El registro de la Corte Suprema de Justicia contabilizó hasta agosto a 2.447 varones y 43 mujeres con obligaciones alimentarias incumplidas. La inscripción puede acarrear restricciones para realizar determinados trámites administrativos y financieros.
Un total de 2.490 personas están inscriptas hasta agosto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), según los datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esa cifra, 2.447 son varones y 43 mujeres, una diferencia que evidencia el predominio masculino entre las personas registradas por incumplimiento de la prestación alimentaria.
Los datos muestran que los varones representan aproximadamente el 98,3% del total, mientras que las mujeres constituyen el 1,7%.
El REDAM es un mecanismo legal destinado a controlar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y promover que los recursos destinados a la manutención de niños, niñas y adolescentes lleguen a sus beneficiarios. Su funcionamiento está regulado por la Ley N.º 5415/2015 y su modificatoria, la Ley N.º 6506/2020.
La inscripción no implica que toda persona registrada sea necesariamente padre: la normativa alcanza a cualquier persona obligada judicialmente a prestar asistencia alimentaria que incurra en mora en el pago de tres o más cuotas, consecutivas o alternadas.
¿Qué consecuencias tiene figurar en el REDAM?
La inclusión en el registro no se limita a dejar constancia de la deuda. La legislación prevé consecuencias que pueden afectar distintos trámites:
Licencia de conducir: las personas inscriptas no pueden obtener una nueva licencia expedida por las municipalidades mientras mantengan esa condición. La implementación de esta restricción fue anunciada por el Poder Judicial en abril de 2024.
Trámites financieros y crediticios: el certificado de antecedentes del REDAM es un requisito para los trámites establecidos por entidades financieras, crediticias e instituciones estatales, conforme a la Ley N.º 6506/2020.
Operaciones ante escribanos: la ley contempla restricciones para determinados actos y trámites notariales vinculados con bienes, según las condiciones previstas en la normativa.
Estas medidas buscan generar consecuencias concretas frente al incumplimiento de una obligación que tiene como finalidad garantizar los recursos necesarios para la manutención de los hijos.
Un registro que cambia permanentemente
El REDAM es dinámico: las personas pueden ser incorporadas o excluidas según su situación y las resoluciones judiciales correspondientes. Por eso, las 2.490 inscripciones constituyen una fotografía estadística de agosto, no una cifra invariable ni el total histórico de quienes alguna vez integraron el registro.
Para salir de la lista, no basta con manifestar la intención de pagar. El cumplimiento de la obligación debe acreditarse ante el juzgado competente, que debe disponer la exclusión cuando corresponda.
El desafío judicial y social va más allá de contabilizar a los deudores: consiste en que la asistencia alimentaria se cumpla efectivamente y llegue a los niños, niñas y adolescentes que dependen de ella.
