Franco Garelik y Gaona Benítez en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles STEVEN AUTOMOTORES, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales. Resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chacoi Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el C.P.C..
El Ministerio Público sospecha de un esquema montado para crear expedientes judiciales con procesos irregulares sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil y trámites procesales, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para cada uno de los integrantes de dicha organización.
