Administración de Justicia

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans, informó que a octubre de este año la Sala Constitucional ha mejorado su productividad pese a recibir más expedientes.

La Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICS) de la Corte Suprema de Justicia informó que del 1 al 3 de noviembre se realizará una actualización en la seguridad de los servidores activos en el Datacenter del Poder Judicial. Durante esos días, todos los servicios digitales estarán suspendidos y se espera que se restablezcan completamente el lunes 4 de noviembre.

Por primera vez una pareja sorda tramitó su divorcio que pudo ser posible gracias a un intérprete en lenguas de señas. La causa se diligenció ante el magistrado Guillermo Delmás quien allanó el camino para permitir que la pareja con discapacidad auditiva pueda entender los pormenores del litigio para la posterior separación.

Quedó habilitada la ampliación de servicios en las oficinas de la Dirección de los Registros Públicos en la ciudad de Concepción, con el fin de mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía y en particular a los profesionales que se dedican a este ámbito.

La abogada Kattya González, presentó este jueves el cuarto urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde fue informada por el secretario que los ministros César Garay y Eugenio Jiménez no aceptaron integrar la Corte para estudiar su caso.

El ministro encargado de la implementación del Expediente Judicial Electrónico Alberto Martínez Simón, dio a conocer los alcances positivos del uso de la herramienta digital en la justicia permitiendo una reducción considerable en el uso de algunos insumos.

La máxima instancia presentó este lunes su billonario pedido de presupuesto para el 2025, menciona que, el presupuesto requerido incluye la modernización, descentralización, reivindicaciones salariales, bajar la mora judicial y mejorar el servicio de justicia a la ciudadanía.

Ricardo Merlo señaló que es importante aplicar correctamente la ley penal ambiental que es una ley especial y establece claramente que la multa puede ir hasta 570 jornales por día, la cifra a pagar sería multimillonaria, lo que podría disminuir o impedir que esta práctica tan dañina a la salud y el medio ambiente siga ocurriendo.

La máxima instancia recuerda a todos los operadores del sistema judicial que los servicios en el fuero de la Niñez y Adolescencia son absolutamente gratuitos y que en caso de que las personas sean víctimas de esta situación instó a que lo denuncien.

Ante la preocupación de pobladores de Paraguarí y Concepción afectados por el abigeato y acercaron su queja contra los jueces de garantía de dichas circunscripciones, la Corte inicia una auditoria a todos los juzgados e instalará una mesa de trabajo interinstitucional.