Inician auditoria y promueven mesa de trabajo para la persecución del abigeato

Ante la preocupación de pobladores de Paraguarí y Concepción afectados por el abigeato y acercaron su queja contra los jueces de garantía de dichas circunscripciones, la Corte inicia una auditoria a todos los juzgados e instalará una mesa de trabajo interinstitucional.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en sesión plenaria de este martes, fomentar una mesa de trabajo entre el Ministerio Público, la Rural y el Poder Judicial y sobre todo para requerir al Ministerio Público definir su política criminal en el abordaje de este flagelo.

La ministra Carolina Llanes señaló que es necesario escuchar al Ministerio Público que tiene a su cargo la persecución penal y debe decidir hasta donde llevar los casos de abigeato, la intensidad en la que va a perseguir este tipo penal.

Llanes, aseguró que este problema pasa por una política criminal, “el Ministerio Público tiene que definir con qué intensidad va a perseguir el abigeato por región, eso es muy importante, porque los jueces son los controladores de la investigación, pero, no definen si la acción penal se va a ejercer hasta la última consecuencia. Es importante saber eso para una tarea diligente, acá hay un problema de planificación que ya viene desde el Ministerio Público. Hay que exigirle que defina cómo va a perseguir, de qué manera va a considerar por ejemplo el hurto de un animal, o a partir de qué cantidad va a ejercer con mayor intensidad el poder penal”, acotó la ministra Llanes.

A pedido del ministro Gustavo Santander, se aprobó la auditoría en los despachos de todos los jueces de Paraguarí en principio, así como instalar una mesa interinstitucional para abordar la problemática en todas las circunscripciones del país.

La queja de los ciudadanos es que los magistrados otorgan medidas alternativas a la prisión a los involucrados en estos hechos punibles, en el día o al día siguiente de su detención. Pero se debe limitar el poder punitivo del Estado respecto a la cantidad de afectación para las víctimas de este hecho cuya expectativa de pena va hasta los 10 años de cárcel.

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